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    La dictadura gastará casi C$250 millones en remodelación “urgente” del edificio confiscado a La Prensa 

    La construcción y remodelación del edificio confiscado a La Prensa fue adjudicada por medio de contratación simplificada a la empresa SIPSA.

    LA PRENSA
    Vista de la fachada del diario La Prensa, en Managua (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres.

    La dictadura de Nicaragua gastará casi 250 millones del dinero público en la remodelación del edificio confiscado al diario La Prensa, en Managua. La propiedad fue traspasada al estatal Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec) para ser convertida en el Centro Cultural José Coronel Urtecho.

    Esta orden de “construcción y remodelación” del inmueble propiedad del rotativo sería un paso más de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su intento por borrar los 96 años de historia del periódico. 

    La tarea fue encargada a la empresa Servicios de Ingenierías y Proyectos, S.A.(Sipsa) mediante contratación simplificada, un procedimiento reservado para situaciones de emergencia, según se detalla en la resolución administrativa del Inatec, publicada este martes 6 de diciembre de 2022 con la autorización de Loyda Barreda Rodríguez, directora de dicha institución.

    Según el Inatec, “es de suma urgencia el inicio de este proceso por medio de contratación simplificada a fin ejecutar de inmediato la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro”. 

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    Como justificación de la celeridad del proceso mencionan que el Centro deberá estar listo para atender en 2023 a 13,090 estudiantes de 530 en carreras técnicas: 385 en turno regular, 25 en fin de semana y 120 en modalidad virtual. Además, supuestamente atenderán a 12,560 estudiantes de cursos de capacitación, a 5,680 de talleres en turno regular, 240 en turno nocturno, 4,000 en turnos fin de semana y 2,640 en modalidad virtual en habilitación, complementación y especialización en diversos sectores económicos y productivos del país.

    Expone que los fondos para dicho proyecto serán de los ingresos que recauda la institución.

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    “Contando con los recursos presupuestarios adecuados y suficientes para ellos, con fondos 2%, los que serán financiados con reserva institucional o sobre recaudo del 2% correspondiente a los años 2022y 2023”, expone la resolución.

    SIPSA GANÓ LA CONTRATACIÓN MILLONARIA

    La contratación fue adjudicada a Servicios de Ingenierías y Proyectos, S.A., (Sipsa) por un monto de 249.9 millones de córdobas.

    En la resolución se lee que el contrato de esta millonaria inversión lo suscribirán Víctor Briones Báez, que es el asesor legal del Inatec y Lesther Enrique Gutiérrez Cheng, en representación de Sipsa.

    “El plazo estimado de ejecución será de noventa (90) días calendarios, iniciando el proyecto a la entrega de sitio al contratista.  En esta fecha, deberá extenderse orden de inicio del Proyecto”, indica el documento.

    La resolución no especifica en qué consistirán los trabajos de “construcción y rehabilitación” de las instalaciones.

    No obstante, en lo que respecta al mecanismo de contratación la Ley de contrataciones administrativas del sector público señala que la contratación simplificada aplica en situaciones de emergencia o urgencias derivadas de desastres o calamidades. También está reservada cuando solo hay un proveedor único en el mercado y el bien o servicio no pudiere ser sustituido por otro, sin merma de calidad, precio, garantías o cualquier otra circunstancia relevante.

    “La responsabilidad de la contratación simplificada recaerá sobre la máxima autoridad administrativa y los funcionarios que hubieren participado en la contratación correspondiente”, expone uno de los párrafos del artículo 58 de dicha norma.

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    Rosario Murillo, vocera de la dictadura, ha dicho que La Prensa era un “antro de maquinación, de crímenes de lesa humanidad” y que será transformado un centro “para la profunda espiritualidad, por la educación para todos”.

    Las instalaciones del diario La Prensa fueron confiscadas el pasado mes de agosto, un año después de la toma policial del edificio y del arresto del gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

    La Prensa ha valorado en cerca de 10 millones de dólares los bienes que le fueron confiscados, a pesar de que la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 44 prohíbe dicha acción.

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