La Arquidiócesis de Managua pidió públicamente a la Policía Orteguista «deponer» el asedio y la persecución desatada contra monseñor Rolando Álvarez, refugiado en la parroquia Cristo de Esquipulas, de Las Colinas, y el padre Harvy Padilla, de la parroquia San Juan Bautista de Masaya.
“Hacemos un llamado a la Policía Nacional a deponer esa actitud innecesaria e invitamos a orar para que las voluntades se muevan para crear un clima de entendimiento nacional”, dijo en un comunicado emitido este sábado la Arquidiócesis que lidera el cardenal Leopoldo Brenes.
Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, cumple hoy 48 horas de una jornada de ayuno, oración y exorcismo en Managua, adonde decidió quedarse desde la noche del jueves tras ser víctima de una injustificada persecución policial.
Por su parte, el padre Harvy Padilla cumple una semana de asedio en su parroquia. Este sábado la Policía cerró las calles aledañas al templo y reforzó la presencia de agentes sin explicar los motivos de estos operativos.
La Arquidiócesis de Managua denuncia que, en el caso del padre Harvy, «vive un ambiente de zozobra por si seguridad personal y la imposibilidad de ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe en un ambiente de paz y libertad”.
La iglesia reiteró que Nicaragua sigue inmersa en una problemática sociopolítica «que ha estancado a nuestra sociedad en un ambiente de inseguridad, polarización e intransigencia desencadenando una dinámica de división y antagonismos que impiden superar esta crítica situación nacional».
CEN SIGUE SIN PRONUNCIARSE
Esta es la primera reacción oficial de la Iglesia tras el asedio y la persecución de la que han sido víctimas sacerdotes en los últimos días.
No obstante, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que es la máxima autoridad colegiada de la iglesia Católica en el país, y que es presidida por monseñor Carlos Herrera, sigue sin pronunciarse.
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El pasado 4 de mayo, los diputados de la Asamblea Orteguista mediante la aprobación de un informe de consulta a supuestas «víctimas del intento de golpe de Estado» acordaron revisar las leyes penales del país para procesar a líderes religiosos.
Los parlamentarios del régimen amenazaron con enjuiciar y confiscar a los sacerdotes porque supuestamente participaron en lo que la dictadura llama «intento de golpe de Estado» en abril de 2018.
