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Reporte 505

Financieras y microfinancieras en la mira de la dictadura

El diputado orteguista se contradice, admite que rinden cuentas a Siboif y Conami, pero que «hay obligaciones que no cumplen».

El presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el sancionado Gustavo Porras, anunció este martes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prepara una Ley para que las financieras y microfinancieras dejen de ser organizaciones sin fines de lucro y pasen al régimen mercantil, tal y como lo hizo recientemente con cinco clubes.

«Yo quiero que todo mundo esté tranquilo» declaró Porras en un medio oficialista al explicar «hay más de tres decenas de organismos que se dedican a los aspectos de financiamiento, dar préstamos, crédito y jurídicamente nacieron como organismos sin fines de lucro; pero en su actividad a todas luces tienen una actividad lucrativa».

El 17 de mayo pasado, el Parlamento dominado por el orteguismo aprobó con el voto favorable de 77 diputados, una ley que obliga a cinco clubes del país que operaban como organizaciones sin fines de lucro a pasarse al régimen mercantil, bajo el argumento que realizan actividades comerciales que compiten en el mercado.

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Señaló que dichas organizaciones reportan sus balances financieros a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y a la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), pero que no cumplen con el Ministerio de Gobernación.

«Nosotros no vamos a actuar sobre ellas, porque al no cumplir con el Ministerio de Gobernación, deberíamos cancelar la personería jurídica por incumplimiento de las obligaciones, pero tampoco somos ciegos y somos irresponsables», argumentó Porras.

¿PONER ORDEN?

Según Porras, lo que pretende es «poner en orden» el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro. Indicó que el proyecto de ley lo están trabajando con los organismos reguladores y buscarán un acercamiento con los socios de la micro financieras y las financieras.

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«Siguen operando incluso siendo supervisadas, reguladas, regidas, en el caso de las microfinancieras por Conami y en el caso de las financieras por la Siboif, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ellos seguirían regulados así. Lo que no pueden ser es que tengan una personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro porque no lo son y esa cobija puede prestarse a confusiones y en algunos casos puede prestarse a que no cumplan sus obligaciones tributarias», manifestó Porras a un medio afín al régimen de los Ortega-Murillo.

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Porras señaló que estas organizaciones no tienen porque recibir exoneraciones y que con el cambio conservarán su mercado, el financiamiento que ya tienen colocados. Apuntó que estas medidas generan preocupación en la población, aunque no precisó si ya sostuvieron reuniones con los miembros de las financieras y microfinancieras,

«Estos organismos tienen refinanciamiento del exterior, si vos tomás alguna acción puede haber una preocupación, nosotros no queremos, por eso queremos dar tranquilidad en cuanto al funcionamiento de estos organismos para que sea un proceso simple, consensuado para ir limpiando», manifestó el diputado.

SIETE MIL ORGANIZACIONES

La Asamblea Nacional dominada por el orteguismo solo en este mes de mayo ha ilegalizado a unas 94 organizaciones sin fines de lucro bajo el argumento que han incumplido las leyes. Mientras, este martes el Ministerio de Gobernación le canceló  los registros y números perpetuos de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Europa, Estados Unidos y Costa Rica.

Según Porras, en Nicaragua hay unas siete mil oenegés inscritos y de los «cuales, hay una gran cantidad, seis mil y tantos que están en incumplimiento de sus obligaciones con el Ministerio de Gobernación», como que tienen más de tres años de operar con juntas directivas vencidas, igual cantidad de tiempo sin reportar sus estados financieros.

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Las organizaciones que han sido ilegalizadas por la Asamblea Nacional han manifestado que las autoridades del Ministerio de Gobernación se han negado a recibir la documentación y que en muchos casos, han denunciado que les ponen obstáculos para que las oenegés se cansen y desistan de actualizar su documentación.

Para el parlamentario orteguista, las cancelaciones de las oenegés es un «proceso natural» ya que muchas dejaron de funcionar desde hace años y que ahora con todas las normas restrictivas que han aprobado «están poniendo el ojo para revisar y si un organismo no ha cumplido, no ha puesto al día sus obligaciones, no ha cumplido con sus propios estatutos entonces se procede a la cancelación».

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