Daniel Ortega ha dado otro zarpazo a las libertades públicas. A más de un año de haber liquidado las personerías jurídicas de casi una decena de oenegés, ha enviado a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley con la que pretende controlar los fondos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. El régimen no sólo criminalizará a quienes reciben recursos del exterior sino que podrá confiscar y congelar cuentas bancarias. 

La iniciativa llamada Ley de regulación de asuntos extranjeros pretende “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua” y que “pone en riesgo la seguridad del Estado”, pero en realidad es un mecanismo represivo financiero copiado de Cuba con el que busca silenciar a las organizaciones y ciudadanos. “Esto desnuda la vocación totalitaria del régimen, está llegando a una etapa de querer controlarlo todo, siente que está débil y considera que la antipatía de los ciudadanos hacia su Gobierno es producto de una intervención extranjera”, critica el jurista y analista político José Pallais. 

Esta iniciativa es similar a la Ley de agentes extranjeros firmada por el presidente Ruso Vladimir Putin en 2012 que declara como tal a organizaciones de la sociedad civil, y que luego incorporó a medios de comunicación y periodistas.

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Según el artículo 12 de la propuesta de ley, las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como “agentes extranjeros” deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna, a la vez tienen prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

Los políticos y analistas consultados por DESPACHO 505 coinciden que esta ley viola la Constitución y tendrá un prejuicio en una economía deteriorada. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explica que la ley confiere al Ministerio de Gobernación enormes poderes discrecionales por lo que el “agente” puede ser confiscado y perder libertades civiles y políticas. “Es una ley confiscatoria y trata de reprimir a opositores nicaragüenses”, zanja.

Jesús Tefel, la Unidad Nacional Azul y Blando, opinió por su parte que la dictadura está tratando de socar las tuercas para  que la organizaciones en general no puedan ejercer presión ciudadana. “Es como tener un respaldo legal para censurar, confiscar, no solo a la sociedad civil, sino a ciudadanos y medios de comunicación”, agregó.

Pallais enmarcó que Ortega no tiene freno para imponer controles a las libertades de los ciudadanos. La calificó como una ley gravísima que no puede ser aceptada. “En vez de pensar en reformas electorales piensa en más control de las instituciones, han perdido el sentido común”, señala el político.

LEY DRACONIANA

Para el también representante de la Alianza Cívica, José Dávila, esa iniciativa “que pretende aprobar la dictadura”, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega, “es una venganza por las sanciones” que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado a familiares y allegados del presidente, así como a altos cargos.

“Buscan no sólo el control férreo de las transacciones que puedan tener nicaragüenses con fundaciones o entidades extranjeras con las que establezcan alguna relación de servicios o asesoría, sino que buscan sencillamente anular a los que tengan relaciones con entidades extranjeras”, criticó Dávila, exembajador nicaragüense en Alemania.

Sostuvo que la iniciativa deja a discrecionalidad del Ministerio de Gobernación “considerar que esas relaciones son interferencias de Gobiernos extranjeros”.

“Esta dictadura no tiene frenos ni escrúpulos en seguir imponiendo férreos controles a los nicaragüenses”, reprochó Dávila, que calificó la iniciativa como una “Ley draconiana”, “gravísima”, “inaceptable”, y que no puede ser permitida.

“Este Gobierno está pensando en más represión, más limitación, más control a los ciudadanos. Han perdido la brújula, el sentido común y es hora que el mundo entero se de cuenta de hasta donde va esta dictadura”, señaló.

La iniciativa, según el proyecto, “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”, según el proyecto.

La iniciativa de Ley fue introducida este martes ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional, cuya directiva, controlada por los sandinistas, definirá cuando la envía a comisión.

De acuerdo a la iniciativa, tanto los funcionarios nacionales como extranjeros que trabajen para las organizaciones de la sociedad civil, deberán presentar mensualmente ante el Ministerio de Gobernación un informe documentado y verificable de los gastos, pagos, desembolsos, contrataciones, así como los ingresos percibidos de parte de donantes.

Además, las asociaciones deberán declarar sobre el uso de las donaciones que reciban, las que serán registradas en un portal web que Gobernación habilitará y no podrán ser usadas para otro fin, señala la iniciativa de ley.

También Ortega controlará a los empleados de las organizaciones de la sociedad civil, consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información, consultores políticos y todos aquellos que reciban recursos de los fondos, contribuciones y préstamos.

La autoridad competente será el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, que será el encargado de regular, supervisar y sancionar.

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Los agentes extranjeros deberán presentar de previo al Ministerio de Gobernación un informe de cualquier oferta que se le haga de su mandato extranjero sobre fondos, bienes o cualquier otro activo y objetos de valor a recibir de manera directa o indirecta para desarrollar sus actividades y explicar en qué actividades se utilizarán dichos fondos o activos.

También deberán presentar, mensualmente, un informe documentado, detallado y verificable de gastos, pagos, desembolsos, contrataciones y demás actividades vinculadas a su desempeño, y la “suma de gastos o ingresos se deberá corresponder con el monto de los ingresos y bienes recibidos”.

Con información EFE.

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