El gran golpe del FSLN en cinco elecciones

A puertas de unas elecciones generales que podrían definir el rumbo de Nicaragua, Despacho 505 documenta cómo el Frente Sandinista ha violentado el voto popular en los últimos cinco comicios electorales, en complicidad con el CSE. Expertos califican como un golpe efectivo, pero sorprendentemente "descarado".

 Por URIEL VELÁSQUEZ Y CLAUDIA RIVAS / II ENTREGA / 07 DIC 2019

Diez horas antes del inicio de las elecciones generales del 6 de noviembre del año 2016, José Martínez recibía de altos funcionarios del régimen las últimas orientaciones para “defender el voto” sandinista.  

Martínez, que pide omitir  su nombre real por temor a que él o su familia sufran represalias,  sigue dentro de las filas del FLSN y, por primera vez, accede a hablar con un medio de comunicación sobre cómo participó en el robo electoral que le permitió a Daniel Ortega y Rosario Murillo seguir en el poder.

La noche del 5 de noviembre de 2016, en la Casa Comunal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el ambiente era de mucha tensión, pero manejado con mano de hierro. En un local ubicado en el parque Los Marañones de la Colonia Centroamérica, en Managua, fue reunida la legión de operadores políticos de base que durante meses habían sido formados para garantizar el tercer periodo presidencial a Daniel Ortega y el ascenso como vicepresidenta a Rosario Murillo.

Martínez recuerda a Fidel Moreno, el secretario general de la Alcaldía de Managua y ficha fiel de  Murillo, y a Giomar Irías, directora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), presidiendo la reunión y con tono militar bajarles la orden de cuidar el voto e impedir la fiscalización por parte de las organizaciones políticas.

Junto a Moreno e Irías estaban la ministra de Educación, Miriam Raudez; el director de la Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario, coronel retirado Manuel Gutiérrez; Ernesto Vallecillo, de la Lotería Nacional; el director del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (Inta), Miguel Obando; el ministro de Agricultura, Edward Centeno; el asesor presidencial Rodolfo Delgado, los secretarios políticos de todo el Distrito V y los coordinadores de los Centros de Votación, integrados por funcionarios de las instituciones públicas.

PRIMER PASO: ELIMINAR LA FISCALIZACIÓN

La primera tarea encomendada por Ortega y Murillo, a través Fidel Moreno y Giomar Irías, a los coordinadores de Centro de Votación era anular la fiscalización y garantizar la mayor participación electoral en los comicios generales de 2016. Para ello, las instituciones públicas dispusieron de entre 3 y 5 medios de transporte que se utilizaron para “pastorear el voto”, es decir, recorrer los distritos y movilizar a los simpatizantes sandinistas a los Centro de Votación. El modelo, dice la fuente, se replicó en todo el país.

La segunda orientación fue asegurar que las ternas del FSLN estuvieran desde las 4 de la mañana en cada Centro de Votación, con el propósito de abrir las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a las 6 de la mañana en punto y sustituir a los miembros de otros partidos que no hubieran llegado.

A Martínez le asignaron dos tareas específicas en las que tenía experiencia, pues las había implementado en 2008, 2011 y 2012: bloquear el acceso a los fiscales de los partidos opositores para impedir que firmaran el acta de apertura y, si fuera necesario, sacarlos del recinto de votación o sustituirlos por “fiscales amigos”, elementos que el FSLN habría filtrado en las filas de sus adversarios electorales para tener control total de las JRV.

En la entrevista pactada en un café de Managua, un día de noviembre cualquiera, este militante sandinista que se confiesa inconforme con “la matancina” que han ordenado desde abril del año pasado, revela que desde el 2008 el FSLN ideó impedir la fiscalización en el inicio del proceso electoral, para garantizar que toda apelación fuera desechada, tal como lo establece el numeral 5 del artículo 121 de la Ley Electoral: “Los miembros de la Junta Receptora de Votos y los fiscales de los partidos políticos o alianzas de partidos deberán firmar el acta. Si los fiscales se negaren a firmar se procederá de conformidad con el numeral 10 del Artículo 29 de la presente Ley, pero si hubieren hecho reclamos y no firmaron, éstos quedarán nulos”.

EL RATÓN CUIDABA EL QUESO

“Una vez que se aperturaban las JRV nadie podía entrar, ni los fiscales opositores que llegaban tarde. Ingresaban hasta que concluía el acto de apertura, si te fijás, ellos no podían impugnar, porque la Ley Electoral establece que solo pueden impugnar, los fiscales que firman el acta de apertura y cierre, esa era la lógica”, explica Martínez.

También se les instruyó no entregar las copias de las actas de escrutinio a los fiscales de los partidos políticos. Una vez concluido el proceso electoral, la orden era resguardar las actas para su transmisión al Consejo Supremo Electoral y entregárselas al jefe de ruta, otro militante sandinista. Finalmente, se mandó a no publicar los resultados electorales en cada JRV, como lo indica la Ley.

Martínez anota que a pesar que los coordinadores de Centros de Votación se encargaban de garantizar que los simpatizantes sandinistas acudieran a las urnas, fiscalizar que el proceso se realizara tal a como fue diseñado, en 2016 la clave fue recopilar las actas de escrutinio, no entregar copias a los fiscales de los otros partidos y pasar las originales al jefe de ruta del CSE para que este controlara la información que llegaría al Centro de Cómputo.

“Esto te daba ventaja, porque sabías de primera mano cuáles fueron tus resultados electorales y te permitía maniobrar esos resultados. Las actas eran entregadas a los secretarios políticos institucionales y estos las transmitían al Centro de Cómputo del CSE”, asegura. Martínez, ahora viendo atrás, se siente responsable por haber participado en un proceso viciado que profanó el voto de millones de nicaragüenses. “Muchos dentro del FSLN quisiéramos contar lo que esta gente ha hecho, hay una inconformidad enorme, pero hay mucho miedo”, dice, como si sufriera de cargo de conciencia. 

UN PLAN DESDE 2008

Las maniobras para mantener a Daniel Ortega en el poder iniciaron en 2008, un año después de su retorno a la Presidencia tras tres periodos consecutivos de liberalismo en Nicaragua.

Ortega que para entonces ya había conseguido el control total CSE, dirigido por el sancionado Roberto Rivas, puso en marcha el bloqueo de la fiscalización de los partidos políticos cambiando a última hora los mecanismos para la acreditación de los fiscales y, de esa forma, manipular el voto y las actas de escrutinio.

Eliseo Núñez fue jefe de estrategias de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en el 2006 y 2008 y jefe de campaña del Partido Liberal Independiente (PLI) en 2011. Recuerda que en 2008 a pesar que habían entregado sus listados de fiscales en tiempo y forma, 96 horas antes de las votaciones fueron notificados que el trámite debía formalizarse en la sede central del CSE en Managua y no en los Consejos Municipales y Departamentales.

“Nosotros presentamos los fiscales en todos los municipios, nos lo rechazaron, nos dijeron que no era allí que se iban a presentar, cuatro días antes de la elección dijeron que había que presentarlos en el nivel central con fotografía, partidas de nacimientos, cédulas y un montón de requisitos que no había capacidad física de conseguir en esos documentos en cuatros días”, rememora.

La maniobra, aunque fue denunciada, le permitió al FSLN apropiarse de 109 alcaldías en las elecciones municipales de 2008, cuando en el proceso anterior (2004) había conseguido 87. Eliseo Núñez, actas en manos, sostiene que 55 comunas les fueron arrebatadas a ALN. 

El excandidato a la vicepresidencia y analista político, Edmundo Jarquín, manifiesta que al observar “una serie de obstáculos administrativos, políticos y hasta judiciales para impedir la campaña electoral” de los partidos opositores a Ortega, en 2011 tomaron la iniciativa de elaborar lo que denominaron el mapa del fraude basado en la hipótesis de que el FSLN se iba a robar las elecciones y se las entregaron a las misiones de la OEA y la Unión Europea.

“Ellos desde luego pusieron los mecanismos de observación electoral, no estrictamente de conformidad con ese mapa, pero si respetando las muestras estadísticas que tenían para observar las elecciones (…), a las dos de la tarde Dante Caputo, jefe de la misión de la OEA, compareció señalando de que había tapado el radar, por lo tanto, no tenían ninguna condición para saber lo que estaba pasando el día de las elecciones”, confirma Jarquín.

Roberto Courtney, presidente del organismo de observación electoral Ética y Transparencia, añade que “el aparato electoral tuvo la torpeza de decir ´tengo 100 votantes aquí´ y al día siguiente decir que habían 400, sin ni siquiera tratar de explicarlo. Entonces pasa a esconder el tipo de información que es necesaria para un efectivo proceso justo y transparente”. 

“El informe final de la misión de observación de la Unión Europea, que es la más experimentada en observar elecciones a nivel mundial, señaló que los resultados de ésta elección (2011), en la cual el FSLN terminó con 63%, eran sencillamente imposibles de verificar”, refuerza Edmundo Jarquín.

2012: LIMPIA EN PADRÓN ELECTORAL

Para las elecciones municipales del 2012, Ortega sumó un nuevo elemento al esquema de fraude: reformó el artículo 34 de la Ley Electoral para “purgar” a los electores que no ejercieron el derecho al voto en los dos últimos comicios. El argumento de la Asamblea Nacional fue “depurar el Padrón Electoral”.

“Para garantizar la depuración permanente del Padrón Electoral, este se constituirá por todos los ciudadanos nicaragüenses que han ejercido su derecho al voto al menos una vez en el periodo comprendido entre las dos últimas elecciones generales o cualquiera de los otros procesos electorales que se hayan producido entre ellas”, expresa el artículo de la reforma, todavía vigente.

Además, establece que los ciudadanos que no aparecen en el Padrón Electoral, pueden solicitar su incorporación ante el CSE que está obligado a elaborar la lista de los incorporados con 50 días de anticipación a un proceso electoral.

Sin embargo, Kitty Monterrey asegura que en la práctica el CSE nunca realizó correctamente las incorporaciones, porque desplazó a los electores a otros Centros de Votación o a otros municipios, para impedir que votaran.

“Todos los fraudes o los robos han sido distintos. Que hay patrones que ellos establecen para favorecer al Frente Sandinista, eso es una cosa, pero poder decir que todos los fraudes han sido idénticos, no es cierto. Por ejemplo, algo que se da constantemente y que quizás muchos no le ponen mucha atención, son los cambios de domicilio, o mejor dicho ellos saben quiénes votan en que municipio y por quién, entonces, pueden darse el lujo de mover a cantidades grandes de la población hacia un municipio donde pueden perder”, explica.

Monterrey afirma que otro mecanismo que el CSE ha permitido al FSLN es la emisión de múltiples cédulas de identidad, donde una persona puede desplazarse por diferentes centros de votación sin que exista un control para evitarlo.

COORDINADORES DE CENTRO 

En las presidenciales de 2016 Ortega centró su plan en manipular políticamente la figura de los coordinadores de los Centros de Votaciones, cuyo rol era de facilitadores del proceso electoral, pero que el FSLN conviritió en el de garantes del dominio absoluto del Frente Sandinista, al ordenarles asegurar que las ternas de las JRV estuvieran bajo el control de partido.

La figura de los coordinadores de Centro de Votación fue sugerida por la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2006, e implementada por primera vez durante las elecciones del 2011.

El papel que jugaron los coordinadores de Centro de Votación fue obstaculizar la observación de las diferentes misiones internacionales, y por eso en su informe final la OEA nuevamente recomendó regular el papel que jugarían en los procesos futuros.

“Se recomienda que para futuros procesos electorales se regule la actuación de estos funcionarios (coordinadores de Centro de Votación) y se les capacite adecuadamente sobre sus responsabilidades”, sugirió el organismo continental. 

FRAUDE DESCARADO

Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, concuerda con que el esquema de fraude electoral, ejecutado en complicidad con el CSE, ha variado en cada proceso. Sin embargo, sostiene que a partir de 2011 el FSLN cayó en un “robo descarado”.

El experto en materia electoral sostiene que después de las elecciones del 2011, “ya no se trató de fraude en las actas de escrutinio, sino que se trató de un robo desde los diferentes Centros de Cómputos (…). (El CSE) hizo todas las cuestiones para que robar fuese una cosa que no se pudiera detectar, a partir de esconder datos que son obligatorios presentar. Sobre todo, aquellos que están claros que no van a ser favorecidos, por esta forma opaca, escondida, fraudulenta de dar los resultados”.

ABSTENCIONISMO GALOPANTE

Los especialistas en temas electorales y actores políticos consultados por Despacho 505 coinciden que los cinco fraudes electorales se manifiestan en una exponencial y peligrosa apatía ciudadana. No hay motivación para ejercer un derecho constitucional, debido “a que no ven a un juez imparcial y consideran que el proceso está viciado”, evidencia Courtney.

Esa apatía también impacta al orteguismo “porque ocurre esa sensación de que de todos modos va ganar el comandante (Daniel Ortega), ya tienen a un chavalo (de la Juventud Sandinista) contando los votos y se encarga de que tengan un día libre en vez de tener que ir a votar”, observa el presidente de Ética y Transparencia.

ORTEGA Y SU AMBICIÓN AL 2021

En el contexto de la crisis sociopolítica en que está sumida Nicaragua desde abril de 2018, Daniel Ortega es presionado para que negocie reformas electorales profundas que contemplen un saneamiento del CSE y el anticipo de elecciones que sean observadas, transparentes y creíbles.

El politólogo José Antonio Peraza apunta que el actual CSE perdió “toda credibilidad” como juez electoral, porque desde el 2011 las autoridades que ha elegido son ilegítimas y los procesos electorales viciados.

No obstante, el líder sandinista se cierra a la exigencia y resiste a las presiones internacionales, que pasan por sanciones y recortes de cooperación. Su apuesta es mantenerse en el poder y lograr postular para un continuo cuarto periodo presidencial el 7 de noviembre del 2021, con el mismo Consejo Supremo Electoral.

“No hay duda del deterioro profundo a partir del 2008 del sistema electoral, y que no pueden haber elecciones en condiciones de ese deterioro, porque la gente no va a ir a votar y va haber una abstención tremenda (…) y las consecuencias las estamos pagando, porque la gente cuando ve que no hay salida a su protesta, a su malestar, entonces tenemos el 18 de abril”, advierte Peraza.

Edmundo Jarquín, al igual que Peraza, vislumbra un futuro incierto en Nicaragua si no se da un saneamiento total, porque a su criterio Daniel Ortega logró imponer un régimen-partido único respaldado por partidos satélites y avalado por el CSE que responde a los intereses del FSLN.

Edición: Edith Pineda

Ilustración: Luis González 

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