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Reporte 505

Gran capital de Nicaragua guarda silencio sobre estocada de la dictadura al Cosep

Los principales grupos económicos han guardado silencio sobre la detención de los directivos del Cosep. El Grupo Promerica dijo que no se pronunciará, mientras que el Grupo Pellas no respondió a la consulta de DESPACHO 505.

Los principales grupos económicos de Nicaragua han guardado silencio sobre la detención de los principales directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Ni el Grupo Pellas, ni Lafise-Bancentro, ni el Grupo Promérica quisieron referirse al arresto y cargos delictivos formulados contra Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente de la principal patronal de Nicaragua.

Tras el operativo contra los empresarios, este 21 de octubre, DESPACHO 505 se contactó con las oficinas de Relaciones Públicas del Grupo Pellas, de Carlos Pellas; y el Grupo Promerica, de Ramiro Ortiz, pero el primero no contestó a la solicitud, mientras que el segundo simplemente respondió que no se pronunciarían. 

Mientras tanto, el empresario Roberto Zamora, presidente de Lafise Bancentro, pidió que se le consultara en el transcurso de la tarde, pero hasta entrada la noche de este no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp. 

FUERON LLAMADOS A LA FISCALÍA PARA APRESARLOS

Healy y Vargas fueron detenidos por la Policía Orteguista, después que asistieron a una citatoria en el Ministerio Público. Según fuentes empresariales, Healy fue interceptado cuando se dirigía a su casa y trasladado a un lugar aún desconocido. 

Una hora después, la Policía Orteguista emitió un comunicado en el que informó que investiga a los dirigentes empresariales por el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, y por traición a la patria, bajo la polémica “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, Ley 1055. 

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Con Healy y Vargas suman seis dirigentes cercanos al gran capital encarcelados por la dictadura en los últimos cinco meses. Los precandidatos presidenciales Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, así como el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri fueron detenidos a mediados de año en operativos policiales violentos. 

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El 15 de junio, el régimen también ordenó la detención del banquero Luis Rivas Anduray, director ejecutivo del Grupo Promerica, por supuestamente haber incurrido en alguno de los delitos que señala el artículo uno de la Ley 1055. En este caso, el mismo grupo económico propiedad de Ramiro Ortiz se ha mantenido distante.

Desde 2018, el Gran capital nicaragüense ha sido cuestionado por su silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos y políticos que comete el orteguismo.

EMPRESARIOS DE LA REGIÓN ADVIERTEN A ORTEGA 

En cambio, gremiales regionales como la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) no ha tardado en pronunciar su rechazo a las acciones contra el empresariado nicaragüense.

Fecaica, a través de un comunicado condenó la “detención arbitraria” de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y a la vez demandó la liberación inmediata.

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“Estos hechos van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica”, exponen los industriales.

El organismo empresarial centroamericano expresa que los arrestos de Healy y Vargas violentan los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. “Las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos nicaragüenses deben ser respetados”, señalan

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“Exigimos la liberación inmediata de Michael Healy y Álvaro Vargas, así como de José Adán Aguerri y los demás presos políticos a los que el Gobierno de Nicaragua les han negado su libertad sin fundamento”, expresa el comunicado de Fecaica, que extendió su solidaridad “con el pueblo nicaragüense, esperando que el país retome la estabilidad y predomine la verdadera democracia”.

EXIGEN LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

Asimismo, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el empresario Juan Carlos Sikaffy, transmitió la más enérgica condena de la gremial hermana del Cosep a la detenciones “ilegales” de los empresarios nicaragüenses y exigió su inmediata liberación y el respeto a sus vidas, dignidad y derechos humanos.

Previo a la detención de los directivos de la patronal nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega negó tener prisioneros políticos en un pronunciamiento de rechazo a la más reciente resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

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