Los jueces controlados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua están actuando contra ley expresa al emitir sentencias contra los presos políticos e “incurren en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal, por los que deberán ser juzgados”, advirtió este martes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El Cenidh se refiere a la modificación de sentencias firmes emitidas contra los presos políticos para agregar lo que la dictadura denomina “pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos”, es decir, la muerte civil del condenado.
Tal y como adelantó DESPACHO 505 este fin de semana, los fiscales orteguistas están solicitando penas accesorias contra los presos políticos que no están tipificadas en la legislación nicaragüense.
El último caso es de los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, sentenciados a 10 años de cárcel y al pago de 800 días multa, pero, además, se les impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
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“Esto es la aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional”, señala el Cenidh.
Los artículos 46, 47 y 66 entre otros del Código Penal vigente establecen cuáles son las penas, la naturaleza de las mismas, cómo estas se aplican y las cataloga en penas principales y accesorias.
“Estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los diez años que la juez Nadia Tardencilla, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva les ha aplicado”, explicó el organismo.
14 SENTENCIAS MODIFICADAS
Hasta ahora, el Cenidh tiene una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con la agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido.
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DESPACHO 505 ha confirmado que esta medida se ha aplicado también al párroco de Mulukukú, Óscar Benavidez; a tres presos políticos de Carazo; al campesino Freddy Laguna y a otro preso político de Nueva Segovia.
“Es el colmo que no solo lo están haciendo con aquellas sentencias que todavía no han sido enviadas a la instancia superior por los recursos de apelación interpuestos, incluso se están modificando delictivamente otras que están o han sido falladas por la Corte Suprema de Justicia”, denunció el Cenidh.
