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La ONU insiste en ingresar a Nicaragua tras arremetida del régimen contra opositores y la Iglesia  

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pide que se detengan la represión y se libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.

Las redadas nocturnas contra opositores, la suspensión de ejercicio “de por vida” dictada contra abogados defensores de derechos humanos, la detención de más sacerdotes y el congelamiento de las cuentas bancarias a diferentes diócesis de la Iglesia católica han hecho que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insista al régimen de Daniel Ortega para que le dé acceso a Nicaragua y ayudar a buscar una solución a la crisis.

“La Oficina de Derechos Humanos insta al gobierno a abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el estado de derecho. La Oficina de Derechos Humanos está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país”, indicó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una declaración.

Según la Oficina, dar acceso a su personal constituiría un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU.

La portavoz expresó su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades “siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin”.

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Solo en el mes de mayo, 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en todo el país, al menos 32 de ellas el 3 de mayo. En una noche, 55 personas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”. Esta es la figura que la dictadura sueleutilizar para silenciar a sus críticos.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los 55 acusados tuvo un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica.

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LA SUSPENSIÓN DE ABOGADOS

Los días 9 y 11 de mayo, la Corte Suprema dictaminó que 26 abogados y notarios críticos con el régimen, incluidos algunos de los defensores de los derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer la abogacía. Veinticinco fueron despojados de su nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”, insistió la ONU.

Desde diciembre el 2018 cuando expulsó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH —que certificó crímenes de le sa humanidad cometidos por fuerzas del Estado—, la dictadura se ha negado a dar acceso al país a las organizaciones de derechos humanos.

En los últimos cinco años, el sistema de derechos humanos de la ONU ha aprobado al menos ocho resoluciones sobre la situación en Nicaragua, pero todas han sido ignoradas. La dictadura sigue incumpliendo deliberadamente sus obligaciones internacionales en esta materia.

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