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    La comunidad LGTBI en Honduras pide aprobar una ley de identidad de género

    Los ciudadanos hondureños miembros de la comunidad LGTBI piden la aprobación de la ley de identidad de género y una reforma a la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas.

    La comunidad LGTBIQ en Honduras exigió la aprobación de una ley de identidad de género y el cumplimiento de un fallo emitido en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el que condena al Estado por la muerte una mujer transgénero y activista.

    Con motivo del día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo, el colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ) solicitó en un comunicado al Gobierno de Honduras atender las necesidades de las personas transexuales.

    Además, generar cambios en la legislación hondureña «armonizándola a estándares internacionales de derechos humanos, así como la aprobación de la ley de identidad de género y una reforma de «carácter urgente» a la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas.

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    El Estado de Honduras debe adoptar «medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans», añade.

    «Es de carácter urgente se ponga en marcha la agenda sectorial de la población LGTBIQ presentada a la señora presidenta (hondureña), Xiomara Castro», señala la comunidad trans.

    EXIGEN CUMPLIR SENTENCIA DE LA CORTE-IDH

    Las personas trans se enfrentan diariamente «a situaciones de vulneración de derechos, estigmatización, discriminación, violencia y crímenes de odio a causa de su identidad y expresión de género», según organizaciones LGTBIQ.

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    Ese colectivo también exige el cumplimiento de la condena emitida el 28 de junio de 2021 por la CorteIDH, en la que condena al Estado de Honduras como responsable internacional por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y reconocida activista, en junio de 2009.

    El Estado de Honduras debe «cumplir en todas sus partes la sentencia» de la CorteIDH en el caso de Hernández, que se remonta al 28 de junio de 2009, e «incluir a las organizaciones de personas trans en la mesa de alto nivel» que el Gobierno organiza para dar cumplimiento a la sentencia.

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    «No se podría dar respuesta efectiva a las necesidades de las personas trans sin tomar en cuenta la opinión e involucramiento directo de esta población», agregan.

    La comunidad LGTBIQ solicita también que se tipifique el delito de crimen de odio a razón de la orientación sexual, identidad y expresión de género en el Código Penal de Honduras.

    También la aprobación de la Ley de Igualdad y Equidad, para erradicación de la discriminación en Honduras, y crear un mecanismo de protección especial para ese colectivo, que promueva «acciones de prevención, atención y protección» para reducir la violencia en todas sus expresiones.

    Desde 2009 han sido asesinados en Honduras 405 miembros de ese colectivo, de ellos cinco en 2022, según cifras de organizaciones LGTBIQ y activistas.

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