Tras haberlas acusadas de promover el aborto desde las Comisarías de la Mujer y de lucrarse de este acto por medio de clínicas, las feministas de Nicaragua rechazan estos señalamientos hechos en su contra por Rosario Murillo.

Murillo declaró ayer a través de sus medios propagandísticos, que las feministas “andaban por ahí, las disfrazadas promoviendo el aborto, desde las Comisarías de la Mujer” y que también hacían negocios con clínicas donde supuestamente practican abortos.

Para Maryce Mejía, socióloga y enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, Murillo quiere seguir incrementando el odio hacia el movimiento feminista de Nicaragua y que haya división en la población.

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“Considero que una parte de la población siente odio hacia las feministas y que Murillo busca aumentarlo. La sociedad machista y patriarcal siempre nos acusa de abortistas, así como la iglesia y otros sectores”, expresó.

La socióloga añadió que las acusaciones de Murillo “son sin fundamentos y es parte de las mentiras hacia los que defienden los derechos humanos”.

Mejía recordó que el aborto está penalizado y se corre el riesgo de ser condenadas. “Lo que promovemos es el cuido de la salud y el derecho a decidir y que se despenalice el aborto terapéutico como salud pública”, recalcó la feminista.

Sobre la supuesta utilización de las Comisarías de la Mujer para promover abortos, la Red de Mujeres contra la Violencia rechaza los señalamiento al asegurar que la ley es clara al decir cuál es el objetivo de la Comisaría de la Mujer. “En ningún momento se ha ocupado para hacer otro tipo de cosas”.

MURILLO “HABLA AL PESO DE LA LENGUA”

Por su parte, María Teresa Blandón, del Programa Feminista La Corriente, calificó las declaraciones de Murillo como “infamias”. “No tiene pruebas y habla al peso de la lengua”, afirmó.

Explicó las feministas no estaban en las comisarías, ya que están bajo el mando de la policía y su comisionado o comisionada general, una de esos jefes fue la comisionada Aminta Granera. “¿A ella la está acusando?”, cuestionó.

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Blandón explicó que lo único que hacían era acompañar a las víctimas para asesorarlas y darles apoyo psicológico y que la Policía les diera información adecuada. “Lo que dice esta señora no tiene ni pie ni cabeza”, expresó la también socióloga.

RECHAZAN TENER CLÍNICAS DE ABORTO

María Teresa Blandón, una de las feministas más respetadas de Nicaragua es enfática al decir que “las organizaciones feministas no tenemos clínicas y no nos ocupamos de hacer abortos”.
“Murillo lo que trata de hacer es congraciarse con los sectores más conservadores de la sociedad y eso es antiético”, responde.

Consideró que se está retomando una campaña de estigmatización, misógina en contra de las organizaciones feministas de este país por parte del régimen.

“Entonces, ¿Por qué lo dice hasta ahora? Eso es una burda justificación para poder evadir la denuncia que hemos hecho las feministas por el cierre de las Comisarías de la Mujer”, destacó la feminista.

LAS COMISARÍAS HAN SIDO ADMINISTRADAS POR LA POLICÍA, NO POR LAS ORGANIZACIONES

Este miércoles la vocera gubernamental Rosario Murillo acusó a los movimientos feminista de promover abortos desde las Comisarías de la Mujer y que por esa razón el régimen se vio obligado a cerrarlas.

“Andaban por ahí, las disfrazadas promoviendo el aborto, desde las Comisarías de la Mujer, y esto es absoluta verdad, es una denuncia que hasta ahora estamos haciendo, porque se atreven a hablar de las mujeres, quienes quieren acabar con la vida de las niñas o niños antes de nacer, y usaban las Comisarías de la Mujer para promover esas malas prácticas”, dijo.

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Murillo, quien este 14 de septiembre, anunció una posible reforma constitucional para aprobar la pena de cadena perpetua, afirmó que las Comisarías estaban “infectadas de esas malas prácticas”, omitiendo que estas oficinas son coordinadas y dirigidas por la Policía y no por las organizaciones de mujeres.

Sin embargo, las organizaciones de mujeres promueven políticas públicas para tener aborto legal, seguro y gratuito, puesto que las que deciden no ser madres, o las adolescentes que quedan embarazadas producto de violaciones, aunque la ley no lo permita terminan abortando como un derecho que tienen a decidir sobre sus cuerpos.

En estos casos la ilegalidad producto de la vigente penalización del aborto terapéutico provoca que recurran a laboratorios clandestinos donde no se cuenta con las condiciones necesarias para el procedimiento corriendo un riesgo de muerte.

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