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Reporte 505

La dictadura de Ortega contra la libertad de prensa es peor que la de Somoza

En una década Ortega lleva 20 medios cerrados, un periodista asesinado, dos medios de comunicación confiscados y una escalada represiva sin precedentes, «es una dictadura peor que la de Somoza a pesar que en la de Somoza mataron a mi padre”, criticó Cristiana Chamorro

En la última década, bajo la mano represiva de la dictadura de Daniel Ortega han desaparecido, cerrado, destruido y confiscados al menos 20 medios de comunicación en Nicaragua. Decenas de comunicadores han sufrido ataques y asedio; al menos 47 permanecen en el exilio, dos fueron encarcelados y torturados y uno, el periodista costeño Ángel Gahona, fue asesinado. En el resumen de la grave situación de la libertad de prensa en el país que documenta un estudio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCH).

«Mi padre murió, fue asesinado por las libertades públicas, por la libertad de prensa y ahora estamos viviendo algo que es peor, que nunca pensé que diríamos algún día: una dictadura peor que la de Somoza a pesar que en la de Somoza mataron a mi padre”, lamentó Cristiana Chamorro durante la presentación del informe «Estado situacional de la libertad de prensa y el acceso a la información pública en Nicaragua 2010-2020, presentado en el marco de la conmemoración del 43 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro.

Cristiana Chamorro, hija del mártir de las libertades públicas y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, manifestó que la represión contra la prensa independiente de Nicaragua comenzó con el secretismo de estado impuesto por Ortega cuando retomó el poder en 2007, “y durante esta década lleva 20 medios cerrados, un periodista muerto, periodistas encarcelados”.

Chamorro, comentó que las ideas, el pensamiento y las propuestas de su padre siguen vigentes y elogió a los cienes de ciudadanos y periodistas que han levantado la bandera de lucha por las libertades.

“Los hombres pasan y se terminan, pero las ideas se eternizan en la conciencia de las generaciones”, manifestó Chamorro, quien dijo que Ortega utiliza los mismos métodos que usó Somoza, nada más que de una manera “más sutil y más monstruosa”.

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Entre esos métodos mencionó Ley Especial de Ciberdelitos, la cual fue aprobada por la aplanadora sandinista el pasado 27 de octubre, y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020.

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“Daniel Ortega y la Rosario Murillo, al asumir la presidencia en el 2007, pareciera que llegaron con nostalgia de lo que fue la dictadura de Somoza”, comentó Chamorro.

Chamorro, durante su intervención dio a conocer que dejó la dirección de la Fundación y que a partir de ahora será asesora del organismo que promueve la defensa de la libertad de prensa.  No especificó los motivos de su decisión, la cual ocurre cuando diferentes figuras comienzan a manifestar públicamente sus aspiraciones presidenciales. Ella no dijo si incursionará política, ni quién ocupará el cargo que desempeñaba en la Fundación.

ELECCIONES LIBRES

Por otro lado, enfatizó que en Nicaragua “no podemos ir a elecciones completamente libres, sin libertad de prensa», y entre las condiciones que se deben garantizar mencionó que ocurra la devolución de los inmuebles y equipos confiscados a Confidencial y 100 % Noticias, en diciembre del 2018, en el contexto de la Insurrección de Abril.

Recordó que Murillo estaba al lado de su padre cuando fueron víctimas de la censura y atropellos a la libertad de expresión en tiempos de Somoza, pero ahora está “aplicando” esos mismos ataques.

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ESTUDIO

El estudio sobre el estado de libertad de prensa en el país se basó en la revisión de documentos relativos a la libertad de prensa y acceso a la información pública en Nicaragua de enero 2010 a noviembre del 2020.

Guillermo Medrano, de la FVBCH, recordó que, en el 2020, la organización logró documentar unas 360 denuncias de violaciones a la libertad de prensa.

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El experto detalló que otro hallazgo del estudio fue Ortega ha promulgado leyes como la de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros que están en contra de los convenios internacionales en materia de libertad de expresión, prensa y acceso a la información pública.

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Otro de los puntos del estudio señala que personas afines al gobierno promueven juicios por incitación al odio, amenazas, injurias y calumnias en contra de periodistas.

“El año pasado al menos seis periodistas fueron llevados a los tribunales por mentiras, simplemente por ejercer su derecho a informar. En el año 2018, dos periodistas estuvieron presos simplemente por ejercer su derecho a informar”, indicó Medrano.

El especialista en comunicación comentó que, en el 2007, se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua, pero el régimen de Ortega entre el 2010 y 2020, no ha les asignado el suficiente presupuesto para su operatividad, no hay personal suficiente ni adecuadamente capacitado entre otras deficiencias.

Comentó que de 65 instituciones, incluyendo los poderes del Estado, 58 poseen un sitio web, y cuatro tienen Facebook como fuente de información. Mientras que la Presidencia, la Vicepresidencia, El Consejo Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores no tienen.

“Hasta este año el poder Electoral habilitó su sitio web, durante más de dos años pasó en construcción. Los ciudadanos se preguntan ¿y de qué material lo estarán haciendo que tiene años de estarse haciendo?, cuestionó Medrano.

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REPRESIÓN ESCALONADA

Entre las conclusiones del estudio está a lo largo de diez años el régimen ha desarrollado una estrategia escalonada contra de medios y periodistas, para golpearles económica, física, moral, psíquica, política y legalmente.

Además, señalan que el Estado de Nicaragua no acata las recomendaciones de la comunidad internacional en materia de libertad de expresión y de acceso a la información pública.

“Ha recibido 59 recomendaciones sobre libertad de expresión en los tres Exámenes Periódicos Universales de Naciones Unidas, (EPU). Ha rechazado la mitad y aduce que cumple con las demás”, señala, el documento de la Fundación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en favor de 61 periodistas y staff de seis medios de comunicación: La Costeñísima, El Meridiano, Confidencial, Radio Darío, 100% Noticias y Notimatv entre 2018 y 2020.

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