El conflicto en la clasificación del delito entre la Policía y las organizaciones de mujeres se da a partir de la publicación del reglamento de la Ley 779 decretado por Daniel Ortega el 31 de julio de 2014.  En el artículo 9 del texto original de la Ley, se define: Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela; como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo; por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación; por misoginia.

  A criterio de defensoras de mujeres el texto original de la Ley es más amplio en su definición de femicidio, y es acorde a la legislación de estos crímenes que se aplica en otros países de la región. Sin embargo, el reglamento impuesto por Ortega reduce la aplicación de la figura de femicidio al “delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja”.

 La reforma y el reglamento aprobado en 2014 es una jugada política del Gobierno de Daniel Ortega para “maquillar” las cifras de violencia contra la mujer en el país y presentar un panorama distinto a la comunidad internacional, cuestionan las defensoras.

“Por eso es que el Gobierno se jacta de decir que Nicaragua es uno de los países con menos femicidios, con menos crímenes contra mujeres, pero no es que no se den, es que en la práctica los están ignorando. En cualquier caso, sea asesinato o femicidio, la realidad es que hay una impunidad de casi 70% en los crímenes contra mujeres desde que se legisla el femicidio en este país”, enfatiza Martha Flores, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

Tras la reforma, el Gobierno también ordenó el cierre de las Comisarías de la Mujer que estaban adscritas a la Policía, y que tenían la obligación de dar trámite a las denuncias e investigar delitos de género. Las Comisarías estuvieron cerradas desde 2014 hasta 2020, año en que dio inicio un proceso de reapertura paulatina. Todavía las autoridades no presentan informes sobre el servicio que prestan las nuevas Comisarías de la Mujer, como la cantidad de denuncias atendidas y el número de casos referidos al Ministerio Público.

Tampoco han aportado información sobre el curso y desenlace de los procesos judiciales, de tal forma que las violencias contra las mujeres son mantenidas bajo el velo de la discrecionalidad.

Una evidencia de que la violencia contra las mujeres no es prioridad de quienes gobiernan el país es la inexistencia de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, una instancia especializada e inclusiva para abordar la situación de violencia contra las mujeres, establecida en el artículo 52 de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, señalan las autoras del estudio Sentencias de femicidios que refuerzan la Impunidad.  En 2019 la administración de Daniel  Ortega anunció la conformación de una Comisión con este enfoque, integrada por instituciones gubernamentales, pero nada se sabe sobre sus ejes de trabajo.

“LA JUSTICIA ME HARÍA SENTIR UN POCO DE PAZ”

Bertilda Simons, la madre de Eliza, se siente decepcionada, desgastada e ignorada tras un largo y costoso camino en la búsqueda de justicia por el femicidio de su hija.

Eliza era su única hija y su sustento de vida. Le dio seis nietos: tres varones y tres mujeres que ahora “sobreviven a como pueden”, dice apesarada.

“Cuando mi hija estaba viva, compartía todo conmigo, ella me mantenía era mi única hija, la que sustentaba mi comida y mi ropa, ella me ayudaba. Desde que me la mataron hoy me he quedado sola, desamparada”, explica la anciana de 74 años.

Bertilda ya perdió la cuenta de las veces que ha ido a la Policía de Bilwi a preguntar sobre las investigaciones del femicidio de su hija.  Han pasado tres años del crimen y la respuesta siempre es la misma: el silencio.

“Hoy estoy sola y triste. Aunque no me sanará la herida, si lo echan preso tal vez sentiría un poco de paz en mí, por saber que se hizo justicia. Siento que en Nicaragua no hay leyes, por eso los hombres solo piensan en matar y maltratar a las mujeres. El Gobierno debe revisar estos casos”, reclama la madre.

 Para disminuir los altos índices de violencia e impunidad en el Caribe, Nubia Auxiliadora Hammer Taylor, de Amica, considera que hace falta formación entre el personal de las instituciones encargadas de impartir justicia, ya que, generalmente, culpan a la víctima de la violencia que busca apoyo en las autoridades y las obligan a regresar donde su agresor.

“Cuando una mujer va a la policía a denunciar que es víctima de violencia y no es escuchada probablemente esa mujer ya no vuelva, y quien va ir a denunciar será un familiar para decir que está muerta”, lamenta.

La defensora caribeña, cuenta que en los Juzgados de esa región a las mujeres les niegan acceso a las audiencias si acuden en chinelas y exigen que se presenten con zapatos a sabiendas de su precaria condición económica.  Y en la Policía cuando una víctima toma la decisión de denunciar la cuestionan y minimizan los hechos, incluso cuando llevan pruebas de la violencia que sufren no dan lugar a las investigaciones.

De los 581 femicidios registrados desde enero de 2012 hasta diciembre de 2020, el 29.3 por ciento ha ocurrido en la región del Caribe, convirtiéndose en la zona más violenta para las mujeres en el país.  En el Caribe Norte y Caribe Sur se han documentado 172 femicidios, 86 respectivamente. Y detrás de esto está el abandono estatal histórico que padecen estas poblaciones y que se ve evidenciado en la ausencia o limitados servicios de instituciones públicas, como la Policía y el Ministerio Público. Se suman otros factores, sociales y geográficos ya que el Caribe es un territorio extenso con deficiente conectividad terrestre que dificulta el acceso a muchas comunidades.

“El mayor problema que tenemos en el Caribe, donde no solo es la región con mayor índice de femicidios, sino donde más impunidad hay, es que cuando matan a las mujeres la Policía se entera tarde, a veces hasta días después cuando ese hombre ya huyó a la montaña, no saben ni quién es, ni tienen la mínima intención de buscarlo y el caso ya quedó así, impune”, explica Martha Flores, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

Yamileth Torres, integrante de la Red de Mujeres del Norte, revela que en las comunidades y en las regiones donde trabajan “las mujeres se quejan de falta de atención, porque no hay recepción de denuncias (en las comisarías), no hay una persona profesional que esté para ellas, entonces las denuncias están quedando en el aire”, lamenta.

LA IMPUNIDAD ES ABONO PARA LA VIOLENCIA MACHISTA

Las organizaciones de mujeres han denunciado a lo largo de estos años la impunidad como una de las causas que contribuyen a propagar la violencia machista. No es la única causa, pero es importante, dicen, porque es una obligación del Estado garantizar el acceso a la justicia y velar por las víctimas.

“El Estado tiene la obligación de prevenir la violencia, pero también tiene el deber de proteger a las víctimas antes de que las maten, lo cual no hace, pero cuando desgraciadamente asesinan a una mujer por razones de género el Estado tiene la obligación de aplicar las leyes”, señala María Teresa Blandón, socióloga y directora del Programa Feminista La Corriente.

¿Qué impacto tiene? Al no ejercer la acción penal el Estado está diciendo que no le importa la vida de las mujeres. Deja a las mujeres en la indefensión y los agresores asumen que las pueden matar sin pagar por ese delito.

La activista critica que en Nicaragua “hay un montón de hombres que ni siquiera han caído presos, que no han sido investigados y algunos que pueden pasearse tranquilamente en los mismos lugares donde asesinaron a las mujeres”.   La impunidad tiene otro efecto aún más peligroso, explica Blandón, y es que la gente deja de creer en el Estado, en las instituciones públicas y, por tanto, dejan de denunciar.

“En este país hay una cultura del aguante, un sentimiento real de vulnerabilidad. Las víctimas de violencia saben que no sirve de nada ir a la Policía si de previo asumen que no va a pasar nada.  Con Ortega – Murillo la Policía dejó de dar atención a las denuncias por violencia. Tanto así, que luego salieron diciendo que habían reducido la violencia contra las mujeres cuando ni si quiera registraban las denuncias en el sistema”, sostiene.

La mediación es otra barrera. Las autoridades han utilizado ese recurso legal para ocultar situaciones graves de violencia contra las mujeres.  “Las pocas mujeres que denuncian, muchas veces las mandan a mediar y las terminan matando. También hay jueces que, contrario a la ley, empezaron a liberar a los agresores. Hay tolerancia, hay complicidad y hay corrupción”, denuncia la activista.

CUANDO SE IGNORA EL DOLOR

Además del impacto social de la impunidad, esta tiene consecuencias profundas en las familias de las víctimas, es un desprecio enorme al daño provocado:  “No solo es que el Estado le dice que la vida de esas mujeres no les importa y que no van a destinar recursos para investigar. Les está diciendo que no tienen derecho a la justicia. Esto es grave porque pervierte el papel del Estado y la ley porque la deja en papel mojado”, comenta la socióloga María Teresa Blandón.

Buscar justicia en un país donde las instituciones no muestran interés por conseguirla no solo es desgastante si no caro, y la mayoría de las familias de víctimas de femicidio no tiene capacidad económica para pagar una defensa privada.

“La tónica ha sido que los femicidas se pavonean por las calles con la complicidad de las autoridades. Las mujeres viven con miedo y sus familias viven con miedo porque se saben en un Estado que no les protege. Se han cansado las familiares de las víctimas de ir a la Policía, a los juzgados, a la Fiscalía, de repetir una y otra vez la misma historia y se dan cuenta que la vida de estas mujeres no importa. Por eso es que la impunidad es tan dañina”, reafirma Blandón.

UN PROBLEMA REGIONAL

Los altos índices de violencia machista e impunidad en Nicaragua son parte de un problema que trasciende las fronteras. América Latina es una de las regiones del mundo más violentas para las mujeres y donde la impunidad lejos de disminuir, aumenta.

En México el escenario se complejiza en el seguimiento y documentación de los casos a lo largo de la cadena de justicia. Datos de la organización Impunidad Cero indican que en 2020 hubo al menos 1,012 femicidios, el mayor dato desde que se tiene registro. El 54.1 por ciento de los crímenes quedaron impunes.

En Honduras, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma reporta que en promedio 11 mujeres son asesinadas a diario en ese país y que el 90 por ciento de los casos ocurridos durante los últimos 15 años sigue impune.

El Salvador es considerado por Amnistía Internacional como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres con una tasa de 12 femicidios por cada 100.000 habitantes, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.

ONU Mujeres atribuye los altos índices de impunidad a la falta de comprensión de las autoridades de seguridad pública para entender la desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de su vida; la falta de capacidades y de respuesta institucional adecuada; la revictimización e insuficiente atención brindada a las denuncias; las omisiones y falta de rigor científico en las investigaciones; y las violaciones al debido proceso.

El cúmulo de errores no es excepcional, sino la constante, asegura la analista jurídica y abogada mexicana Surya Palacios: En las oficinas del Ministerio Público y Fiscalías se niegan a recibir las denuncias sobre femicidios, se duda de los testimonios de los familiares, no se busca a la desaparecida, y en el mejor de los casos, la pesquisa consiste en enviar oficios a otras dependencias y pedir a la familia que saque copias de un volante.

A esto hay que añadir que además de la impunidad en la que quedan la mayoría de femicidios, prima la falta de sanciones entre el personal encargado de investigar los casos de violencia en contra de la mujer.

“Los Ministerios Públicos se niegan a recibir las denuncias porque pueden, porque institucionalmente nadie los castiga, no hay sanciones por no cumplir con sus obligaciones, al contrario, se les insta a seguir en la misma dirección, pues entre menos denuncias reciban, mejor es el desempeño cuantitativo de la dependencia”, explica Palacios en un artículo publicado en Alto Nivel, de México.

LA CADENA PERPETUA EN NICARAGUA

Dos días después del femicidio contra dos niñas de 10 y 12 años, de Mulukukú (Caribe Norte de Nicaragua) en septiembre del año pasado, Daniel Ortega pidió a la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia que trabajaran en una propuesta de reforma a la Constitución para imponer la pena de prisión perpetua.

El Ejecutivo dijo pretender condenar los “crímenes de odio” con la pena de cadena perpetua poniendo como ejemplo el caso de las niñas de Mulukukú.

Sin embargo, el término es ambiguo ya que en la propuesta no se define y la interpretación de lo que es un crimen de odio queda en manos de jueces controlados por el Gobierno. Organismos de derechos humanos y defensoras de las mujeres consideraron que se trata de una herramienta represiva que sería utilizada con fines políticos y no para castigar a los femicidas.

Pese a la crítica, el 10 de noviembre la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua. Y en enero de este año dicha reforma fue aprobada en segunda legislatura y la cadena perpetua fue puesta en vigor; hasta ahora no ha sido aplicada a ningún femicida.

María Teresa Blandón considera que la cadena perpetua no es la solución a un problema tan complejo como la violencia machista.

“Podemos entender que la familia, en algunos casos, pida cadena perpetua porque hay un dolor imborrable y es muy difícil llegar al perdón. Sin embargo, nosotras no creemos que esa sea la solución a un problema tan complejo como la violencia machista. Si metiéramos de por vida a los femicidas y los violadores, van a salir para ser enterrados. ¿Y qué resolvemos con eso?”, cuestiona la experta.

Blandón considera que el Estado no puede seguir siendo cómplice de los agresores y debería aplicar con rigurosidad las leyes vigentes en la materia. “Se necesita invertir más en prevención, educación, sanción a los agresores, acceso a la justicia y reparación a las víctimas”, plantea.

Y es que el aumento de los femicidios, que es la culminación de una cadena de acciones violentas contra la mujer, exige respuesta integral, que involucre al conjunto de la sociedad para romper la cultura de violencia.

“Tenemos que empezar a colocar las cosas en su lugar. Las mujeres no somos inferiores a los hombres, no somos cosa, no tenemos que estar en un segundo plano. Las mujeres no nacimos para satisfacer al hombre. Los hombres y las mujeres deben empezar a cambiar, pero el Estado tiene una responsabilidad muy grande. Se debe tener un marco legal sólido para definir claramente qué es lo que no se debe hacer y decir claramente cuál es el castigo que se va poner”, enfatiza Blandón al señalar la necesidad de impulsar cambios culturales en las ideas que fomentan la violencia machista.

Otro elemento imprescindible es cumplir con las leyes, “no se puede seguir ahondando esta enorme brecha entre lo que dice la ley y lo que realmente se hace, que es que no se hace nada”, enfatiza cuando en Nicaragua las mujeres alertan de un clima de violencia cada vez más alarmante: el año pasado este flagelo dejó  71 víctimas, seis por mes. En lo que corre de 2021 se cuentan once femicidios, siete en el mes de febrero.