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    Reporte 505

    Cientos de oenegés no alineadas con la dictadura están bajo amenaza de cierre

    La dictadura Ortega-Murillo mantiene vigiladas a más de 1,700 oenegés, de las cuales 208 clasifica como de «alto riesgo para el financiamiento del terrorismo».

    AMS

    El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha justificado en un informe al Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) su guerra contra las oenegés con el argumento de que más de 1,700 de estas son «vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo».

    En el documento ha expresado que con el objetivo de evitar el lavado de dinero ha aprobado normas como la de Ley de Agentes Extranjeros, que, lejos de mejorar la imagen país en temas financieros, fue usada para aniquilar a la sociedad civil nicaragüense.

    Ortega señala que 208 de las 1,700 oenegés son consideradas de “alto riesgo para el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero”, 581 presentan “riesgo moderado”, y 1,008 son de “riesgo bajo”. Dicha información está contenida en el IV Informe de Seguimiento Intensificado y Rectificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, que realizó el Gafilat.

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    En los puntos 39 y 40 del informe enviado a la Gafilat, la dictadura advierte que cuenta con normas legales que le permiten mantener bajo control y vigilancia a las organizaciones sin fines de lucro y que estas facultan, en caso de identificar anomalías que indique posibles riesgos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, “solicitar ante la Asamblea Nacional la cancelación de la personalidad jurídica de las asociaciones, federaciones, fundaciones y confederaciones sin fines de lucro”.

    Un experto en temas de corrupción consultado por DESPACHO 505, y que pidió mantener su identidad en reserva, recordó que no es muy objetivo asumir como 100% verídica la valoración de las autoridades de Nicaragua con respecto a las organizaciones sin fines de lucro, debido a la “notable mala voluntad” que ha dejado ver el régimen con respecto a ese tipo de organizaciones, contra las que ha desatado una guerra abierta, al tal punto que más de 70 ONG han sido ilegalizadas bajo señalamientos no muy claros.

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    Se debe tomar en cuenta, según el especialista, que la dictadura Ortega-Murillo ha criminalizado con el adjetivo de “terrorismo” las protestas sociales iniciadas en el 2018. En ese sentido, toda ONG que haya simpatizado con esa causa o que haya denunciado violaciones a los derechos humanos, es tildada de terrorismo, incluso, medios de comunicación.

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    El Gafilat mantiene a Nicaragua en la lista gris, desde octubre del 2020 junto a Panamá, Barbados, Jamaica, Islas Caimán,  los únicos cinco países latinoamericanos y caribeños que están en esa relación, lo que significa que son mantenidos bajo “mayor vigilancia”.

    Estos países, que tienen una mayor vigilancia por parte de Gafilat, deben seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para superar las deficiencias estratégicas que tienen en sus sistemas y cumplir con las 40 recomendaciones que establece el organismo antilavado.

    Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo informó al Gafilat que desde 2019 realizó un “análisis” de las organizaciones sin fines de lucro en el que supuestamente habría  identificado a 1,797 ONG que “podrían ser vulnerables al financiamiento del terrorismo”.

    La dictadura no revela qúe metodología utilizó para identificar esas supuestas vulnerabiidades de las ONG ante el peligro de convertirse en receptores de dinero sucio o financiantes al terrorismo.

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    El experto recuerda que en Nicaragua, tras la aprobación en diciembre del 2020, de la Ley de Agentes Extranjeros, toda ONG que no se muestre afín al régimen se pone en la mira de las autoridades del Ministerio de Gobernación, por lo cual corre el riesgo de ser señalada de lavado de activos y hasta de terrorismo, como ya ha pasado con ONG, asociaciones universitarias, universidades y medios de comunicación independientes.

    Otro fenómeno que la dictadura trata de encubrir con la criminalización de las ONG es la confiscación de valiosos bienes que han sido puestos a disposición del Estado sin los procedimientos legales establecidos en la norma jurídica del país y, en el peor de las casos, han llevado a la cárcel a funcionarios de las ONG señalados de lavado de activos, como es el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de la cual su exdirectora, Cristiana Chamorro y dos trabajadores administrativos están en la cárcel y al menos tres trabajadores tienen orden de captura.

    “Debe tomarse en cuenta que la Ley de Agentes Extranjeros es vista como una herramienta jurídica creada con un aparente fin específico, que es reprimir a la sociedad civil, acallar las voces disidentes y mantener atemorizadas a las organizaciones que puedan denunciar violaciones a los derechos humanos”, dijo la fuente.

    Con la ilegalización de las más de 70 organizaciones no gubernamentales que hasta ahora ha ejecutado el régimen Ortega-Murillo, se han eliminado también proyectos de salud comunitaria, de promoción y defensa de derechos humanos, educación, salud, desarrollo comunitario y la promoción de la democracia participativa, principalmente en la zona rural.

    De acuerdo con la fuente consultada, con ese señalamiento que pesa sobre las más de 1,700 ONG, la dictadura tiene en sus manos una herramienta que puede utilizar en cualquier momento, aprovechándose de normas establecidas por organizaciones internacionales, para continuar con el cierre de más organizaciones de la sociedad civil que le puedan resultar incómodas.

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