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El Despacho

Indio Maíz, la tragedia ambiental que encendió la chispa de la resistencia cívica en 2018

Un total de 5,551.33 hectáreas de bosque fueron alcanzadas por el fuego iniciado el 3 de abril del año pasado, el 44% corresponde a la Reserva Biológica Indio Maíz. Ese mismo día también comenzó a encenderse la chispa de la resistencia ciudadana que quince días más tarde desencadenó en un estallido social sin precedentes.

El martes 3 de abril de 2018, a unos 300 kilómetros de Managua, en la comunidad Siempre Viva del municipio San Juan de Nicaragua, la espesa selva de la Reserva Biológica Indio Maíz comenzó a arder. El fuego fue detectado en su fase inicial y las alarmas llegaron a las pocas horas, pero transcurrieron tres días sin que las autoridades de gobierno activaran contingentes de mitigación para evitar la catástrofe ambiental.

En diez días de fuego sin control, un total de 5,551.33 hectáreas de bosque fueron arrasadas. El 44% de los daños se concentraron en la Reserva Biológica Indio Maíz, y el restante 56% en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, según un estudio elaborado por el Centro Humboldt, Fundación del Río y la Universidad Centroamericana, con el apoyo de los gobiernos comunales, que será presentado este miércoles, a un año de la catástrofe ecológica.

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, organización ambiental con 29 años de trabajo por la conservación de las áreas protegidas del sureste de Nicaragua, recuerda que en la tarde del martes 3 de abril, los dirigentes de los gobiernos Rama y Kriol, les informaron de un pequeño incendio a 4 kilómetros del municipio San Juan de Nicaragua, en Siempre Viva, sobre la ribera del río Indio.

Mediante satélites comprobaron la existencia de tres puntos de calor e inmediatamente emitieron la alerta.

“Sabíamos la situación de riesgo que se presentaba en la zona, sobre todo de cara a un incendio, porque podría aumentar su magnitud debido al material forestal que había dejado el impacto del huracán (Otto), sumado a los fuertes vientos y la época de verano; eran los factores que visualizamos para emitir una alerta a nivel nacional”, rememora Ruiz, quien se encuentra en el exilio luego que el régimen de Daniel Ortega retirara la personaría jurídica de su organización y ocupara sus equipos y oficina.

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En la capital, ese martes también comenzó a encenderse la chispa de la resistencia ciudadana que quince días más tarde desencadenó en un estallido social sin precedentes que el régimen reprimió con fuerza letal, causando entre 325 y 500 muertes, una cantidad no precisa de personas desaparecidas y 802 prisioneros políticos.

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Madelaine Caracas, para entonces integrada en la lucha feminista y sensible a la situación de vulnerabilidad de otros sectores sociales, como las comunidades indígenas que estaban en riesgo con el incendio en la reserva biológica, fue una de las primeras en alzar su voz.

Inicialmente, Twitter y Facebook se llenaron de mensajes de  indignación ante la falta de información sobre el hecho que, aunque distante, resultó prioritario para jóvenes que tenían clara la dimensión de la gravedad y el valor vital del recurso, dice Caracas.  

La Reserva Biológica Indio Maíz, localizada al suroriente del país, es uno de los más valiosos recursos naturales, su importancia radica en los servicios ecosistémicos que provee al país y al mundo, captando gases de efecto invernadero, proveyendo agua, manteniendo un microclima local y aprovechándose para el turismo y la investigación. Además, sus 3,156 kilómetros cuadrados, son hábitat de decenas de especies animales y vegetales. La reserva alberga el 70% de la biodiversidad del país y en ella habitan las comunidades originarias Rama y Kriol.

ERRORES QUE DESPERTARON CONCIENCIA

A un año del suceso, Amaru Ruiz repasa los eventos e identifica una cadena de errores en el manejo de la emergencia por parte del gobierno.

El Gobierno fue “negligente” concluye, identificando como la principal falla la falta de acciones preventivas.

Ante el incendio Ruiz considera que las autoridades fallan al apartar a las organizaciones con presencia en la zona y tratar de centralizar la información, mediante el bloqueo a medios de comunicación independiente, “cuando la población estaba viendo a través de las redes sociales la envergadura”.

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el Sistema Nacional de Prevención de Desastres (Sinapred) “no tenían el monitoreo de puntos de calor en tiempo real, a pesar que el acceso a la información que suministra la NASA es gratis y está disponible, esto también lo denunciamos”, menciona el presidente de la Fundación del Río, organización que es parte de las nueve oenegés a las que el régimen canceló su personaría jurídica.

Para el 6 de abril, la Fundación del Río junto organizaciones miembros del Grupo Cocibolca y autoridades locales, a través de redes sociales y medios de comunicación independientes ya alertaban de un fuego sin control que avanzaba hacia la zona núcleo de la Indio Maíz. La afectación estimada superaba las 3,000 hectáreas, pero la vicepresidenta Rosario Murillo, desde los canales oficialistas sostuvo que se trataba de “noticias falsas”, porque el evento no representaba peligro para la población.

“Con estas cosas tan serias, que tanto nos preocupan, que tanto nos conmueven y que ponen en riesgo la flora, la fauna y a los seres humanos en todas estas zonas, no deberíamos jugar”, dijo, y 24 horas más tarde informó sobre el decreto de alerta amarilla por incendio en diez departamentos del país, incluido Río San Juan.

Luego trascendió el rechazo de la ayuda humanitaria ofrecida por Costa Rica, una decisión desafortunada, dice Ruiz al aseverar que la Unidad de Bomberos Forestales de Costa Rica, son los mejor calificados en la región capacitados por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Fue ese evento lo que trasladó los reclamos en redes sociales a las calles de Managua bajo el movimiento SOS Indio Maíz, recuerda la líder estudiantil Madelaine Caracas quien junto a Eloisa Altamirano se pusieron al frente de las primeras protestas.

“El rechazo de la ayuda fue recibido como un golpe directo para Nicaragua y el bienestar de la población y las comunidades indígenas”, cuenta la joven cuya activa participación en las manifestaciones cívicas la llevó a integrar la Coordinadora Universitaria por la Democracia, agrupada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

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El 10 de abril fue el primer plantón frente a la Universidad Centroamericana, al que acudieron alrededor de 300 personas. Sin conocerse ni planearlo ese día los jóvenes comenzaron un proceso histórico en Nicaragua. Repitieron otra manifestación el 12 de abril, que fue reprimida por la Policía y turbas orteguistas que organizaron una contra marcha.

Caracas revela que fue en esos espacios que se reconocieron y comenzaron a perder el miedo ante el poder. “Los jóvenes no teníamos acceso a la información, ni participación política y había un gran poder ejercido por la dictadura y de repente la lucha por tus derechos te hace sobrepasar el miedo”, reflexiona.

El incendio solo pudo ser frenado con el apoyo técnico de El Salvador, Honduras y México.

Las autoridades presentaron al campesino Miguel Ángel Díaz Sevilla, como el responsable del incendio y presentaron como evidencias en su contra un encendedor y fotografías del terreno utilizado para la siembra y donde se ubicaron los focos de incendio.

El hombre quedó en libertad y solo fue castigado con horas de trabajo en la municipalidad de El Castillo.

MEDIOAMBIENTE DEBE ESTAR EN AGENGA DE DIÁLOGO

Con la respuesta de los jóvenes ante la emergencia ocurrida el año pasado en la Reserva Biológica Indio Maíz quedó demostrado “que existe una conciencia ambiental cada vez más fuerte, en la que se exige que el gobierno tome acción en función de los problemas ambientales que venimos sufriendo el país” dice Amaru Ruiz, al plantear que el tema ambiental debe ser un punto de agenda en cualquier diálogo político y cualquier iniciativa de transformación del país, como las que se llevan entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica para buscar una salida a la crisis sociopolítica en el país.

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“Entendemos que no tenga la prioridad de otros temas que son de alguna manera más urgentes, pero eso no quiere decir que los actores políticos dejen por fuera el tema ambiental, si no más bien deben incorporarlo a su agenda de trabajo”, añade el director de la Fundación del Río.

FUNIDES: EL GOBIERNO DEBE ACTUAR

La Fundación para el Desarrollo (Funides) recuerda que es la función del sector público prevenir y preservar las áreas protegidas. No obstante, califica de ambicioso el Plan de acción contra incendios forestales y agropecuarios en áreas protegidas del gobierno, mediante el cual se propone reducir a la mitad este tipo de eventos respecto a 2018, que en su mayoría están asociados a malas prácticas arraigadas en los procesos agrícolas y caza furtiva.

“Para alcanzar el ambicioso objetivo de reducción de incendios es vital que se trabaje en la prevención y la identificación de zonas de riesgo potenciales… A la identificación de las zonas de riesgo, le debe seguir la elaboración de los planes de prevención, específicos de cada zona”, propone el Funides bajo la advertencia: “no queda mucho bosque primario en Nicaragua, si no logramos controlar pronto el problema de los incendios forestales y el avance de la frontera agrícola, los bosques primarios quedarán reducidos a unos cuantos parques nacionales pequeños en lugares turísticos”.

Las proyecciones “de baja humedad, baja precipitación y considerables movimientos de masa de aire por las diferencias de presión atmosférica, aumentan la probabilidad de incendios en este año”, advierte Funides, que califica de alarmante la ocurrencia de incendios en sitios con especies únicas y con poca presencia en la mayor parte del territorio, como son las áreas de pino y manglar. 

Menciona un incendio forestal en Venecia, Estelí, que afectó a 250 manzanas de una de las últimas reservas de pino de la zona  y otro en Pine Wood Creek, Kukra Hill.

Según datos del centro de investigación, en el período del 8 de marzo de 2018 al 7 de marzo de 2019 se registraron 33,426 incendios, de los cuales 25 por ciento ocurrieron en áreas protegidas. Los departamentos más afectados por incendios en 2018 fueron: Juigalpa, Chontales, León, Chinandega, Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Matagalpa.

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