Una empresa fantasma detrás del millonario negocio de espiar Managua en tiempo real

DESPACHO 505 siguió el rastro del contrato municipal para la instalación de un sistema de videovigilancia. La información oficial deja más preguntas que respuestas y temores de un incremento del espionaje del régimen a los ciudadanos

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Están por todas partes. Algunas cuelgan de los semáforos de las intersecciones y otras se elevan en los postes de luz. La Alcaldía de Managua en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de cámaras de videovigilancia con el argumento de mejorar el monitoreo de la red vial de la capital y fortalecer la seguridad ciudadana. En junio pasado, la alcaldesa Reina Rueda adjudicó un contrato por 4.4 millones de dólares a una empresa llamada Bigo Tecnología & Ingeniería S.A. para la compra de 600 cámaras que fueron instaladas en la ciudad.

La adjudicación está vinculada, sin embargo, a un desconocido ingeniero nicaragüense, cuyos hilos conducen supuestamente a una transnacional tecnológica radicada en Singapur. La información oficial deja más preguntas que respuestas y expertos en seguridad consultados para este reportaje manifestaron el temor de que, con los nuevos dispositivos, se incremente el espionaje y el control a los ciudadanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El representante de Bigo Tecnología & Ingeniería S.A es Edgard Danilo Avendaño Barrios, un ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2016, quien asegura en su perfil profesional en Linkedin que está vinculado a Bigo, una trasnacional asiática con sede en Singapur y con presencia en 30 países del mundo, entre estos Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Argentina.

La empresa asiática se presenta como una compañía líder en investigación en algoritmos que cubren el reconocimiento de imágenes, la detección de rostros, la ubicación y el seguimiento de puntos clave y gestos, la segmentación de retratos y el análisis multidimensional de vídeo, una capacidad que los expertos consultados por este medio consideran que podría ser tomado por cualquier gobierno como una herramienta clave para controlar a la disidencia.

En Managua, la compañía de Avendaño Barrios carece de oficinas físicas, aunque cuenta con una plantilla de entre 6 y 30 personas que trabajan en el campo de la construcción, servicios informáticos e instalación de software, de acuerdo con una ficha del proveedor, disponible en el sistema electrónico de contrataciones públicas Nicaragua Compra.

El mismo ingeniero es la persona a cargo del proyecto de “Modernización y actualización del sistema de monitoreo de la ciudad de Managua - Solución de procesamiento, almacenamiento y cámaras”. En sus antecedentes académicos sólo está localizable en internet su participación en un proyecto de taxímetros elaborado en 2016 como parte de su culminación de estudios en la Facultad de Electrotecnia y Computación de la UNI. Ahora, siete años después, aparece como un contratista destacado de la municipalidad capitalina.

La Alcaldía de Managua
La Alcaldía de Managua ha instalado cámaras para videovigilar la ciudad con el argumento de mejorar la red vial del país, pero algunos expertos consultados para este reportaje dudan del uso y consideran que las cámaras serán usadas con fines de espionaje. D. ZAMORA / DESPACHO 505

En su perfil en LinkedIn, una red social relacionada con el mundo empresarial y laboral, Avendaño Barrios confirma que él representa a Bigo desde mayo de 2022. En la herramienta de contactos comerciales Datanyze se informa también que este ingeniero es el director de proyectos de la misma compañía internacional. Pero, ¿quién es este hombre al que la Alcaldía de Managua le encargó la compra de cámaras para instalar una red de videovigilancia? Lo poco que se sabe de él es que tiene 31 años de edad, es oriundo de Ciudad Sandino, juega ajedrez y, además, es propietario de EG- Tech, otra compañía que se dedica a la venta en línea de accesorios para teléfonos celulares y computadoras.

La dirección de EG- Tech es en el módulo G-28, localizado en Ciudad Sandino, Managua, de la empresa telefónica Claro una cuadra y 20 varas al oeste en la zona número 2 del municipio. Pero no hay ninguna evidencia de que haya existido alguna empresa de ese tipo en el lugar y que cuente con un número de Registro Único de Contribuyente (RUC), necesario para operar en Nicaragua, según constató este medio.

DESPACHO 505 se puso en contacto con Avendaño para expresarle las dudas surgidas en el proceso de investigación. Entre septiembre y noviembre de 2023, pudo ser localizado en tres ocasiones, pero se negó a dar detalles sobre el servicio que está prestando a la Alcaldía de Managua.

En la primera llamada telefónica, él confirmó su identidad y se excusó de seguir conversando, porque estaba ocupado. No se puso en contacto como prometió que haría posteriormente. En una segunda conversación, se le preguntó qué relación existe entre Bigo Tecnología & Ingeniería S.A. y la multinacional Bigo. Se quedó en silenció y cortó la comunicación. La última vez que respondió, el mismo hombre argumentó que se trataba de una llamada a un “número equivocado”.

Bigo es una transnacional especialista en redes sociales y cuenta con un estimado de 5,000 empleados. Aunque fue fundada en 2005 en Singapur es propiedad de la multinacional china Joyy. De acuerdo con su sitio web, se especializa en transmisión de video en vivo (streaming) y en creación de videos cortos, también se dedica al desarrollo de inteligencia artificial, entre otras cosas, para la “detección de terrorismo político y personas peligrosas”.

A la fecha de publicación de este reporte, la matriz de Bigo en Singapur no ha respondido a las consultas de este medio sobre el proyecto que su filial en Managua supuestamente está ejecutando.

En Nicaragua, la empresa Bigo Tecnología & Ingeniería S.A. indica que tiene por objeto la prestación de “servicio de Recursos Humanos, consultoría, supervisión y administración de proyectos, ingeniería en Comunicación, ingeniería de la Energía, y servicio de reparación”.

Por otro lado, el resumen de la adjudicación de la Alcaldía de Managua señala que los beneficiarios finales del proyecto son Bin Li y Shuli Song, cuyas oficinas se encuentran en el residencial El Cortijo, en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya en Managua. Una visita de este medio a la dirección registrada ante la Dirección General de Ingresos (DGI) como grandes contribuyentes demostró que no existen oficinas allí, sino que opera como una residencia más del complejo del que se desconocen los ocupantes reales, según un recorrido y consultas hechas a guardas de seguridad de la zona.

DESPACHO 505 contactó a las áreas de prensa de la Embajada de China en Managua y al Consulado General de Singapur en Ciudad de México para consultarles sobre las inversiones de Li en Nicaragua, pero no respondieron a la solicitud de información.

¿Qué nexos existen entre Li, Song y el ingeniero Avendaño Barrios? Esa es otra pregunta que tampoco dilucida la información oficial de la municipalidad.

La máxima autoridad de la Comuna es la alcaldesa Rueda, pero desde hace años es señalado como el poder real Fidel Moreno, quien ocupa el cargo de secretario general en la institución y es el tercero al mando en el partido de Gobierno, en su calidad de secretario de organización del Frente Sandinista.

REQUERIMIENTOS SOSPECHOSOS

En el nuevo centro de Managua, está la Plaza de las Victorias. En ese lugar hay instaladas una decena de cámaras de vídeo, de 360 grados. También fijas. Captan en tiempo real imágenes que son enviadas a un centro de control que funciona en uno de los pisos del Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (Telcor) y no, como debería de ser, a la Alcaldía de Managua que es la que contrata a esta empresa desconocida en el caso concreto señalado en este reportaje.

En las instalaciones de la municipalidad capitalina, en El Zumen, operó hasta 2021 un puesto de videovigilancia que fue desmantelado por orden de Moreno. El Frente Sandinista controla Managua desde el año 2000.

La que podría considerarse como una inversión positiva en aras de mejorar la red vial del país y la seguridad ciudadana está levantando sospechas entre expertos en seguridad y organismos de derechos humanos, dada la grave situación de falta de garantías constitucionales en Nicaragua.

Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), dice que el problema es que la adquisición de equipos de cámaras de vigilancia convierte a los Estados en más policiales, porque incrementan el control de los ciudadanos. Eso sucede con mayor razón en los regímenes autoritarios.

“Este tipo de medidas en vez de constituir una posibilidad para mejorar la seguridad ciudadana, se convierte en una preocupación”, agrega Jiménez, de origen venezolano. Esa opinión es compartida también por Pamela Ruiz, una experta de la organización International Crisis Group y excolaboradora del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La Alcaldía de Managua lanzó la convocatoria para el contrato el 8 de mayo de 2023 con el argumento de que el proyecto de las cámaras de vigilancia tiene como objetivo la “actualización y modernización” de las que existen en la red de semáforos inteligentes instalados en la capital desde 2014. Esa obra fue vendida en ese momento como una solución al problema vial en la capital, pero no resolvió los atascos en las 62 intersecciones seleccionadas por la comuna donde se suponía había mayor circulación vehicular, según confirmó una fuente cercana a la municipalidad.

La resolución número 153/2023, firmada por la alcaldesa, apunta que la comuna capitalina seleccionó a la empresa Bigo Tecnología & Ingeniería S.A. para la instalación de cámaras de vigilancia y la modernización de la red de semáforos. De acuerdo con el documento, con esta inversión se resolverá el problema de “procesamiento y el almacenamiento de información” en la capital. El término es calificado como “vago” por expertos en tecnología consultados para este reporte.

La Alcaldía de Managua
Las cámaras de seguridad han sido instaladas en puntos claves de la ciudad y cubrirán un radio de 10 kilómetros cuadrados. La municipalidad destinó US$4 millones a una empresa fantasma. La Alcaldía se negó a responder las preguntas de este medio. D. ZAMORA / DESPACHO 505

La falta de información pública no permitió conocer los detalles del proceso de licitación ni cuántas empresas compitieron en el caso de este proyecto. Esa opacidad es frecuente en todas las instituciones del Estado—incluyendo el Registro Mercantil de Managua, que pasó a manos de la Procuraduría en noviembre pasado—. El secretismo es característico de los proyectos en la capital.

La instalación de las cámaras de vigilancia se desarrolló en Managua en 120 días. Fue financiado con fondos propios, según la resolución administrativa de adjudicación número 162, correspondiente a la licitación pública número 153/2023. De acuerdo con los documentos oficiales, la empresa seleccionada debía brindar “cobertura al monitoreo y control de las intersecciones semafóricas interconectadas por medio del sistema de videovigilancia CCTV”, una tecnología de circuito cerrado de televisión que ha sido usado para espiar y controlar a las personas en otras ciudades del mundo, según organismos de derechos humanos.

Con las 600 cámaras nuevas proveídas por Bigo Tecnología & Ingeniería S.A. ya suman 776 las que vigilan un radio de 10 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad y que abarcan avenidas como Carretera a Masaya y alrededores de las universidades donde iniciaron las protestas de abril de 2018, reveló otra fuente próxima a la Alcaldía de Managua.

La primera inversión de la misma comuna en 300 cámaras de videovigilancia ocurrió en 2015, pero de estas solo 176 están operando, indica sin dar mayores detalles el pliego de bases y condiciones para adquisición de bienes, publicado el 8 de mayo de 2023. Es decir, que a noviembre de 2023 operan 776 cámaras de seguridad en la ciudad de Managua.

Ese número de cámaras es desproporcionado para un ingeniero que trabajó en el Estado y un experto en vigilancia, cercanos a la comuna capitalina, quienes opinaron para este reportaje, bajo condición de anonimato. La falta de democracia reinante en Nicaragua hace temer que se repitan prácticas de gobiernos autoritarios en América del Sur. Por ejemplo, una investigación de The New York Times de 2019 sobre el aparato de vigilancia en Ecuador durante la administración de Rafael Correa (2007 - 2017), reveló que en todo ese país, con una extensión de 256.379 kilómetros cuadrados, había más de cuatro mil cámaras de vigilancia. Es decir, el radio de vigilancia de Managua es mayor al del país sudamericano.

El pliego de la licitación de la Alcaldía de Managua menciona que entre los bienes que la empresa instalará están 480 cámaras de video tipo bala/bullet y 120 cámaras de video tipo domo. Según un técnico en videovigilancia cercano a la municipalidad, estos modelos tienen las características propias de un sistema de control a gran escala. Dichos equipos de video y el centro de monitoreo funcionarán las 24 horas durante los siete días de la semana. El contrato también contempla un plan de capacitación para el personal que, supuestamente, se encargará de monitorear la actividad vehicular y la “seguridad ciudadana en general” desde el Centro de Control de Semáforos ubicado en la Dirección Superior de la Alcaldía de Managua, aunque en realidad opera desde el Telcor, reveló una fuente policial.

Las inquietudes de estos expertos se sustentan en las especificaciones requeridas por la Alcaldía de Managua. Las 480 cámaras tipo bala/bullet deben tener la capacidad, entre otras, de detectar personas, analizar vehículos, hacer un recuento de cabezas (saber cuántas personas hay en determinada área) y proveer estadísticas del flujo de personas; mientras que las otras 120, tipo domo, deben clasificar vehículos de motor, vehículos no motorizados y peatones. Ambos tipos de herramientas tecnológicas deben actualizar algoritmos de vigilancia y registrar placas de vehículos, incluidos los que se encuentran en una base de datos llamada “lista negra”, que, al identificarlos, generará una alerta.

Para los mismos especialistas, estos equipos se convertirán en parte de una tecnología de observación y control en tiempo real “asombroso” para un país como Nicaragua, donde existe un rezago tecnológico en áreas como educación y salud.

En China, por ejemplo, cuando una de las cámaras reconoce a una persona o una placa de un vehículo envía una alerta a una sala de control que, a la vez, informa a la Policía. Esa es la razón del temor en Nicaragua sobre la instalación de las cámaras de videovigilancia. Otro aspecto cuestionado a nivel local es que las grabaciones de videos captadas por las cámaras en Managua deberán estar resguardadas durante 60 días y puestas a disposición de terceros, “para una mayor integración”, quienes tendrán accesos a la base de datos, investigación de placas y recepción de alarmas cuando se identifique una matrícula vehicular incluida en la llamada lista negra.

Una fuente cercana a la Policía afirma que las imágenes capturadas por el Centro de Control serían examinadas también por agentes de la Policía Orteguista. “Hasta hoy no se conoce ni un solo delito que se haya resuelto con ayuda de las cámaras de seguridad en los semáforos. Eso evidencia que su objetivo puede ser para el control de los opositores”, considera por su parte un exconcejal consultado por DESPACHO 505.

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La Alcaldía de Managua publicó sólo la adjudicación, pero ocultó el contrato asignado a Bigo Tecnología & Ingeniería S.A. en una clara violación del artículo 95 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales (Ley 801). El documento tampoco consta en la plataforma del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), violando de esta forma el artículo 22 de la Ley 801.

En una de las consultas a la Alcaldía de Managua, enviadas durante el período de aclaración de la licitación, se pregunta por los planos de los sitios de las intersecciones de ubicación de las cámaras, pero la municipalidad responde que “los requerimientos de estas pueden variar según necesidades”. También, menciona que la instalación estaría a cargo de la municipalidad y no de la empresa, en este caso de Bigo Tecnología & Ingeniería S.A., según el documento fechado el 16 de mayo de 2023 y firmado por Denis Salinas Mendoza, director General de Adquisiciones de la Comuna, quien tampoco respondió a la solicitud de información de este medio.

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EL RIESGO DE ESPIONAJE

El equipamiento de videovigilancia en Managua, a través de 776 cámaras, se suma a otras tecnologías que el régimen ha usado para controlar y vigilar a los opositores de Nicaragua. El informe “Alianzas peligrosas: el avance de Rusia en América Latina”, publicado en febrero pasado, reveló que la dictadura implementó desde 2018 una herramienta tecnológica rusa llamada Sistema para Actividades de Investigación Operativa (SORM, por sus siglas en ruso), con el fin de espiar en Nicaragua.

El coautor de ese informe, el experto en seguridad nacional estadounidense, Douglas Farah, asegura que Nicaragua tiene acceso a tecnología china que facilita recoger información y monitorear las calles a través de centenares de cámaras. “En América Latina, me parece que Nicaragua es el país más avanzado en cuanto a perfeccionar el uso de sistemas de vigilancia de la población civil y la oposición, en parte, porque es un país pequeño y porque tiene una tradición totalitaria con Daniel Ortega”, expresó Farah en una conversación telefónica con DESPACHO 505.

El contrato de la Alcaldía de Managua para la adquisición de cámaras de videovigilancia por un valor de US$4 millones de dólares se publica más de un año después de que Nicaragua decidió restablecer relaciones diplomáticas con China y en el contexto de un Tratado de Libre Comercio entre Beijing y Managua firmado en agosto pasado.

Farah valora que las cámaras de videovigilancia que se han instalado en Managua “nunca” van a ser usadas para monitorear el tráfico de la ciudad. “Nicaragua se estaría sumando a esta lista de países que usan mecanismos de control de la sociedad civil. No es nada malo (el sistema), pero se puede usar como videovigilancia”, explica.

Freedom House, un organismo que monitorea las libertades en el mundo, dijo a DESPACHO 505 que recientes estudios demuestran que la vigilancia estatal en Nicaragua desde 2018 podría ser más amplia y sofisticada de lo que se pensaba. Kian Vesteinsson, analista principal de investigación sobre tecnología y democracia del organismo global, dijo a este diario digital que las potencias autoritarias lideradas por China y Rusia llevan tiempo intentando extender su modelo de control digital por todo el mundo.

“Por ejemplo, empresas con sede en China han vendido herramientas de alta tecnología para la vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) y el reconocimiento facial a gobiernos que no respetan los derechos humanos, dejando a la población de esos países expuesta a abusos. Es fundamental que los gobiernos democráticos colaboren para frenar la propagación del modelo chino de autoritarismo digital a países como Nicaragua”, valora Vesteinsson.

En 2018, los organismos de derechos humanos de Nicaragua denunciaron que, durante las masivas protestas ciudadanas, la dictadura usó las 330 cámaras instaladas entonces en la capital para vigilar a la población, detectar la magnitud de las manifestaciones y detener a opositores con ayuda del sistema de vigilancia. Ante esto, no es lejano que Nicaragua quiera perfeccionar su sistema de espionaje a través de cámaras.

“En China, la Policía monitorea las cámaras en tiempo real. Tiene un propósito comercial que se usa para la represión. Estas cámaras son fáciles de convertir en parte de un monitoreo total de un espacio urbano que permite al Gobierno escoger con más habilidad sus objetivos”, explica al respecto Farah. Una investigación de The New York Times publicada en 2019 incluyó a Ortega como uno de los gobernantes de la región que ha invertido en tecnología china para fortalecer el aparato de censura y vigilancia.

Pese a las preocupaciones que genera el proyecto de videovigilancia ideado por la Alcaldía de Managua, la población se muestra dividida sobre el fin último del contrato municipal. En la capital, las opiniones se dividen entre los ciudadanos. Unos creen que fortalecerá la seguridad ciudadana, mientras que otros opinan que se trata de un mecanismo de control.

“Los robos en Managua ocurren en zonas donde hay vigilancia por cámaras, pero nunca se identifica a los delincuentes”, dice un joven de 28 años que camina, junto a un semáforo donde hay al menos tres cámaras por la Plaza de las Victorias, un día de noviembre. Lo dice porque en enero pasado su hermano de 35 años fue víctima de tres delincuentes que le despojaron sus pertenencias en las cercanías de la Carretera a Masaya, cerca del supermercado La Unión.

El opositor Carlos “Chale” Guadamuz, exiliado ahora en Holanda, fue uno de los miles de jóvenes a los que persiguió la Policía Orteguista tras las masivas protestas cívicas de 2018. En abril de aquel año, organizó el aprovisionamiento para estudiantes atrincherados en la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Sin embargo, fue capturado el 26 de mayo de 2018 tras ser interceptado por varias patrullas policiales entre el trayecto de la casa de sus padres y el centro de Managua. “Es probable que hayan recurrido a cámaras de videovigilancia para identificar por dónde me desplazaba”, considera.

La Alcaldía de Managua
Algunos ciudadanos consideran que la instalación de cámaras es importante para la seguridad de la capital, pero otros creen que serán usadas para un mayor control de los opositores. Además, la información recogida por las cámaras serán examinadas por la Policía. D. ZAMORA / DESPACHO 505

Por eso, Guadamuz afirma que el nivel de vigilancia en Nicaragua con las cámaras de seguridad podría causar un mayor control estatal. “El régimen tiene miedo a un estallido como en el de 2018, pero honestamente el país vive bajo un régimen policial similar al de Corea del Norte y dudo que eso ocurra por ahora”, dice Guadamuz desde La Haya donde labora para un organismo de paz.

Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Managua fallecieron 61 personas, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua. Aunque los crímenes ocurrieron en lugares públicos donde había cámaras de la municipalidad, nunca se conoció del registro de un video que se haya usado para intentar esclarecer los hechos. Todo lo contrario: las denuncias de la impunidad del Estado están bastante vigente en el sistema político actual.

Quien maneja los hilos del proyecto millonario es Fidel Moreno, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por dirigir, junto a mandos policiales, la represión contra opositores en 2018. Él fue el encargado de transmitir la “orden vamos con todo” de la vicepresidenta Rosario Murillo a grupos paramilitares afines al régimen, y ahora también es el funcionario responsable de contratar las cámaras que vigilan Managua.

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CRÉDITOS

Coordinación:J. D. CRUZ
Redacción:J. D. CRUZ
Documentación:LÉSTER JUÁREZ
Fotógrafos:D. ZAMORA
Colaboración:O. SUAZO
Diseño y desarrollo web: J. NAVARRETE
Corrección de estilo:L. ZAMORA
Infografías:S. M. CARDOZA