Hacer pública una injusticia no es cosa fácil cuando la posibilidad de represalias es inminente. Optamos por denunciar el atropello que mi familia está enfrentando con la convicción que la verdad y la razón están de nuestro lado. También porque viene de un régimen decadente y corrupto.  El cobro de 9 millones 478 mil córdobas en supuestos impuestos y la amenaza de cárcel, a mi esposa, suegra y cuñada, si no pagan esa exorbitante suma, es un acto abusivo e intimidatorio.

El esquema de terrorismo fiscal que opera en Nicaragua, está plagado de oscuros abogados, en alianza con funcionarios corruptos y un sistema judicial igualmente amañado.  Ante esto no cabe otra opción que la denuncia pública. No nos podemos dejar intimidar.

La respuesta solidaria no se hizo esperar.  Hemos recibido centenares de muestras de apoyo.  Mejor aún, estamos recabando información valiosa de otros casos. En ellos queda al descubierto el patrón intimidatorio y gansteril de parte de quienes están detrás de la “Operación McNally”, como ya se le está llamando popularmente.

Como suponíamos, la respuesta de la dictadura tampoco se hizo esperar. Tal como lo anticipamos en nuestra denuncia inicial, el recurso de amparo interpuesto en contra de la Alcaldía de Managua, fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones.

Interpondrán nueva demanda

Pero no les bastó con rechazar el recurso de amparo, sino que arremetieron nuevamente.   Después de nuestra denuncia pública nos anunciaron que demandarán civilmente.  Se trataría de una demanda ejecutiva que fue notificada por el Poder Judicial el mismo día que hicimos pública la denuncia.  Hemos sido “cordialmente invitados” por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) a mediar con el susodicho Ramírez McNally.  Obviamente no mediaremos con chantajistas. El siguiente paso es el juicio ejecutivo.  El caso no va a ser asignado por sorteo de acuerdo a la ley, sino que seguramente lo dirigirán a la sala del juzgado que ve estos casos.  Ahí ya estarán esperando, a puertas cerradas y con sentencia en mano.

En adición a la demanda penal que impone cárcel, esta demanda ejecutiva que se está abriendo va contra nuestros bienes.  El representante de la Alcaldía, Ricardo Humberto Ramírez McNally como ya todos sabemos es íntimo amigo y socio del director de recaudación de la comuna, Erick Canales.

Tal como corresponde, nos defenderemos con la verdad. Demostraremos que los exagerados ingresos que le imputan a Inmobiliaria Intermezzo solo caben en la torcida mente de unos abogados inescrupulosos, ávidos de llevarse su tajada; y de una Alcaldía que ha demostrado su voracidad ilegal por obtener recursos con amenaza de cárcel.

Si por denunciar este abuso mi esposa, suegra y cuñada han puesto en peligro su integridad física, no dejarán de hacerlo por posesiones materiales.  Si producto de este nuevo abuso se nos confiscan propiedades, este robo ayudará a desenmascarar aún más a esta red de corrupción.  Denunciamos este nuevo ataque y reiteramos nuestra posición de no dejarnos doblegar.

Seguiremos firmes contra este atropello, que atenta contra la libre empresa.  Es obvio que detrás de esto, también está el intento de intimidación política.  Aquí no hay miedo.

Demuestra descomposición de la dictadura

En un aspecto más general, al desatapar esta operación corrupta hemos puesto al descubierto la descomposición de la dictadura.  Era un secreto a voces que mucha gente estaba siendo extorsionada, si no pagaban, cárcel. Pero no se conocía la magnitud de la operación.

Ahora, gracias a nuestra denuncia, sabemos que son más de 200 empresas, pequeñas, medianas y grandes, las que están siendo víctimas de este chantaje.  Se está recopilando un expediente de pruebas que van a ser llevadas a los tribunales de justicia local –cuando esta se haya restaurado– y también a los tribunales internacionales.

Pero este esquema de intimidación fiscal, también refleja algo más profundo que no debemos dejar de lado: la descomposición del sistema que sostiene a la dictadura.  Los niveles de corrupción que están demostrando las instituciones y funcionarios nicaragüenses, solo son posibles cuando las dictaduras están desesperadamente débiles. 

No es cierto que amenazar con cárcel de manera ilegal sea un acto de fuerza.  Es en realidad un acto de debilidad.  Lo hacen porque para lograr sus objetivos, no tienen otra opción más que recurrir a la violencia.  La dictadura es débil y así debemos entender la situación. 

Ante tanta corrupción lo que corresponde es seguir denunciando los abusos y resistirse. Podrán intimidar con cárcel y podrán confiscar bienes materiales. Pero con ello solo seguirán avivando el rechazo y el repudio de la gente, que ya está harta de tantos abusos, cobros y arbitrariedades.

El autor es Director Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

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