La crisis de derechos humanos en Nicaragua es tema de preocupación en el seno de la Organización de las Naciones Unidos, dijo este jueves su relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule. El funcionario, también se refirió al paquete de leyes y reformas impuestas por el oficialismo como factores que complejizan la situación, por lo que reiteró la petición de acceso al país que ha hecho el organismo.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, también conocida como Ley Putín; y la Ley Especial de Ciberdelitos, bautizada como Ley Mordaza, son “problemáticas”, valoró e instó a la administración de Daniel Ortega a que reconozca que estas normas jurídicas riñen con los estándares internacionales, ya que impactan el trabajo de la sociedad civil. “Sabemos que en las sociedades democráticas se necesitan a la sociedad civil (para) que hablen por aquellos que no pueden hablar”, apuntó.

La Ley de Agentes Extranjeros impone control sobre los fondos que personas naturales o jurídicas reciben desde el exterior y evadirla supone sanciones económicas hasta por medio millón de dólares; y la Ley de Ciberdelitos obliga a las empresas de telecomunicaciones a guardar datos personales y registros de llamadas de todos sus clientes, entre otras cosas. Generar o compartir información que las autoridades consideren un “ciberdelito” implica sanciones, incluso cárcel.

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Nyaletsossi Voule, aseguró que desde que asumió su mandato en el 2018, ha manifestado interés en visitar Nicaragua, pero ninguna de sus solicitudes ha sido respondida. Dijo que insistirá en el pedido, con el objetivo de “entender los temas desde abajo”. “No es necesario que el gobierno diga que nuestras comunicaciones están equivocadas, si ellos mismos no nos dejan ir al país y reunirnos con las víctimas”, comentó.

“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación, y contra aquellos que participen en protestas pacíficas”, dijo Nyaletsossi, en el encuentro virtual con víctimas de la represión y defensores de derechos humanos “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de derechos humanos en Nicaragua”, en el marco del 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

CONSENCUENCIAS DE LA LEY PUTÍN

Acerca de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el relator especial sobre el Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la ONU considera que una de las consecuencias más graves es la “desaparición de una sociedad civil robusta en Nicaragua sino hacemos algo”. Agregó que este tipo de disposiciones impacta y estigmatiza el trabajo de grupos de la sociedad civil y de la prensa independiente que “deberían tener el mismo derecho a financiamiento extranjero como el mismo gobierno recibe financiamiento extranjero”.

Nicaragua tiene que estar siendo monitoreada y permanecer en la agenda del Consejo de los Derechos Humanos porque “parece que nada ha cambiado y el gobierno debería ser responsable y el Consejo de Derechos Humanos debería de seguir apoyando a la sociedad civil y ayudar a volver el país a la democracia y estado de derecho”, enfatizó.

EN RIESGO EL CEJUDHCAN POR LA LEY DE AGENTES EXTRANJEROS

Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), denunció que con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la normativa de dicha norma, “se han formalizado las barreras administrativas y burocráticas” a las oenegés.

“La organización que presido continúa bajo el riesgo de perder su personería jurídica ante la negativa del Ministerio de Gobernación de entregar la constancia de cumplimiento y la certificación de la junta directiva de Cejudhcan”, reveló.

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Cunningham, ganadora del Nobel alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award, por defender los derechos indígenas, también expuso que las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. Mencionó que 49 indígenas han sido asesinados, 52 lesionados, 46 secuestrados y 4 desaparecido, y 3.000 desplazados de manera forzosa desde 2011, por los incentivos gubernamentales para explotar las tierras de los nativos en el noreste de Nicaragua.

Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, advirtió que en Nicaragua se está utilizando el Poder Legislativo para “erosionar el Estado de Derecho y darle un manto de legalidad a las restricciones de los derechos humanos”, y resaltó que en el país el uso de la fuerza no cumple con el criterio de proporcionalidad.

“El miedo está presente en Nicaragua, lo estamos escuchando”, expresó Vaca, quien advirtió que en el país hay un “desmantelamiento del tejido social”, con lo cual existe el peligro de que se reduzca la posibilidad de “perder información” sobre las violaciones a los derechos humanos.

El encuentro, dirigido por la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se enmarcó en la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista a comenzar el próximo día 22, y en el que se abordará el caso de Nicaragua.

Con información de EFE

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