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    Reporte 505

    La dictadura se ha quedado con US$4 millones en bienes de oenegés

    Un consorcio de organizaciones abrieron expediente a nueve oenegés cerradas por el régimen. Los hallazgos se usarán para hacer la denuncias de sus afectaciones.

    oenegés
    Ministerio de Gobernación, Managua.

    La dictadura de Daniel Ortega ha confiscado al menos cuatro millones de dólares en bienes de nueve oenegés a las que ha ilegalizado desde 2018. La arremetida contra las oenegés ha provocado el cierre del 43 por ciento de estos espacios civiles.

    Esos números se desprenden de una investigación realizada por el consorcio de organizaciones Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, y que denominaron «Expediente ONG Nicaragua».

    La investigación contiene tres informes que registran la demolición casi total del derecho de los nicaragüenses a organizarse, las ilegalidades con las que la dictadura actuó y las agresiones a sus miembros. Uno de los hallazgos señala que de 7.222 organizaciones sin fines de lucro que existían antes de 2018, según reportes del mismo régimen, ha clausurado hasta noviembre, 3.106. Casi la mitad.

    Explicaron que la investigación presentada le abre expediente a nueve organizaciones cerradas de las cuales ocho eran locales y una extranjera. De esos expedientes se le irán uniendo los demás casos hasta completar todos los cierres, y una vez documentados se hará la denuncia tanto local como internacional de los abusos en los que ha incurrido el dictador en su embestida contra las sociedad civil organizada.

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     ESTABAN LEGALES  

    El abogado y defensor de derechos humanos, Carlos Guadamuz, de Nicaragua Nunca+, explicó que de las nueve organizaciones cuyos cierres se investigaron, una tenía 24 años de existir, una segunda cumplía 24 y la más reciente siete.

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    “Estas organizaciones trabajaban con derechos indígenas y autonómicos, derechos humanos, derechos de la mujer, el fortalecimiento de liderazgos territoriales entre otros temas. Su desaparición, tiene un gran impacto social”, señaló el activista.

    Explicó que de las nueve organizaciones estudiadas, en tres el régimen practicó allanamientos ilegales en el año 2018, en tres de ellas,  allanamientos ilegales en 2020, y en solo una, no usó la violencia. En el resto de ocupaciones, si usó la fuerza y causó daños a la propiedad privada y a los miembros de las entidades.

    El defensor de derechos humanos también señaló que todas las organizaciones tenían sus documentos en regla, con sus informes financieros al día, por lo tanto las entidades estatales no tenían argumentos para su cierre. Además, que en al menos dos personas miembros de estas organizaciones, contaban con medidas cautelares que el régimen no respetó.         

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    LOS DAÑOS COLATERALES

    Otro de los hallazgos que la investigación mostró en los casos analizados, es que con el cierre de las oenegés, más de 50 mil personas que eran beneficiadas con su trabajo se vieron afectadas al evitar que las organizaciones siguieran asistiéndoles con servicios de primera necesidad.

    “Con estas cancelaciones, se apropiaron de los bienes y recursos económicos y pretendieron destruir el tejido social”, explicó Guadamuz quien mencionó que las organizaciones contaban con al menos 488 colaboradores que hacían parte de la red de sus contactos territoriales y unos 152 funcionarios que ocupaban plazas laborales.

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    “Entre las organizaciones cerradas había asociaciones médicas que proporcionaban atención médica a bajo costo”, recordó Katherine Ramírez, de Popol Na, quien  además remarcó que desde que el régimen facultó al Ministerio de Gobernación la prerrogativa de cancelar personerías jurídicas a las organizaciones, las ilegalizaciones han sido más frecuentes y rápidas.

    Por último, Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, anunció la habilitación de la web libertaasociacion.org donde además de divulgar las investigaciones presentadas este martes, será una base de datos y de registro de todos los casos relacionados con la violación de la libertad de asociación en Nicaragua.

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