La falta de democracia y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua aumentaron drásticamente la migración durante el año 2022, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el año pasado “se intensificaron las violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las instituciones de Nicaragua” y no se permitió a gran parte de los y las nicaragüenses ejercer sus derechos civiles y políticos.
“La migración, el exilio y las solicitudes de asilo en terceros países aumentaron drásticamente, como evidencia de un Estado que continúa separándose de los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”, señaló la ONU en un nuevo informe sobre Nicaragua.
SAÑA CON LAS PRESAS POLÍTICAS EN EL CHIPOTE
El informe recoge que, en el 2022, el Estado condenó a las personas detenidas en el contexto electoral de 2021 por el solo hecho de ejercer sus derechos a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, en procesos penales marcados por violaciones sistemáticas de las garantías básicas del debido proceso, como lo documentó la Oficina.
Se detuvo arbitrariamente a centenares de personas, incluidos, por primera vez desde 2018, sacerdotes de la Iglesia Católica, y siguió sometiendo a las personas privadas de libertad a condiciones inhumanas de detención.
Además, entre agosto y noviembre, impidió durante 86 días que las personas presas en El Chipote recibieran visitas familiares.
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“En algunos casos, permanecen en régimen de aislamiento prolongado, celdas de castigo o en régimen de máxima seguridad. En el caso de El Chipote, hay un marcado componente de discriminación en razón de género ya que solo las mujeres permanecen en aislamiento desde su detención arbitraria, una de ellas en el pabellón masculino”, denuncia la ONU.
La mayor parte de las personas privadas de libertad se encuentran condenadas y recluidas en la prisión de hombres del Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo” y en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”.
Este año se ha observado otro patrón preocupante que consistente en detener a los familiares de opositores cuando la policía no encuentra a quienes busca.
“El objetivo consistiría en ejercer presión contra los opositores para que se entreguen a cambio de la libertad de sus familiares. Según el Comité de Derechos Humanos, prácticas como éstas podrían considerarse formas especialmente graves de detención arbitraria”, concluyó el informe.
