La instrucción de Daniel Ortega a la Corte Suprema de Justicia para que reforme la Constitución y establezca la pena de cadena perpetua como castigo a los crímenes de “odio” y “atroces”, ha alarmado a la oposición porque cree que será usado en su contra.

Y más allá de un interés por disminuir la ola de femicidios, producto de la violencia machista, ven una movida política con claro objetivo represivo. Las mismas defensoras de derechos humanos cuestionan la medida, pues no es una solución a la violencia que viven las mujeres nicaragüenses.

José Pallais, jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dijo: “El objetivo no es buscar justicia, es buscar venganza política, es una forma más de represión. Está aprovechándose del drama de las mujeres”.

El anuncio oficial fue motivado tras los femicidios contra dos niñas del Caribe Norte de Nicaragua, que fueron violadas y ultimadas a machetazos. “El Presidente de la República mandó a reformar las leyes pertinentes para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio crueles y aberrantes”, expresó Rosario Murillo.

Para proceder, la Asamblea Nacional tiene que reformar el artículo 37 de la Carta Magna que dice que la “pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”. El trámite de reforma podría ser expedito por el control orteguista en el Parlamento.

Lo que levanta suspicacia del anuncio es que Murillo y Ortega se refieren a crímenes de odio, un término por el que ya se ha acusado a opositores y periodistas en Nicaragua, a raíz de la Rebelión de abril. El líder campesino Medardo Mairena fue condenado, en febrero de 2019, a 210 años y tres meses de prisión, mientras que a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau se les imputaron cargos por fomentar a incitar al odio, entre otros.

“El objetivo es usar la cadena perpetua contra opositores, para castigar a la disidencia y a la oposición, ella (Murillo) habló de crímenes de odio, la referencia que tenemos de eso es Venezuela, donde aprobó una ley en 2017 en la que se contempla el crimen de odio, y que afecta el derecho a la libertad de expresión en redes, y medios de comunicación ,además considera como odio la crítica”, dijo el jurista.

Daniel Ortega orientó al Supremo a que reforme las leyes “necesarias” para establecer la pena de cadena perpetua.

Esa ley a la que se refiere Pallais, desató fuertes críticas al régimen de Nicolás Maduro no solo porque la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente sino porque recrudeció la represión. La Ley contra el odio estableció penas de hasta 20 años, amenazó a los partidos políticos opositores, a los medios de comunicación y reguló la opinión en las redes sociales.

Pero además, una pena de cadena perpetua, expone, es violatoria de los derechos humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la que se prohíbe cualquier tortura o pena degradante. “La cadena perpetua es inhumana y degradante”, indica.

“El derecho penal se humaniza con el límite de las penas y con el propósito de reinsertar a quien ha infringido las leyes. Establecer la cadena perpetua es una visión totalitaria, absolutista”, añade, al tiempo que menciona que se ha demostrado que el aumento de una condena no disminuye la comisión de los delitos. 

Desde su punto de vista, otro indicio de que Ortega no está actuando porque le interese la ola de femicidio es que convirtió a Nicaragua en el país de la impunidad y ha liberado a más de 23,000 reos comunes, entre los que hay violadores, abusadores y femicidas.

MÁS EN NUESTRA COBERTURA:

Compartir:

¿Qué te pareció esta noticia?