En Nicaragua, la cantidad de mujeres asesinadas en un año no rozaba los 70 desde el 2014. A mes y medio de cerrar este 2020 las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reportan 69 femicidios. Un promedio de seis cada mes, según los registros de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que son abismalmente distintos a los que reconoce el Estado.

La Policía en un informe ofrecido en el mes de agosto de 2020 reportó 12 femicidios, 30 menos que los contabilizados a ese mes por las Católicas por el Derecho a Decidir. “Hay una manipulación atroz de los casos de femicidio, estamos claras que nunca vamos a coincidir con el Estado; ellos actúan a su conveniencia”, critica la defensora Marta Flores.

Flores sostiene que el Estado se convierte en cómplice de la violencia desde el momento en que no tipifica los asesinatos de mujeres como femicidios, algo que “legalizó” mediante una reforma a la Ley 779 para limitar la aplicación de esta figura a la relación de pareja.

El repunte de la violencia machista en Nicaragua no es ajena al contexto de represión que vive el país, dice Flores. En 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega exterminó las protestas ciudadanas con el apoyo de paramilitares y policías, Católicas por el Derecho a Decidir documentó 61 asesinatos de mujeres, diez más que en el periodo anterior. En 2019 la cifra aumentó a 63.

Según la defensora los números evidencias que el incremento de la violencia machista es fruto de la “falta de un compromiso político para la protección de la vida de las mujeres”, e insiste en que aumentar las penas carcelarias para castigar este tipo de crímenes no soluciona un problema tan grave, como ha querido aparentar el orteguismo con la promoción de la reforma constitucional para establecer cadena perpetua para lo que califican como “crímenes de odio”.

ORFANDAD E IMPUNIDAD

Marta Flores hace énfasis en que los femicidios no se limitan a la cantidad. Habla de las consecuencias sociales y familiares que estos acarrean, entre ellos la condición de vulnerabilidad a la que son condenados los hijos de las víctimas y la impunidad que beneficia a los criminales.

En lo que va de 2020, las defensoras reportan 83 menores en la orfandad a consecuencia de los femicidios. “Ya son 69 familias que han enlutado y de estos 83 niños han quedado en la orfandad y el gobierno lo que anunció es el crear leyes aumentando la pena y eso no va a venir a solucionar ni a disminuir la problemática”, cuestiona Flores.

“El alto nivel de impunida, los beneficios que el Estado ha dado a los violadores y femicidas nos demuestra el abandono que sufren las víctimas”, expone Flores ya que de los 69 asesinatos de mujeres acumulados solo 35 han llegado a los tribunales.

ASESINADAS POR PAREJAS Y CONOCIDOS

Las cifras revelan que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, 46 crímenes fueron perpetrados por personas de su entorno: 36 por parejas, exparejas, novios o familiares, 8 por hombres cercanos.

Las principales víctimas de femicidios en Nicaragua hasta el 12 de noviembre de 2020 son mujeres de 19 a 35 años (31) y de 36 a 59 (22). Se agregan siete asesinatos de menores de 18 años y cuatro en mujeres de mayores de 60 años.

También en las cifras queda reflejado que la violencia machista afecta en su mayoría a las mujeres de las zonas rurales del país. En lo que va del año 48 de los 69 asesinatos de mujeres ocurrieron en el campo. El Caribe Norte concentra la mayor cantidad de crímenes (14) seguido de Managua (12), Matagalpa (9), Chinandega (4), Juigalpa (4) y Jinotega y Granada (3 cada uno), entre los principales.

Yamileth Torres, miembro de la Red de Mujeres del Norte, ha lanzado insistentes llamados para que se atienda la violencia en el campo. “Llamamos a las autoridades a que detengan la ola de femicidios. En las montañas, en las comunidades, suceden otros casos que no salen a luz. Hay falta de información porque no existen juzgados ni Policía. Llamamos al Estado a que tome medidas”, ha dicho la mujer cuyo movimiento trabaja desde hace 20 en zona remotas de la región Norte de Nicaragua. 

El último caso de femicidio reportado corresponde a una nicaragüense que había viajado a Honduras por trabajo, es el noveno que ocurre en el exterior hasta la fecha. La familia necesita ayuda para repatriar cuerpo sin que las autoridades presten asistencia, lamentó Flores.

“Nosotras como organización de sociedad civil vamos a continuar denunciando vamos a seguir exigiendo justicia y hoy más que nunca, cuando estas leyes las construyen para ponernos un bozal. Tenemos que continuar ya sabemos que las leyes son únicamente para seguir reprimiendo y aplicar la ley a quienes no piensan o estén de acuerdo con su partido de gobierno. Nosotras continuaremos por que las mujeres maltratadas existen y hay tantas familias clamando justicia”, finaliza Flores al referirse a la Ley de Ciberdelitos que abre la posibilidad a considerar delito la difusión de información no oficial.

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