La Fundación del Río y Popol Na informaron este jueves que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el despojo de sus personalidades jurídicas por parte del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, con el objetivo de que sea condenado por la justicia internacional.
Ambas organizaciones anunciaron que recurrieron a la CIDH al cumplirse casi dos años y medio desde que el Gobierno de Nicaragua les quitó sus personalidades jurídicas, aparentemente sin un proceso legal, y sin que hasta ahora se les haya otorgado el derecho de la defensa dentro del país.
«La demanda internacional que hoy estamos presentando ante la CIDH se reviste de importancia por haber logrado documentar y demostrar incuestionablemente los síntomas consecuencias del letal virus del régimen Ortega Murillo, y su intento de enterrar, asfixiar o desaparecer, a la sociedad civil, la democracia, y sus derechos», dijo la representante de Popol Na, Mónica López Baltodano, en teleconferencia.
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Además de quitar las representaciones legales de las ONG, el Gobierno canceló los permisos de transmisión de dos radioemisoras propiedad de la Fundación del Río en el sureste de Nicaragua, y convirtió la sede de Popol Na en Managua en un edificio de oficinas estatales.
«Para nosotros la presentación de este caso representa un paso trascendental en la lucha por los derechos humanos, no solo decimos que defendemos derechos ambientales, sino el derecho a defender derechos», afirmó el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, quien suele denunciar acciones contra campesinos e indígenas en el sureste de Nicaragua, una de las zonas más boscosas del país.
MÚLTIPLES VIOLACIONES DE DD.HH.
La abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que acompaña a las ONG en su denuncia, Wendy Flores, afirmó que el Gobierno nicaragüense cometió múltiples casos de violación de derechos en contra de los integrantes de las organizaciones, cuyos líderes debieron huir al exilio.
Según Flores, Nicaragua violó la Convención Americana de Derechos Humanos, al faltar «al principio de legalidad, al derecho de igualdad ante la ley, a la obligación y el deber de adoptar posiciones del derecho interno», así como «a la obligación de respetar el derecho sin discriminación».
También cometió «violación a la libertad de asociación, violación agravada de los derechos a las garantías judiciales, y violación del derecho al trabajo», indicó Flores.
Según el Colectivo, la presentación de ambos casos ante la CIDH «representa un paso hacia el camino de la búsqueda de justicia que no hay en Nicaragua».
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De ser aceptado por la CIDH, el caso avanzaría hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que decidiría si abre o no un proceso contra el Estado de Nicaragua, explicó Flores.
La CIDH, que ha señalado a Ortega como responsable de «crímenes de lesa humanidad», ya aceptó dar seguimiento a un caso similar, interpuesto por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los despojos de personalidades jurídicas a estas y otras seis oenegés en Nicaragua se dieron en el marco de las protestas antigubernamentales que dejaron al menos 328 muertos entre abril y julio de 2018, a manos de policías y «parapolicías», de acuerdo con la CIDH.
