El joven opositor Miguel Alejando Flores Matus, de 25 años y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue declarado culpable por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas sin que las autoridades le permitieran la oportunidad de contar con su abogado privado durante el juicio.
El juez orteguista Félix Salmerón Moreno, del juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, impidió la defensa, que antes del inicio del juicio presentó un escrito solicitando la reprogramación por razones de fuerza mayor. Según el sistema electrónico Nicarao del Poder Judicial, el escrito fue presentado por el abogado a las 8:19 de la mañana del 25 de enero.
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De acuerdo con fuentes cercanas, ese mismo día el abogado tenía que estar presente en la continuación del juicio que se ventiló en contra de tres sacerdotes, dos seminaristas, un diácono y un camarógrafo que entre el 4 y la madrugada del 19 de agosto estuvieron secuestrados en la Curia Episcopal de Matagalpa, junto con monseñor Rolando Álvarez.
El juicio que la justicia orteguista promovió contra los religiosos había iniciado el lunes 23 de enero, pero se extendió en días consecutivos hasta el pasado jueves. Al no poder estar el miércoles en ambos juicios, el abogado solicitó la reprogramación del juicio de Flores, quien fue acusado junto con la cofundadora de AUN, Mildred Rayo, de 25 años, y el joven René Saborio Rocha Hilfrem, de 22.
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Pero en una clara violación al debido proceso penal, el juez no resolvió el escrito y al dar apertura a la audiencia de juicio, nombró a un defensor público en sustitución del abogado privado de Flores. Según juristas consultados por Despacho 505, el juez además de dejar en indefensión a Flores, también violentó el artículo 304 del Código Procesal Penal (CPP), que señala que previo al juicio se deben resolver los incidentes presentados por las partes.
“Pero el juez no se pronunció a la petición que hizo la defensa y violentó el debido proceso establecido en Código Pena” explicó un abogado. En el juicio, el juez declaró culpable a los tres jóvenes que fueron capturados el primero de noviembre del 2022, por el Ejército en las cercanías del río Sapoá, del municipio de Cárdenas, Rivas, cerca de la frontera con Costa Rica.
