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La reacción de México a la crisis de Nicaragua, un revés para Ortega

Los mandatarios de izquierda de Argentina y México han reaccionado a las detenciones emprendidas por la dictadura orteguista y buscan un acercamiento con Estados Unidos en aras de aportar una solución a la crisis que atraviesa el país.

Por E. L. | Junio 15, 2021

México se sumó este lunes a la lista de naciones que han expresado su preocupación por la represión que vive Nicaragua y que en las últimas semanas ha dejado a cuatro aspirantes a la Presidencia detenidos junto con 11 líderes de la oposición, entre los que se encuentran viejos cuadro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del dictador Daniel Ortega. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió reaccionar, tras mantener silencio bajo su política exterior de no intervención, una decisión que analistas consideran un revés para Ortega.

“México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al Gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos”, reza un reciente comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos.

La preocupación de la nación azteca se dio un día antes de la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud de Luis Almagro, secretario general del organismo, en la que se abordará la escalada represiva del régimen de Ortega.

El exdiplomático Julio Icaza recordó que la política exterior mexicana ha jugado un importante papel en las crisis de los países centroamericanos, muestra de eso es que en los años 70 y 80 apoyó la lucha contra el dictador Anastacio Somoza y luego participó en el Grupo de Contadora, para promover la paz en la región, así como mediador en las Conversaciones de Manzanillo entre Nicaragua y los Estados Unidos.

“El acercamiento entre los presidentes (Joe) Biden y (Andrés Manuel) López Obrador es también otro factor que incide en este cambio de una supuesta neutralidad y no injerencia, anunciada al comienzo del Gobierno de López Obrador a una posición más comprometida con la búsqueda de una solución al problema de Nicaragua”, expuso Icaza.

En la sesión del Consejo Permanente de la OEA, de este martes se someterá a votación un proyecto de resolución denominado “La situación en Nicaragua”, en la que  se plantea la preocupación ya que el régimen de Ortega no implementó las reformas “electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas”. Además, condenan el arresto, acoso y restricciones impuestas a los aspirantes a la Presidencia, partidos políticos y medios de comunicación independientes. 

“Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”, expone el punto tres del proyecto de resolución.

El cuarto punto solicita a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que presenten al menos dos informes “al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General”.

Daniel Ortega ha encarcelado a cuatros precandidatos presidenciales.

Antes, Almagro había solicitado una reunión de urgencia ya que expresó que el organismo “debería considerar la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.    

Para Icaza, hay altas probabilidades que el proyecto de resolución se apruebe por una amplia mayoría. “Para cualquier país es muy difícil defender o callar ante violaciones gruesas de los derechos humanos y México no iba a ser la excepción”, expone Icaza.

Otro factor que ayuda a criterio del exdiplomático es que Argentina también busca acercamiento con Estados Unidos y está experimentando un giro en su política “hacia el problema nicaragüense, expresado en la reciente iniciativa anunciada por el Presidente (Alberto) Fernández”.

Mientras el régimen de Ortega por medio de un documento denominado: Nicaragua: En defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, defendió las detenciones a los aspirantes y líderes de la oposición y exigió la “no injerencia de cualquier gobierno extranjero”.

La dictadura acusa a gobiernos de la región de cabildear para la aprobación de una resolución por parte de la OEA y la califica de “una grave violación de los propósitos y principios del derecho internacional, la Carta Democrática de la ONU y la Carta Democrática Interamericana”.

Pero, además exigieron la eliminación de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y la Unión Europea al círculo más cercano de Ortega, incluyendo a cuatro de sus hijos y su esposa Rosario Murillo. Las sanciones han alcanzado a miembros del Ejército y Policía e instituciones del gobierno orteguista.

“Nicaragua exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad. Las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, indica el documento.

El analista político Enrique Sáenz señala que las detenciones de las últimas semanas contra aspirantes presidenciales y dirigentes políticos, son una maniobra de Ortega para anular de hecho las elecciones, ya que ni “circo electoral quiere”.

“Igual que ha impuesto la suspensión de garantías y derechos constitucionales de los nicaragüenses de hecho, sin ningún decreto, pues ya se resolvió a no dejar ni siquiera la más mínima ranura para elecciones e implantar de una vez un Estado de carácter terrorista, porque las operaciones que ha desarrollado son carácter terrorista”, manifestó Sáenz.

Indicó que estas acciones pretenden sembrar miedo, temor e intentan desmantelar a las fuerzas de la oposición.

El analista considera que Ortega con la embestida de las últimas tres semanas en contra de la oposición ha conseguido que la comunidad internacional ponga sus ojos en Nicaragua, lo que ha provocado un mayor aislamiento y descrédito.

“Y ese proceso seguirá con independencia de lo que ocurra mañana (en la sesión del Consejo Permanente de la OEA), lo que ocurra mañana hay que verlo como parte de un proceso y no como que lo que ocurra mañana va a ser fatal y definitivo”, explicó Sáenz.

Para el especialista, la “cacería” contra la oposición tiene todas las características de una “operación terrorista” y es posible que Ortega mantenga a detenidos frente a una eventual negociación.

“Mientras no sienta que el toro va en serio, pues va a buscar como repetir lo que practicó entre el 2018 y 2019, hacer unas fintas para ganar tiempo, lograr si acaso se produjera una negociación en la presente condiciones, él no tiene todavía, siento yo, los suficientes incentivos para sentarse en serio”,  valora el analista político.