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La patronal venezolana condena la detención del presidente y vicepresidente del Cosep

A ambos dirigentes el Poder Judicial les decretó 90 días de detención judicial horas después de su detención.

La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, condenó este viernes la detención de los empresarios nicaragüenses Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

«La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) condena la detención judicial ordenada por el Ministerio Público de Nicaragua contra los directivos de la organización empleadora, Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas», reza un comunicado de la patronal.

La Policía de Nicaragua, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, informó este jueves que había detenido a los empresarios bajo la acusación de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país.

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EXPRESAN APOYO AL COSEP

También por, presuntamente, «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

Además, por supuestamente «proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones», y «demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».

En este sentido, Fedecámaras reiteró su rechazo «a todo hecho de violencia o cualquier acción que signifique el uso de la fuerza o cualquier otra violación al pleno ejercicio de la libertad sindical de las organizaciones empleadoras y sus dirigentes».

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Finalmente, la patronal venezolana expresó «su incondicional apoyo al Cosep en su llamado a la inmediata liberación» de Healy Lacayo y Vargas Duarte, así como de su expresidente, José Adán Aguerri Chamorro, detenido el pasado junio.

«Abogamos porque en Nicaragua se retome a la brevedad el respeto a los valores democráticos y del estado de derecho, para garantizar la paz, el progreso y el bienestar de todos los nicaragüenses», concluyeron.

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