Por José Denis Cruz | Marzo 8, 2021

Las mujeres de Nicaragua están siendo asesinadas a golpes, balazos, estranguladas o acuchilladas, a manos de hombres. Los datos de 2020 revelan un incremento de la violencia machista: hubo 71 femicidios y se convirtió en uno de los años más letales para ellas en la última década, sin que el Estado reaccione a la problemática pese a las alertas lanzadas por las defensoras. A ese repunte se le suma la impunidad: la mayoría de los femicidas burlan la justicia.

Maryce Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), es una de las voces que se ha alzado para pedirle al Estado que no siga minimizando los femicidios ni la diferentes formas de la violencia machista. “Siempre ha existido la impunidad, pero ahora la vemos en niveles alarmantes”, dice en esta entrevista.

La organización que representa Mejía presentó este año un estudio sobre cuatro sentencias de femicidios en los que se halló vacíos legales que generan mensajes estatales de  permisividad a las violencias contra las mujeres. En ese sentido, destaca que las instituciones del país carecen de una política de género que deriva en más impunidad, muestra de eso es que dos de los cuatro casos analizados se testificó como robo agravado y no como femicidios. El Estado no está aplicando la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), reprocha.

Casi el 70% de los femicidios no alcanzan justicia, ¿por qué tanta impunidad?

Hay que mencionar que ha incidido el cierre de las Comisarías de la Mujer, que en 2014 ya no había ninguna. La impunidad ha sido sistemática, y hay otros factores como las reformas que se le han hecho a la Ley 779, como la que limitó los femicidios al ámbito de pareja. Las reformas a la ley, en vez de contribuir a disminuir los femicidios han aumentado. El Estado minimiza  que la violencia contra las mujeres es generalizada, por lo tanto, el femicidia puede ser un desconocido, un amigo, un vecino. Eso ha repercutido mucho en que estos delitos se les llame por su nombre, son crímenes de odio contra las mujeres. Este cambio ha invisibilizado las cifras y han tapado la realidad de la violencia y el Estado ha tenido una actitud pasiva. Existió, en su momento, un modelo integral contra la violencia, pero ahora no, y había una coordinación entre las instituciones del Estado, el Ministerio de Salud, los juzgados, el Ministerio Público, la Policía  y las organizaciones de mujeres.

¿Y las organizaciones de mujeres qué rol tenía?

Hasta 2014 había esa coordinación con las organizaciones de mujeres, y capacitaron a funcionarios públicos para que atendieran a las mujeres. De 2014 a la fecha esas oportunidades de coordinación se vinieron cerrando. Eso ha repercutido en las atenciones. Luego vino la otra reforma de las Consejerías de Familias, en las que mandaban a las mujeres a mediar, a perdonar al agresor, poniendo en riesgo sus vidas Cuando una mujer llega a poner una denuncia es porque ya no aguanta más, y si el Policía te dice mediá, la manda de regreso para que la vuelva a agredir.

Hagamos un antes y un después de 2014, año que aún funcionaba esa ruta interinstitucional y coordinación con las mujeres. ¿Ha habido más impunidad?

La violencia contra las mujeres siempre ha existido, los niveles de impunidad, también. La Ley 779 es reciente y antes estaba la Ley 230 (Reforma y Adiciones al Código Penal), que era la ley especial donde se incluía la violencia intrafamiliar. Hubo muchos logros con la Ley 230, las mujeres marchaban y visibilizaban la violencia, pero pienso que ahora se ha incrementado la impunidad porque el Estado ha invisibilizado esta violencia. El Estado tiene prácticas contrarias a los derechos humanos. Siempre ha existido la impunidad, pero ahora la vemos en niveles alarmantes porque en 2020 hubo 71 femicidios, superando la cifra de 2018, y la mayoría están en completa impunidad. No se ve la violencia contra las mujeres desde un punto de vista de género, sino como un problemas más.

La Red de Mujeres realizó un estudio sobre la impunidad,
¿cuáles fueron los principales hallazgos?

Desde el Ministerio Público los alegatos y las evidencias favorecen al agresor, no tipifican los femicidios, reducen la mirada de la violencia contra mujeres al ámbito privado. Miramos un Ministerio Público obsoleto, con lenguaje excluyente, que se refiere a los femicidios de forma discriminatoria. Por ejemplo, en un alegato dijeron que una niña sostenía relaciones consensuadas con su femicida. Culpaban a la víctima de lo que ocurrió, eso fue un femicidio contra una niña. El agresor se aprovechó de la pobreza y por ser niña, la acosó desde que tenía 10 años, y no se tomó en cuenta.

Había una ruta interinstitucional para atender la violencia contra las mujeres: ¿Qué peso tiene un policía, un fiscal cuando ve estos crímenes con una perspectiva de género y eso cómo aporta a la justicia?

Tienen un peso muy grande. Todas las instituciones deben estar preparadas y aplicar una política con perspectiva de género, y un protocolo de actuación en el que se ponga en primer lugar la vida y protección de las mujeres. Tiene un gran peso porque si esa persona está sensible y preparada, te aseguro que la víctima tendrá justicia. Necesitamos personal especializado en todas las instituciones. Es una cadena, una ruta crítica de atención especializada.

Pero parece que el machismo ha permeado en todas las instituciones públicas del país...

Sí, el Estado es machista. Hubo avances en especializar a los funcionarios, pero de 2017 a la fecha desaparecieron, ya no hay ese modelo de atención, las Comisarías abrieron pero no se evidencia en la atención a las mujeres. La violencia machista aumenta desde el Estado. Las mujeres denuncian y no las toman en cuenta. Minimizan la problemática.

El Estado en sí tiene una actitud machista…
¿cómo incide eso en la violencia?

Sí, es machista. Nosotros como sociedad tenemos conocimiento, las mujeres están conscientes del maltrato, las redes sociales han favorecido, pero de qué sirve que una mujer sepa que vive violencia si al denunciar a su agresor no está siendo atendida, o si el mismo Estado no ve como prioridad la violencia contra las mujeres. La Ley 779 dice que no solo hay que tratar el problema desde lo punitivo, tiene que ver haber prevención, sensibilización entre todos los sectores sociales.

¿Cuál es su posición con la reciente reforma constitucional
para establecer la pena de prisión perpetua?

Nosotras hemos dicho que la cadena perpetua no garantiza el acceso a la justicia. Hemos visto prácticas contrarias porque han dado indultos a femicidas y violadores, y que andan cometiendo delitos. Hemos visto que los casos se manipulan, y que a lo mejor echan preso al agresor, y luego lo sueltan por falta de pruebas, entre comillas. La cadena perpetua es contraria a los derechos humanos, a estas altura no puede haber cadena perpetua. El sistema penitenciario es para transformar la conducta del delincuente, pero el delincuente sale peor.

Más de 20,000 presos comunes, entre violadores y abusadores han salido de las cárceles en los últimos tres años. Si bien la cadena perpetua no contribuye a disminuir los femicidios, sí es importante que haya condenas duras, de la mano de una política de prevención y sensibilización.

De qué sirven que promuevan la ley, si están sacando presos comunes. Hay tantas violaciones de derechos humanos, y no hay confianza en la aplicación de esta ley. Muchos analistas dicen que será usada contra los opositores. No es esa la solución a la violencia machista. Se tiene que escuchar a las víctimas y reparar los daños, hay mujeres con discapacidad, secuelas sicológicas.

¿Qué opinión tiene del Gobierno de Daniel Ortega, hay un discurso de que Nicaragua lucha contra la violencia, pero los datos demuestran otra realidad, desde el Estado ni siquiera hay cifras confiables?

Este Gobierno es populista, con el discurso levantan gente, la gente hasta apoyó con firmas la pena de cadena perpetua. Él quiere generar apoyo popular, pero es contradictorio a la práctica, porque escuchás a la vicepresidenta Rosario Murillo hablar de amor y paz, pero por otro lado reprimen, y es parte de la perversidad de este Estado. Amor y paz y justicia es encarcelar y reprimir los derechos fundamentales.

Las Comisarías de la Mujeres reabrieron hace un año, ¿ustedes esperan algún resultado si partimos de que no hay funcionarios especializados?

No tendrá ningún impacto, podrá haber una sala en la estación, pero si adentro hay un funcionario que culpa y revictimiza a la víctima, no tendrá efecto. Más bien aumenta la desconfianza y hace que las mujeres no denuncien. Eso es parte de la impunidad, la práctica de indefensión, generan impunidad.

Hablaba de políticas integrales, ¿cuáles se podrían aplicar?

Se deben impulsar campañas de prevención, sensibilización, enfocado en educación en las escuelas y  universidades. Es importante que desde pequeño los niños vayan cambiando la perspectiva de qué es ser niña y qué es ser niño. Hay que visibilizar los derechos que se han invisibilizado históricamente, hay que reconocer el problema primero.

¿Cuál es la situación de la impunidad en las zonas rurales,
ahí es más difícil acceder a justicia?

Los niveles de femicidios te lo indican, los tres departamentos con mayor violencia son la Costa Caribe, Matagalpa y Managua. Las mujeres tienen poco acceso a recursos  y cuando van se encuentran a un macho en la estación que encubre a los femicidas. En las zonas rurales los policías no conocen la ley ni saben definir los femicidios. Las mujeres enfrentan todos los días obstáculos para acceder a la justicia, y cuando es así, desisten.

¿Hay una resignación de familiares
por las fallas en el sistema de justicia?

Sí, hemos visto familiares que más bien salen huyendo porque saben que el agresor anda libre, o que puede salir a los tres meses. La impunidad no es solo con indulto, ha habido tráfico de influencia históricamente, y eso genera impunidad. Por ejemplo, el femicidia es amigo de un policía, y es encubierto.

¿Qué rol juega la sociedad para contribuir
a erradicar la violencia machista?

En primer lugar, reconocer que tenemos un problema contra las niñas y mujeres. Hay cifras alarmantes. Si no reconocemos la magnitud del problema no vamos a actuar, y eso va para la empresa privada, el Estado, la Iglesia. Segundo, ver desde nuestros recursos qué podemos hacer. La empresa privada ha puesto a las mujeres en subordinación porque las relegan a las maquilas, trabajos domésticos, por eso es importante que la empresa privada impulse políticas de género.La Iglesia tiene una tarea grande porque si una mujer vive violencia le dicen que perdones, que ore por él, hasta justifica que lo hizo porque andaba borracho, que ella lo provocó. La violencia no es cuestión de perdón, es de deconstruir lo que hemos aprendido.

¿Cómo avizoran este año, se espera un aumento de la violencia política, es decir que las mujeres no serán prioridad para la institución que debe protegerlas?

Estamos preocupadas, alarmadas porque la violencia se incrementa en todo el país. Con estos niveles de impunidad, corrupción del Estado, no van a disminuir los femicidios, más bien se van a incrementar. Las desapariciones de mujeres y niñas nos tienen preocupadas, cada semana desaparecen y no sabemos de ellas, y el Estado no da seguimiento. Luego, terminan asesinadas violadas y golpeadas. Es un año inseguro, sin acceso a justicia, la Policía está en función de perseguir opositores y no erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando hay un femicidio no hay policías, cuando un femicida está prófugo no hay policías. Se ha institucionalizado la impunidad, la injusticia, pero sí hay para perseguir opositores. Las prácticas del Estado son adversas para garantizar los derechos humanos.

¿Y cuál es la situación de las defensoras?

Asedio constante, criminalización, desaparición de las organizaciones. Muchas organizaciones están cerrando porque tienen miedo a ser controladas por el Ministerio de Gobernación con la Ley de Agentes Extranjeros. Estamos preocupadas porque puede haber repercusión contras las defensoras de territorios que viven en comunidades y acompañan día a día. Ante eso, estamos incrementando las medidas de seguridad, el panorama que viene no es fácil.