Familiares de presos políticos emplazaron este viernes al régimen para que estos sean liberados antes del 15 de noviembre y elevaron una demanda a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que durante su próxima Asamblea General se declare la ilegitimidad del Gobierno de Daniel Ortega.  

“Como familiares de presos políticos pedimos no más tregua para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, perpetuadores de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo. Seguimos exigiendo la liberación total e incondicional de todos los presos y presas políticas antes del 15 de noviembre del 2020; y que Ortega cumpla los acuerdos firmados en la Mesa de Negociación en marzo del 2019”, demandaron familiares en un pronunciamiento hecho desde un hotel capitalino.  

Desde el pasado 30 de septiembre unos 53, de 113 presos políticos que mantiene el régimen, se encuentran en huelga de hambre indefinida en el Sistema Penitenciario Nacional y el reclusorio de Waswalí (Matagalpa).  

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“La huelga sigue y ellos dicen que no van a descansar hasta lograr su libertad. Los están presionando para que desistan de su huelga y quieren obligarlos a agarrar un plato de comida para tomarles fotos y hacer creer que han desistido de su huelga”, denuncian.  

Los detenidos en el marco de las protestas contra el régimen exigen se les libere ya que, denuncian, son víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos, enfermedades debido a las condiciones precarias de sanidad y la pandemia del COVID-19. 

“Exigimos se reconozca que vivimos en dictadura y que no existe legitimidad en el Gobierno que Ortega y Murillo imponen con temor al pueblo de Nicaragua”, dijeron.

RECHAZAN LEYES MORDAZA  

Asimismo, las organizaciones pro liberación de presos políticos denunciaron el “endurecimiento de la represión mediante la promulgación de leyes inconstitucionales que sepultan aún más el Estado de derecho de Nicaragua”, en alusión a la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y la pretensión de imponer cadena perpetua en el país. 

“Todo esto pasa ante la vista de todos los gobiernos democráticos del mundo”, señalan las organizaciones. 

“Esto solo evidencian el miedo y la desesperación de la dictadura ante su cada vez mayor aislamiento en el plano internacional, y el rechazo del pueblo a sus políticas de muerte, secuestros y miedo. Exigimos se reconozca que vivimos en dictadura y que no existe legitimidad en el gobierno que Ortega-Murillo imponen con terror al pueblo de Nicaragua”, agregan.  

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Este viernes, tras reunirse de forma virtual con el secretario general de la OEA, los familiares de presos políticos acogieron un pronunciamiento del organismo donde se demanda la liberación total de los detenidos y “que todas las libertades constitucionales sean restituidas, que nuestro país goce de una libertad de derecho reconocida en la comunidad internacional”, enfatizaron.

Según las organizaciones aglutinadas en el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualmente hay 114 opositores al régimen Ortega-Murillo en las cárceles de Nicaragua, de los cuales 104 fueron detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018, y diez antes del estallido social de ese año.

El pronunciamiento fue suscrito por el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU), Organización Víctimas de Abril (OVA), Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP), y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPNN).

El secretario general de la OEA, Luis Almagro reiteró, que en Nicaragua hay una “alteración al orden constitucional que se prolonga en el tiempo” y que el régimen de Daniel Ortega incumple sus deberes bajo la Carta Democrática Interamericana, por lo que pide a la próxima Asamblea General actuar en consecuencia con la situación.   

La próxima Asamblea General de la OEA, prevista para los días 20 y 21 de octubre en Washington, según Almagro, “debe ser consistente y hacer suyas las denuncias de violación de los derechos humanos, exigir se liberen a los presos políticos, se restablezcan las libertades fundamentales y se proceda a las necesarias reformas electorales que permitan el retorno de la democracia a Nicaragua”. 

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