Al menos 68 mujeres nicaragüenses fueron asesinadas el año pasado dentro y fuera del país, según un informe de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que denuncia los altos índices de impunidad a nivel nacional.
El informe detalla que 57 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua y 11 en el extranjero. Del total de casos registrados a nivel nacional, hay 21 que están en la impunidad, el 36%.
Es decir que no hay detenidos ni procesados; cinco casos estarían bajo investigación y un proceso judicial que se había iniciado contra un presunto femicida fue suspendido. Otro femicida se quitó la vida tras cometer el crimen.
En los casos en los que la Policía Orteguista ha logrado detener al agresor, hay 20 sentenciados, incluidos a cadena perpetua; y hay 11 casos con un proceso judicial abierto a la espera de sentencia.
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LOS DEPARTAMENTOS CON MÁS CASOS
Con 15 femicidios, Managua es el departamento con más mujeres asesinadas el año pasado, seguido del Caribe Norte (11), Caribe Sur (6); León (6), Matagalpa (6), Río San Juan (3); Chinandega, Estelí, Jinotega y Rivas con dos femicidios por departamento; uno en Nueva Segovia y uno más en Boaco.
“Entre las graves consecuencias que deja el femicidio en este año 2022, se registra que 66 niñas, niños y adolescentes han quedado en orfandad, se reconoce la necesidad de acompañar y protegerles, quienes normalmente son olvidados, en medio de la confusión y el dolor de un femicidio”, urge la organización.
Los femicidios de nicaragüenses en el extranjero ocurrieron cuatro en Costa Rica, cuatro en Guatemala, dos en Panamá y uno en Estados Unidos.
Las parejas y exparejas de las víctimas siguen siendo los principales agresores.
FEMICIDIOS FRUSTRADOS
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 fueron documentados 220 femicidios frustrados, incluidos los casos de mujeres que sobrevivieron a ataques armados por parte de sus parejas.
En promedio, en Nicaragua ocurrió un femicidio frustrado cada 40 horas.
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“En la mayoría de los casos, los agresores pretendían conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones desiguales de poder”, explica la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
En ese sentido, insisten en la necesidad de que las mujeres denuncien a sus agresores y las instituciones públicas actúen con celeridad en estos casos y no obliguen a las mujeres a mediar con sus verdugos.
