La organización enfatiza en la necesidad de reformas que garanticen elecciones libres, competitivas y transparentes.

El Grupo Pro Preformas Electorales (GPRE) informó esta semana que antes de la celebración de elecciones en Nicaragua, es imperativo que el régimen de Daniel Ortega cumpla con los acuerdos de liberar a todos los presos políticos y restablezca los derechos y garantías fundamentales, “que permitan la discusión e implementación de reformas electorales como resultado del consenso de actores políticos y sociedad civil”.

Es un comunicado de prensa, difundido esta semana, el Grupo dijo estar convencido que la solución a la crisis que vive el país debe ser pacífica y constitucional, “mediante un acuerdo político amplio que propicie la realización de elecciones libres, competitivas, transparentes y observadas”.

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La comunicación surge en momentos de turbulencia política en el país, pues la unidad de la oposición está amenazada por las diferencias entre los grupos que integran la Coalición Nacional, el vehículo con el que se pretende derrotar a Ortega en las elecciones generales de 2021. Ciudadanos por la Libertad (CxL) salió de una mesa multisectorial del Grupo a inicios de junio pasado, por “exclusión y la existencia de agendas particulares”.

Aún así, el Grupo recordó que ha venido trabajando en la búsqueda de una propuesta de reforma electoral consensuada con diversos sectores y enriquecida con expertos electorales internacionales, “que contribuya a recuperar la confianza en el sistema electoral, que promueva la participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales y facilite el proceso de recuperación económica y social del país”.

El Grupo Pro Reforma mencionó que trabajan en reformas que incluyan la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) con “base a criterios de idoneidad y no partidarios con participación de la sociedad civil”; observación electoral irrestricta, conforme los estándares internacionales; y despartidización de los organismos electorales a través de un proceso de escogencia aleatorio que permita la ciudadanización de los organismos electorales.

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Su propuesta, que contempla 10 puntos, incluye la reactivación de las relaciones entre el gobierno de la República de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el propósito de contar con el apoyo técnico electoral de dicha organización; y un padrón electoral único, previa auditoría y depuración, reincorporando en forma obligatoria el proceso de verificación ciudadana masiva.

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