Por NIDIA RUIZ | Marzo 8, 2021

A los 30 días de haberse aprobado la Ley contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), el 17 de julio de 2012, los movimientos feministas que la impulsaron decían que era muy prematuro hacer un balance de la legislación, aunque observaron que faltaban recursos para su aplicación, principalmente en las Comisarías de la Mujer y en la especialización de policías en temas de género, dos componentes fundamentales que eran el punto de partida de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia machista.

En papel, la Ley se había convertido en un gran logro para las mujeres y la sociedad en general  — tras meses de presión a los diputados de la Asamblea Nacional para que la aprobaran — y permitiría  atender de manera integral la violencia machista en Nicaragua, que ocho años antes había dejado 500 mujeres asesinadas. Las esperanzas estaban puestas en que la norma fortalecería una ruta interinstitucional diseñada desde 1995, en la que había un trabajo conjunto entre organizaciones de mujeres, Policía Nacional, Poder Judicial y Fiscalía.

Ya para entonces Daniel Ortega controlaba el Parlamento, y la aprobación de la Ley 779 fue vista como un compromiso del Estado para luchar contra la violencia. Sin embargo, desde 2007, cuando regresó al poder, empezó a desarticular paulatinamente toda la estructura de justicia para las mujeres, cuyo principal andamiaje estaba en las Comisarías de la Mujer y la Niñez, nacidas bajo coordinación entre la Policía y los movimientos de mujeres, principalmente.

“La aprobación de la Ley fue más politiquera que real”, dijo entonces Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual. Y en efecto lo fue. En septiembre de 2013, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la Ley 779 y su reglamento, limitando los femicidios al ámbito de pareja e incluyendo la figura de la mediación.

La reforma, ordenada por el Ejecutivo, demostró la falta de compromiso del Estado para reducir las violencias hacia las mujeres. Ortega, se encargó de desarmar todo lo que se venía trabajando desde la década de 1990, dice Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).  Una decisión que tenía más tintes políticos porque “Ortega desde 2007 empezó a perseguir al movimiento feminista de Nicaragua”.

El 30 de julio del 2014 Daniel Ortega mandó a publicar en La Gaceta el reglamento de la Ley 779, y creó las Consejerías Familiares que, según el texto, tienen como propósito “fortalecer los valores de respeto, amor, solidaridad en las familias y la comunidad”, pero que en la práctica  tenían un claro enfoque partidario. Ese fue un golpe a la dinámica de trabajo de las Comisarías de la Mujer que, finalmente, desaparecieron en 2015.

EL ORIGEN DE UNA RUTA DE JUSTICIA

Para dimensionar ese golpe hay que remontarse al inicio de las Comisarías de la Mujer. El 23 de noviembre de 1993, bajo el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y con la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se impulsó el primer proyecto piloto en el Distrito Cinco de Managua, al que además de mujeres policías se le incorporaron psicólogas, médicas y trabajadoras sociales, así como organizaciones de defensoras.

El solo hecho de que existiera un órgano de seguridad dedicado a atender la violencia contra las mujeres no significaba que a erradicar, pero sí constribuía a dimensionar el problema. Las Comisarías tenían un papel clave, porque era el inicio del recorrido que emprendían las víctimas que decidían denunciar a sus agresores.

Ruth Marina Matamoros, integrante del Grupo Venancia de Matagalpa en un artículo publicado en 2016 en la Revista Envío, recordó que ese proyecto — con una duración de seis meses y apoyado por la embajada de los Países Bajos en Managua — se dio después de un proceso de negociación tripartito, en el que participaron la Policía, el Gobierno y el movimiento de mujeres.

En el artículo, la autora identifica las etapas que siguieron. Las Comisarías de la Mujer nacieron oficialmente en 1996, y el país se convirtió en uno de los pocos de Latinoamérica en contar con unidades policiales especializadas en atender violencia de género. En otros países, como Ecuador, estas instituciones formaban parte del sistema administrativo de la justicia en el Poder Ejecutivo, según el documento Acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia: Estudio comparativo de las Comisarías de la Mujer en América Latina,publicado en 2008.

En Nicaragua, las Comisarías fueron incluidas en la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, en 1996, como una dependencia de la institución. Ese mismo año el Ministerio de Salud dictó un acuerdo, reconociendo la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública. “Esto significaba establecer normativas para la atención en salud de las mujeres que llegaran a las Comisarías, lo que después vimos que no tuvo muchas consecuencias”, señaló la feminista.

Entre 1993 a 2001 se lograron instalar cinco Comisarías con financiamiento para tres años. El Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), para entonces más activo que el de ahora, representaba al Estado en un comité técnico tripartito que dirigía las Comisarías, integrado por la Policía, el INIM y la Red de Mujeres Contra la Violencia. Algo llamativo de esta fase es que el Estado reconocía a las organizaciones de mujeres sin contar con personería jurídica.

Una segunda etapa se desarrolla entre febrero de 2001 y 2004 en la que el modelo comienza a funcionar “como una red de servicios”. Según Matamoros, otras 21 Comisarías se abrieron en los Distritos Uno, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, y Siete en Managua y en los municipios de Carazo, Granada, Masaya, Malpaisillo, León, Chinandega, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia, Chontales, Boaco, Somoto-Madriz, Bluefields y Puerto Cabezas.

Mientras tanto, en 2004 cambia el modelo y ya no se da entre los tres sectores y queda únicamente en manos de la Policía. “Se abrieron nuevas Comisarías, llegando a contar 32. Muchas de las organizaciones se coordinaron en la llamada Alianza de Centros, que brindaban atención, pero que tenían ahora como prioridad el trabajo preventivo”, apunta  la feminista.

Y un año antes de que  Ortega asumiera el Ejecutivo, el 20 de junio del 2006, la Policía Nacional convirtió las Comisarías en una especialidad, al crear la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez con el objetivo de atender la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Ese cambio trajo consigo la creación de los departamentos de Investigación, Información,  Análisis Criminológico y Prevención.

El inciso 8 del artículo 17 de la Ley de Organización, Funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, estableció que la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia es una especialidad encargada de “llevar a cabo la prevención, investigación y tratamiento de los ilícitos penales relacionados con la violencia de género, así mismo realizar en coordinación con las instituciones pertinentes y con sectores de la comunidad, la atención especializada a las víctimas sobrevivientes, de conformidad con las leyes de la materia”.

“A partir de 2008, desmanteló el modelo de atención interinstitucional, fue un proceso desde 2008 hasta 2013, y a partir de ahí hay una ruptura real, y desmantelamiento y cancelan contrato de personal civil como  psicólogas, abogadas, y después al 2015 ya se desmanteló la estructura por completo”, menciona Jiménez del MAM.

En esa línea, Martha Munguía, de la Centro de la Mujer Acción Ya, en Estelí, recuerda que si una mujer llegaba a un centro asistencial con señales visibles de haber sido golpeadas o con una crisis producto de los abusos tanto físicos como verbales, las autoridades del Ministerio de Salud (MInsa) llenaban un formulario en el que  identificaban los signos de abuso y luego era remitida a una unidad especial en la que estaban involucradas  organizaciones de mujeres para que le dieran acompañamiento en el proceso de poner la denuncia.

“Todo eso se eliminó. Entonces quitaron a las organizaciones de las comisiones intersectoriales donde analizábamos los casos, analizábamos el comportamiento, y cómo aplicábamos el modelo de atención”, comparte Munguía, a la vez que hace énfasis a las organizaciones de mujeres actualmente les tienen prohibido llevar ese tipo de casos.

Ese drama lo grafica con un caso que atendió en el que los oficiales de la Policía le dijeron a una señora que, si llegaba a la unidad a interponer la denuncia, acompañada del Centro Acción Ya perdía el caso. Ante eso, la organización le recomendó una abogada particular, pero al final la mujer decidió desistir de poner la denuncia ya que la mandaron a mediar con el agresor, orientación que no aceptó.

A los 10 años, y tras desmantelar la Ley 779 en 2013, el régimen de Daniel Ortega decide que las Comisarías pasaran a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en un retroceso a cuando no existía en 1990, que la violencia contra las mujeres era visto como como un delito más. “El Gobierno vio eso como una fortaleza, al ser un ente especial a parte de la institución, pero terminó de desmantelarlas”, señala Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres.

Las mujeres quedaron sin una instancia a la que acudir, y en su lugar encontraron estaciones atendidas por personal que no estaba capacitado ni sensibilizado sobre estos delitos. Datos oficiales demuestran que el trabajo de las Comisaría se reflejaba en miles de denuncias de mujeres que sufrían violencia. En 2004 hubo 48,846, mientras que en 2010 el número alcanzó. Un año después la cifra fue de 160,000. Si se compara con datos de octubre de 2020, año en que el régimen decidió reabrir las Comisarías, sólo 587 mujeres decidieron denunciar.

Cuando se aprobó la Ley 779 las mujeres confiaron que contribuiría a vivir una vida libre de violencia, pues su aspecto era amplio e integral que  sancionó todos los delitos que las mujeres pedían que se reconocieran, como el femicidio. Además, creó  tribunales especializados en violencia, con jueces capacitados. “Fue una gran conquista”, evalúan. Pero sólo fue una satisfacción que duró poco. Ortega luego embistió con fuerza y dejó a un lado la vida de las mujeres, sin darles posibilidad de que accedieran a la justicia.