Bajo ningún punto de vista, ni legal, ni de ninguna otra índole, una mujer que se retracta durante un proceso de violencia de género puede ser acusada de falso testimonio y procesada por perjurio, señalan abogados y defensores de derechos humanos.
Aseguran que los fiscales, pero principalmente los jueces, saben que la retractación en este tipo de casos es frecuente, debido a la presión social a la que la víctima de violencia está expuesta.
“Lo que nunca le puede pasar por la mente a un juez es criminalizarla por retractarse. Es contra la ley, la ley busca proteger a la víctima, no ir contra ella”, explica el abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia.
La prisión preventiva dictada contra Martha Candelaria Rivas Hernández (57 años) por negarse a denunciar al sacerdote de Nandaime, Manuel Salvador García Rodríguez, por supuesta violencia, es una represalia sin precedente en casos de violencia de género, asegura otra abogada que ha llevado casos de violencia en los juzgados de Managua.
“Víctimas retractadas no son acusadas nunca por el delito de perjurio. Este caso es extraordinario, que acusen a esta mujer, y que la dejen en prisión por no acusar a un supuesto agresor, es algo que no habíamos visto en los últimos años”, reiteró la abogada.
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REPRESALIA DEL PODER JUDICIAL
A criterio de la especialista, la retractación de Rivas Hernández no debería detener la investigación contra el sacerdote y le tocaría al Ministerio Público, ir más allá del testimonio de la víctima y demostrar que hubo violencia.
“Ahora, la acción contra ella (la víctima) nos hace dudar si realmente tenían más elementos de prueba que el testimonio de quien acusaba”, explica.
Yader Morazán considera que el testimonio de Rivas Hernández es clave. No obstante, cuestiona los argumentos jurídicos para determinar si hubo falso testimonio.
“¿Cómo el juez concluye en este caso (del sacerdote) que hubo falso testimonio si no ha visto las demás pruebas? Nada parece encajar en este caso”, comenta Morazán.
“ACCIÓN DISPARATADA”
Pablo Cuevas, director global de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos con sede en Miami, considera que “lo que ha pasado es un absurdo, una barbaridad”.
“Procesar a esta mujer es una acción disparatada”, dice Cuevas. “Es obligación del juez discernir cuándo esta mujer mintió. ¿Lo hizo ante la policía cuando investigaban el caso?, ¿Lo hace ahora? ¿O es ahora que dice la verdad? El problema es que el juez se adelanta y la procesa. No puede ser”, señala Cuevas.
Según Cuevas, la triada del mal: Policía, Fiscalía y el Poder Judicial, están cumpliendo una directriz política y no parecen actuar bajo criterios legales y profesionales.
“Es como si se ponen de acuerdo para dar un castigo a quien los hace quedar mal. Tenían un mandato inconstitucional de hacerle daño al cura y la señora ante el juez decide decir la verdad, ahora le tocará pagar el precio”, denuncia Cuevas.
NUNCA SEÑALÓ AL SACERDOTE
Gonzalo Carrión, del organismo defensor de derechos humanos Nicaragua Nunca+, califica el juicio como una venganza política, porque desenmascara las verdaderas intenciones del régimen Ortega-Murillo.
“Lo que se evidencia es el objetivo de mantener al religioso preso. Como la señora lo libra diciendo que fue un accidente y no una agresión, les bota el caso. Ellos se enderezan contra ella para no quedar en ridículo, aunque esto signifique ir contra razón y la ley”, reiteró Carrión.
Rivas Hernández apareció en un video que difundieron los medios del régimen Ortega-Murillo el pasado 2 de junio en el que relató un incidente con García Rodríguez. Dijo que el golpe que había recibido en la nariz había sido accidental y no como parte de una agresión del sacerdote como pretendía hacer ver el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que mantiene un ataque sistemático contra la Iglesia Católica.
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Lo mismo repitió ante el juez que lleva el caso contra el sacerdote, lo que provocó que de víctima pasara a detenida este martes y que la juez María José Zapata Morales ordenara prisión preventiva y diera lugar al proceso en su contra.
