La Fiscalía brasileña le solicitó este viernes a la Corte Suprema que investigue al expresidente Jair Bolsonaro por su posible participación como autor intelectual de los asaltos del domingo de sus seguidores a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
La Procuraduría General de la República solicitó que el líder ultraderechista sea incluido en la lista de investigados por haber incitado los actos antidemocráticos del domingo con que los bolsonaristas más radicales pretendían impulsar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
También se informó que Brasil pedirá a Estados Unidos la extradición del exministro de Justicia Anderson Torres si no regresa al país hasta el próximo lunes, advirtió este viernes el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El Tribunal Supremo ha ordenado el arresto de Torres por su supuesta responsabilidad por no impedir los ataques perpetrados por miles de bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes el pasado domingo, cuando el exministro ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública de Brasilia.
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El exministro se encuentra desde antes de los ataques en Estados Unidos y, el pasado martes, afirmó que regresará a Brasil para presentarse ante la Justicia, pero hasta ahora no lo ha hecho.
El actual ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo este viernes en una rueda de prensa que esperarán hasta el lunes, pero si Torres no regresa hasta entonces, lo solicitarán en extradición.
CRONOLOGÍA DE LOS ATAQUES
El pasado domingo, miles de bolsonaristas atacaron la sede de la Presidencia de la República, del Tribunal Supremo y del Congreso Nacional, unos ataques que son investigados como «terroristas» y como un intento de golpe de Estado.
Cerca de 1,800 personas fueron arrestadas por los ataques, que causaron cuantiosos daños en el interior de los palacios de los tres poderes.
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Durante la investigación, la Policía hizo registros en la casa de Torres el pasado martes y decomisó un borrador de decreto que habría permitido al ahora expresidente Jair Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre.
El borrador de decreto, nunca aprobado, preveía la declaración del estado de defensa (un estado de excepción) para intervenir el Tribunal Superior Electoral y llevar a cabo una «corrección del proceso electoral presidencial», según afirma el primer artículo del documento, filtrado por el diario Folha de São Paulo.
Dino afirmó este viernes que ese documento demuestra que hubo una «planificación» de los ataques de los radicales de ultraderecha contra las instituciones democráticas.
