La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las máximas autoridades de Nicaragua dejar sin efecto la Ley especial de ciberdelitos bajo el argumento de que esa norma, junto a la ley de agentes extranjeros, “forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua”.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “llaman al Estado (de Nicaragua) a dejarlas (ambas leyes) sin efecto y a restablecer las garantías democráticas en el país”, abogó ese ente en un tuit.

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Según la CIDH, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros “agravan la crisis” de derechos humanos en Nicaragua “e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando” desde abril de 2018 cuando estallaron unas protestas por unas impopulares reformas a la seguridad social y que fueron silenciadas a la fuerza por el Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega.

DISCRECIONALIDAD, EL GRAN PELIGRO

La CIDH observó que la ley de ciberdelitos, aprobada el martes por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, “establece tipos y ámbitos de aplicación abiertos, dando discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión”.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destacaron “la inconvencionalidad de estas leyes; muestran preocupación porque fueron aprobadas sin consultar a organizaciones y actores involucrados, y por la falta de independencia de los poderes públicos respecto a su sanción y aplicación”.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió, además, “que el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público, sobre funcionarios públicos o políticos vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana”.

“AMENAZAS LEGALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

“La #CIDH y su @RELE_CIDH expresan preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión y medidas indirectas contra medios y periodistas en Nicaragua”, agregó.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por los sandinistas, aprobó el martes la controvertida ley de ciberdelitos, que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La norma ha sido bautizada por la prensa no oficial como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque consideran fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno sandinista.

También porque consideran que atenta contra la libertad de prensa y de expresión, que persigue controlar la información en medios digitales y redes sociales, y castigar con la cárcel a quienes publiquen lo que las autoridades consideren “noticias falsas”.

TENDRÁN ACCESO A COMUNICACIONES PRIVADAS

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la seguridad del Estado.

La ley otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.

La ley perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero.

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