La dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tuvo una relación incómoda con el movimiento feminista nicaragüense desde la década de 1980. Por un lado, ensalzaba la participación de las mujeres en la lucha contra la dictadura somocista y en la construcción del proyecto revolucionario, y por el otro, intentaba delimitar el campo de acción de este movimiento imponiendo discursos, liderazgos y formas de organización.

Con el retorno de Daniel Ortega al Gobierno, en el 2007, no se hicieron esperar los gestos de hostilidad hacia el movimiento feminista, junto con los graves retrocesos en materia de derechos de las mujeres.  Primero fue la penalización absoluta del aborto en la Asamblea Nacional y el silencio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante los recursos por inconstitucionalidad interpuestos por las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.


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Simultáneamente, desde la propia Secretaría de Comunicación del Gobierno de Ortega, dirigida por Rosario Murillo, se inició una campaña permanente de estigmatización en contra de las feministas, quienes fuimos acusadas de no ser mujeres de “verdad”, de promover la “desunión de la familia” y una “cultura de la muerte”, de estar en contra de la maternidad, replicando los epítetos con que los grupos más conservadores intentan deslegitimar nuestras demandas históricas. 

Con el objetivo de estrechar al máximo el campo de acción del movimiento feminista, se prohibió a las instituciones del Estado cualquier tipo de colaboración con las organizaciones feministas, incluyendo a la Policía Nacional, cuyas delegaciones se encargaban de advertirle a las mujeres víctimas de violencia machista que no podían llegar acompañadas de las defensoras. 

Detrás de tan arbitraria prohibición se escondía la falta de interés por parte de la Policía para atender las denuncias y la orientación de forzar a las víctimas a mediar con sus agresores, situación que fue denunciada por los colectivos que trabajan en la prevención de la violencia de género. 

El chantaje por parte del Gobierno del FSLN también estuvo dirigido a las mujeres que eran o pretendían ser beneficiarias de los programas de asistencia desarrollados, tales como el Bono Productivo y Usura Cero. En ambos casos, las mujeres fueron advertidas de no vincularse con las organizaciones feministas, además de la prohibición explícita de brindar declaraciones públicas que pusieran en evidencia las deficiencias de dichos programas.   

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La presión a las agencias no gubernamentales de cooperación para suspender el apoyo financiero a las organizaciones/redes feministas, fue otra de las estrategias oficiales para tratar de desarticularnos. Como resultado de esta presión, la mayoría de las agencias decidieron abandonar el país a partir de 2010 afectando la calidad y proyección de diversas estrategias de defensa de derechos de las mujeres.

Desde antes del estallido de abril de 2018, el movimiento feminista enfrentó por primera vez, desde la década de los 90, serias restricciones para ejercer su derecho a la libertad de movilización. De forma progresiva la Policía estableció prohibiciones para impedir la realización de marchas que se suelen realizar en fechas emblemáticas como el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer ) y el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer).

Enviar grupos de choque a insultar a las feministas, retener buses y amenazar a propietarios de unidades de transporte privados con quitarle la licencia si movilizaban a las mujeres, colocar decenas de antimotines para impedir los recorridos previstos; forman parte de las agresiones del régimen en contra del movimiento feminista.    

Después de abril de 2018, se instaló en el país un Estado policial de facto que prohíbe cualquier tipo de manifestación pública e incluso actividades que se realizan bajo techo. Tal fue la experiencia del movimiento feminista en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en 2020, actividad que fue asediada por un contingente de antimotines que mantuvieron por varias horas retenidas a un nutrido grupo de mujeres.

A finales del 2021, la Asamblea Nacional bajo el control absoluto del régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con el propósito de obligar a todas las organizaciones de sociedad civil a inscribirse en un registro especial que les obliga a permitir la intervención absoluta del Ministerio de Gobernación (Migob) en todo su quehacer, en abierta violación al derecho a la libertad de asociación. 

En el marco de esta Ley, al menos cinco organizaciones feministas han sido clausuradas y otras están en inminente riesgo de perder su personería jurídica. Esta sucesión de agresiones que el régimen Ortega – Murillo ha desarrollado durante 15 años consecutivos, no ha logrado, sin embargo, debilitar al movimiento feminista nicaragüense, por el contrario, nos ha obligado a diversificar nuevas estrategias de lucha que nos ha permitido no solo resistir, sino crecer en medio de tanta adversidad, manteniendo intacta nuestra apuesta por la verdad, la libertad y la justicia. 

*La autora es feminista y fundadora del colectivo feminista La Corriente.  

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