El dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga propuso iniciar una campaña internacional por la liberación del obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria».
Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado hacia Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega el pasado 9 de febrero junto a otras 221 presos políticos, dijo a través de una declaración que esa campaña por la liberación de monseñor Rolando Álvarez incluye a «los otros (46) presos políticos de Nicaragua».
«Desconozco otro lugar en América Latina donde se encarcele a un líder de una comunidad religiosa simplemente por ejercer su derecho a practicar su fe y predicar la paz, la no violencia y la justicia desde el púlpito de su iglesia», reprochó Maradiaga, quien aspiró a ser candidato presidencial por la oposición en las elecciones de 2021, antes de ser encarcelado.
Las relaciones del régimen de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, o la prohibición de actividades religiosas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y ARRESTOS ARBITRARIOS
Otra propuesta de Maradiaga, quien dijo haberlas presentado en la Cumbre de Ginebra que se realizó entre el 16 y 18 de este mayo en Suiza, es «promover un nuevo convenio internacional contra el arresto arbitrario y la prisión política, que proteja a los defensores de los derechos humanos y a los disidentes de caer víctimas de encarcelamientos arbitrarios».
«Este convenio elevaría a la categoría de crimen de lesa humanidad el encarcelamiento de personas inocentes por el simple hecho de expresar sus ideas, ejercer una opción política, profesar su fe o religión o simplemente por pertenecer a un grupo étnico o demográfico», puntualizó.
«Los instrumentos disponibles han demostrado ser ineficaces», agregó.
También propuso apoyo al trabajo continuo del grupo de expertos de la ONU, cuyo mandato ha sido extendido por dos años; y evaluar «nuestra propuesta de declarar la ilegitimidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dado que llegaron al poder sin ningún proceso electoral legítimo».
Asimismo, que se implementen las recomendaciones del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, «en particular en lo que respecta a cortar los canales financieros que apoyan al régimen opresivo».
También «tomar medidas humanitarias urgentes para abordar las necesidades apremiantes de cientos de miles de nicaragüenses desplazados por la fuerza, que han buscado refugio, se han desplazado o se han convertido en solicitantes de asilo en varios países de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Costa Rica, España y México».
Asimismo, apoyar los procesos de búsqueda de justicia internacional «ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura».
«Les pido solidaridad en nuestra búsqueda de justicia y fin a la impunidad por los crímenes contra la humanidad que han sido documentados repetidamente por diversas organizaciones de derechos humanos. Estos crímenes atroces no deben ser olvidados», abogó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE)
