Conecta con nosotros

    Reporte 505

    Fiscalía lleva más de un mes interrogando a periodistas

    Al menos 30 periodistas han llegado a la Fiscalía a rendir declaración. Estas citatorias son un mecanismo de intimidación en un intento por imponer un apagón informativo en Nicaragua, advierten expertos.

    Al menos a 30 periodistas han pasado por interrogatorios del Ministerio Público en el proceso que impulsa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y Cristiana Chamorro, por el presunto delito de lavado de dinero.

    “Este proceso demuestra una estrategia de criminalización del periodismo, una criminalización que se advirtió con la aprobación de la Ley de Ciberdelitos”, señala Abigail Hernández, integrante de la comisión ejecutiva de PCIN y quien hace parte de la lista de comunicadores llamados como testigos.

    Las citatorias masivas de periodistas, directores de medios, comentaristas y fotoperiodistas es una acción en doble día, ya que por un lado limita el derecho de de Cristiana Chamorro a participar en las elecciones de noviembre próximo como candidata a la Presidencia y, además, intimida a los periodistas.

    Cristiana Chamorro tiene arresto domiciliar desde el pasado 2 de junio. Es señalada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua, por medio de la desaparecida FVBCh, de la que fue directora.

    Ella fue la primera llamada a declarar a la Fiscalía el pasado 25 de mayo. Ese mismo día también fueron citadas las periodistas María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión, y Lourdes Arróliga, excolaboradora de FBVCh.

    Desde entonces por la sede del Ministerio Público, en Managua, han desfilado, periodistas, comunicadores, directores de medios y consultores en comunicación, así como proveedores de servicios y excolaboradores de la fundación.

    EN MAYO Y JUNIO ARRECIÓ LA HOSTILIDAD HACIA EL PERIODISMO

    Un reciente informe sobre la situación del periodismo en Nicaragua elaborado por el diario La Prensa, advierte sobre la pretensión de Daniel Ortega de «instaurar un apagón informativo» y califica las citatorias a decenas de periodistas  «como una medida coercitiva contra la prensa independiente».

    Advertisement. Scroll to continue reading.

    Según el informe de monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, entre mayo y junio «han aumentado a gran escala y con altos niveles de violencia y hostilidad estatal» las violaciones a la libertad de prensa. Identifica la Ley Especial de Ciberdelitos como «la principal amenaza jurídica con la que el Gobierno busca intimidar a directores de medios, directores de programas y reporteros de todo el país».

    «Así se ha evidenciado en los incriminatorios interrogatorios implementados por la Fiscalía desde el pasado mes de mayo del 2021», señala.

    La Ley Especial de Ciberdelitos, bautizada como «Ley Mordaza», fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigor el 30 de diciembre del mismo año. Según organizaciones de periodistas independientes, la norma representa una grave amenaza para la libertad de prensa, porque “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

    Esta ley ha sido invocada por los fiscales a varios de los periodistas cuando han acudido a las citatorias por el caso contra la FVBCh.

    La Ley Mordaza establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la «seguridad del Estado». Está compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella o a una familia.

    La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa («fakenews») e información tergiversada.

    Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

    Advertisement. Scroll to continue reading.

    NICARAGUA EN CAOS

    En esta misma línea, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre lo que califica como «la caótica situación en Nicaragua» y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del régimen del presidente Daniel Ortega.

    El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, exaltó la labor de los periodistas y medios independientes de Nicaragua que «siguen esforzándose para informar pese al clima de zozobra generalizado» y trasladado el pedido de muchos nicaragüenses entrevistados de que «alcen su voz para que la comunidad internacional no los olvide y busque remedios para neutralizar a la dictadura».

    Tras entrevistar a periodistas y directivos de medios independientes, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, detalló los problemas principales para el ejercicio del periodismo en Nicaragua: «el éxodo de personal y directivos de los medios; dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione».

    En tanto, la comisionada Antonia Urrejola condenó que en Nicaragua «no sea posible manifestarse sin ser acallado inmediatamente». Dijo que en el país existe un estado de excepción de facto y que «no se respira democracia ni libertades civiles».

    ORTEGA QUIERE APARENTAR PODER

    El abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advierte que con el acoso, persecución y encarcelamiento contra opositores y que alcanza al periodismo, Ortega golpea la mesa a la comunidad internacional y le manda un mensaje de que es él quien manda.

    “Quieren manejar el país como un feudo, como una finca, lo cual evidencia una grave violación a los derechos humanos, no solo de periodistas sino de la población que tiene derecho a ser informada”, manifestó Abarca.

    “Esto indica un estado de excepción policiaco y que esta nueva oleada (de detenciones), es parte de la estrategia de ‘vamos con todo’.

    Advertisement. Scroll to continue reading.

    En Nicaragua hay más de 140 presos políticos entre ellos los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza.

    LEA TAMBIÉN: El Norte y el Caribe, las regiones que acumulan más femicidios en Nicaragua

    ¿PARARÁN LAS CITATORIAS?

    Un experto en temas de comunicación que pidió proteger su identidad por temor a represalias, las citatorias son parte de una estrategia para sembrar la cultura de temor.

    “Esto viene a ser una campanada para el periodista y los medios de comunicación independientes: ‘sí seguís hablando para vos tengo una medicina, o el chilillo o la tajona’ que es la Ley de Ciberdelitos, ya que tienen la mejor disposición de aplicarla, porque esta gente no entiende de convenciones o derechos internacionales, lo que quieren es a cualquier costo mantenerse en el poder”, opina.

    Considera que las citatorias podrían detenerse en los primeros días de agosto, luego de la fecha tope que tienen los partidos y alianzas políticas que participan en las elecciones para inscribir de manera preliminar su lista de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados nacionales y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

    “Mientras pasa todo el mes de julio, usted, yo y cualquiera vamos a estar en zozobra creyendo que somos los próximos o que van a abrir un juicio. Porque el objetivo final de todo esto, en el caso que le abrieron a la FVBCh, fue inhibirle o cercenarle los derechos políticos a Cristiana Chamorro”, sostiene el experto.  

    LEA TAMBIÉN: Policía se niega a recibir carta de familiares de presos políticos que exigen derecho a visitas

    Advertisement. Scroll to continue reading.

    También cree que las citatorias buscan como desviar la atención del proceso electoral, “ya que la gente está concentrada en las citas de los medios y los presos que están”.

    Por su parte, Abigail Hernández de PCIN, recordó que la persecución al periodismo independiente no comenzó en abril del 2018 con la Insurrección popular, sino en el 2007 cuando retoma al poder Daniel Ortega, quien impuso el bloqueo de información, la asfixia económica por medio de la restricción de la publicidad estatal a los medios independientes y otros mecanismos de intimidación.

    Hernández adelantó que el transcurso de este mes PCIN presentarán el informe Anual del 2020 y el semestral del 2021 que recoge agresiones a los periodistas de los distintos medios de comunicación.

    También le puede interesar

    Portada

    Tras las sanciones anunciadas este lunes, la empresa estadounidense New Fortress Energy, que construye una mega planta en Puerto Sandino quedaría imposibilitada de hacer...

    Noticias

    Experta en lenguaje corporal asegura que Daniel Ortega perdió las facultades físicas porque no es capaz de sostenerse de pie por sí solo.

    Noticias

    El 7 de noviembre, cuando Ortega y Murillo consumen su estrategia reeleccionista se quedarán sin legitimidad democrática. Eso acarreará consecuencias graves, advierten analistas.

    Noticias

    Estos permisos laborales tienen una duración de 12 meses o menos y son solicitados frecuentemente por empresas americanas que contratan a personal de otros...

    Noticias

    El punto 4 del documento aprobado en la OEA le deja “un puente" a Ortega para una salida a la crisis y esa salida...

    Reporte 505

    Los principales grupos económicos han guardado silencio sobre la detención de los directivos del Cosep. El Grupo Promerica dijo que no se pronunciará, mientras...

    Noticias

    Argentina y México no votaron a favor de la resolución de la OEA, porque quieren conservar amistad de Ortega, advierten analistas y expertos.

    Reporte 505

    Hijas y esposas de los reos políticos coincidieron que tuvieron que soportar restricciones arbitrarias por parte de la Policía Orteguista.

    Advertisement

    Copyright © 2021 Despacho505.com