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    «Intentaron asesinar a mis padres», denuncia excarcelado político

    El atentado en la casa de la familia Esteban Lesage ocurrió en la madrugada de este viernes. El excarcelado político responsabiliza a la dictadura de Daniel Ortega, así como a los paramilitares y a la sancionada policía.

    El atentado en la casa de la familia Esteban Lesage ocurrió en la madrugada de este viernes. El excarcelado político responsabiliza a la dictadura de Daniel Ortega, así como a los paramilitares y a la sancionada policía.

    El excarcelado político Harvin Esteban Lesage denunció un atentado en la casa de sus padres en la ciudad de Jinotepe, y responsabiliza a la dictadura de Daniel Ortega, así como a los paramilitares y a la policía de cualquier acción en contra de su familia.

    «Intentaron asesinar a mis padres. Quiero que sepan que ellos no estan solos. Denunciaremos esto Hasta donde tengamos que Hacerlo tanto nacional e internacionalmente. Desde ya responsabilizo a la dictadura de Ortega, a sus paramilitares y policías de este atentado en la madrugada», publicó en sus cuentas en redes sociales el exprisionero político acompañando su denuncia pública con una serie de fotografías en las que se aprecian perforaciones de balas en puertas y paredes, así como los casquillos de proyectiles.

    LEA: ONU condena a Ortega por seguir violando los derechos humanos de nicaragüenses

    EVIDENCIAS DE INTENTO DE ASESINATO

    Las imágenes aportadas por Harvin Lesage son «evidencias claras de la intensión de privar de la vida a los padres de Jean Carlos, Luis Miguel y Harvin Estaban Lesage», valoró la abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez.

    Martínez mencionó que el atentado se produce días después de que los padres de los excarcelados recibieran amenazas.

    El ataque armado se produjo en horas de la madrugada , de acuerdo con la denuncia pública hecha por Harvin.

    El Poder Judicial anuló el juicio político por el que llevó a la cárcel a los hermanos Esteban Lesage el 25 de junio de 2019, quince días después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía orteguista. Los jóvenes fueron acusados por crimen organizado, en concurso real con los delitos de terrorismo, entorpecimiento de los servicios públicos, y secuestro simple.

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    Organizaciones de derechos humanos han denunciado la persistencia de un patrón represivo contra personas identificadas como opositoras al régimen Ortega-Murillo.

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