Familiares de los opositores encarcelados, calificados como “presos políticos” por los organismos humanitarios, presionaron este martes a la disidencia para que alcen la voz por la liberación de sus parientes ante Daniel Ortega, y para que insista en que las elecciones previstas para noviembre próximo sean confiables.

“Estamos tocando las puertas de todas las organizaciones de la oposición, de todos los precandidatos a la Presidencia, para que hagan más por exigir la liberación de nuestros hijos. No les pedimos otra cosa”, dijo a Efe la dirigente del Grupo Secuestrados Políticos Unidos, Martha Ubilla, madre de Marvin Castellón, quien lleva casi 20 meses convicto.

El grupo, compuesto por familiares de disidentes presos, así como de excarcelados, busca convencer a las fuerzas opositoras de que “asuman el compromiso público de demandar la libertad de todos los presos políticos, que su liberación sea un punto clave e imprescindible de su agenda, que nos tomen en cuenta, que se unan para vencer a la dictadura, y que si ganan su primera acción sea aplicar la justicia transicional”.

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Ubilla afirmó que ya han iniciado contacto con todas las fuerzas opositoras, tanto las seis que conforman la Coalición Nacional, como las dos que componen la Alianza Ciudadana.

“Hasta ahora solamente la Unidad Nacional Azul y Blanco (miembro de la Coalición Nacional) ha aceptado nuestra demanda, los otros han dicho que nos van a recibir. La única que no ha respondido es la Alianza Ciudadana”, afirmó Ubilla.

MÁS DEMANDANTES

Por su parte, la Comisión de Buena Voluntad, compuesta por nicaragüenses prominentes que buscan unir a la oposición de cara a las elecciones, informó que diferentes grupos de familiares de “presos políticos” y otras víctimas de la crisis sociopolítica de Nicaragua expresaron demandas similares, en reuniones bilaterales sostenidas en los últimos días.

Según la Comisión, las agrupaciones demandaron la “urgencia de la unificación de las fuerzas opositoras para la exigencia de reformas electorales según estándares internacionales, condiciones habilitantes para un proceso electoral, en particular la liberación de los presos políticos, y participar de manera unificada en un posible proceso electoral”.

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Los grupos demandantes fueron la Organización de Víctimas de Abril, Unidad Nacional de Exreos Políticos y Autoconvocados, y el grupo Picos Rojos, así como más de 40 representantes de nicaragüenses en el exilio, y la no gubernamental Hagamos Democracia.

Actualmente en Nicaragua existen unos 120 reos considerados “presos políticos” por sus familiares y opositores, ya que fueron encarcelados tras mostrar su rechazo a Ortega, en el marco de las protestas antigubernamentales que en 2018 fueron reducidas con ataques armados, y que dejaron cientos de muertos, detenidos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Los opositores y víctimas de los ataques esperan que Ortega libere a los disidentes a más tardar en mayo, como parte de las condiciones básicas para las elecciones del 7 de noviembre próximo, que exigen “libres, transparentes y observadas”.

En dichas elecciones Ortega busca extender un segundo mandato que inició el 2007, así como mantener una primacía casi total de la política nicaragüense que conserva desde 1979. 

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