El Fondo Monetario Internacional (FMI), pidió al régimen de Daniel Ortega hacer públicas todas las auditorías e informes financieros de las instituciones del Estado en Nicaragua, tras una evaluación al país en la que insisten en la necesidad de mejorar la transparencia, el clima empresarial y el marco de gobernanza.
El FMI concluyó la evaluación de la Consulta del Artículo IV con Nicaragua correspondiente al año 2022, en la que proyecta un crecimiento económico del 4% para el 2022 y un 3% para este año 2023.
Las previsiones son inferiores a las del Gobierno, que proyecta un crecimiento de 4.4% para 2022 y 4% para 2023.
“A mediano plazo, se prevé que el PIB real crezca aproximadamente 3%, es decir, por debajo de la media histórica previa a la crisis”, advirtió el FMI en su informe tras la evaluación in situ en Managua en el mes de noviembre.
Estas perspectivas de crecimiento “están sujetas a incertidumbre y a riesgos a la baja”, relacionados primordialmente con la evolución externa, desastres naturales o un deterioro del clima de negocios y el endurecimiento de las sanciones internacionales.
En vista de los riesgos a la baja los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional “insistieron en la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar el clima empresarial, la transparencia y el marco de gobernanza”.
Además, piden a las autoridades a “hacer públicos todos los informes de auditoría y estados financieros de las empresas del Estado”.
LOS ORTEGA MURILLO DEBEN DECLARAR SUS BIENES
Los directores tomaron nota de las medidas adoptadas para fortalecer los marcos de gestión de gobierno y lucha contra la corrupción, pero destacaron la necesidad de llevar a cabo más esfuerzos para “subsanar las deficiencias pendientes”.
En ese sentido, recomiendan “afianzar el régimen de declaración de activos de los funcionarios públicos y de dar prioridad a los exámenes de personas expuestas políticamente para contribuir a los esfuerzos de lucha contra la corrupción”.
Desde la llegada de Daniel Ortega al poder en el año 2007, la dictadura ha promovido una política de hermetismo en las cuentas del Estado.
La Contraloría tampoco ha hecho públicas las declaraciones de activos de Daniel Ortega, Rosario Murillo, magistrados, diputados y otros altos funcionarios. Tampoco hay constancia de que haya hecho su declaración, como manda la Ley de Probidad de Servidores Públicos.
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La última vez que Daniel Ortega y Rosario Murillo declararon sus bienes, en el año 2006, estos no superaban los 377 mil dólares.
Una investigación de Confidencial apunta a que la familia presidencial amasaría una fortuna que supera los 5.000 millones de dólares, provenientes de la privatización de fondos de la cooperación venezolana a Nicaragua.
Los Ortega Murillo manejan una red de al menos 22 empresas privadas en sectores como petróleo, energía, medios de comunicación, bienes raíces y servicios.
DICTADURA ESCONDE AUDITORÍA SOBRE “FONDOS COVID”
El FMI elogió a las autoridades por la publicación del primer informe sobre riesgos fiscales del país y el primer examen de auditoría externa sobre el uso de los fondos destinados a la COVID-19.
El Fondo Monetario Internacional habría tenido acceso a los resultados de esas auditorías en su visita al país, pero a nivel nacional no se han hecho públicos.
Para la pandemia, la dictadura Ortega Murillo consiguió préstamos por más de 460 millones de dólares entre junio de 2020 y junio de 2022. La dictadura se había comprometido a publicar los resultados de la auditoría en noviembre de 2022, pero sigue sin hacerlo.
Asimismo, recomendaron garantizar la protección de los denunciantes, el acceso equitativo e imparcial al sistema judicial y a recursos en los procesos jurídicos, a fin de respaldar los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y la protección de las inversiones.
