Nicaragua acumula 384 femicidios impunes desde el año 2012. Apenas 197 casos de un total de 581 ocurridos en los últimos ocho años, han alcanzado justicia. El alto índice de impunidad es un delito que comete el Estado contra las mujeres, fríamente calculado como parte de una estrategia para llevar al mínimo un problema que en 2020 costó la vida a 71 mujeres.

 

Las autoridades, desde la Policía, el Ministerio Público y los Juzgados hasta el Ejecutivo, parecen empeñarse en invisibilizar las violencias contra las mujeres, principalmente su forma más extrema: los femicidios.

 

La ruta para alcanzar justicia se ha convertido en un camino cada vez más pedregoso para las víctimas en Nicaragua: la Policía desestima o rechaza sus denuncias, persiste la propuesta de conciliar con el agresor como “primera solución” y predomina una política de menosprecio hacia la vida de las mujeres entre las autoridades que no investigan los crímenes, ni persiguen a los agresores. Es un patrón que se repite en cientos de crímenes contra mujeres en los que no hubo juicio, ni culpables, ni condenados.