Las mujeres piden al Gobierno que aplique la Ley 779 y políticas públicas para la erradicación de la violencia.

Sonia Aguirre tras el femicidio de su hermana Silvia quedó desconcertada. No sabía a dónde acudir.  No sabía a quién pedir ayuda. Solo quería exigir justicia por el asesinato machista del que fue víctima su hermana el 23 de octubre de 2004 a manos de Pedro Jiménez Cantarero en Tipitapa, Managua. “Mi hermana siempre fue víctima de violencia, él siempre la maltrataba”, dijo en una entrevista en 2010.

El cuerpo de su hermana fue decapitado por su pareja quien usó para ello una motosierra. La misoginia no solo se evidenció con el asesinato de Silvia sino que también en la negativa del femicida de negarse de por vida a revelar a la familia dónde enterró los restos de la mujer. En 2017, Sonia se encontró cara a cara con Pedro y le preguntó de nuevo por el paradero del cuerpo de su hermana.

Sin embargo, se encontró con el silencio. “Dónde dejaste la cabeza de mi hermana”, le espetó Sonia. El hombre ni siquiera se inmutó. Ese día, el 6 de septiembre de 2017, Sonia fue al Juzgado porque el femicida buscaba libertad, tras permanecer 13 años en prisión, usando como argumento que un expediente de evaluación de conducta señaló que estaba apto para reintegrarse a las sociedad.

Mientras la defensa del femicida se apresuraba en dar razones a la jueza de que su libertad estaba justificada, en las afueras de los juzgados de Managua, varias organizaciones de mujeres demandaban que el reo cumpliera con la condena impuesta. Ahí estaba la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) quien respaldó la denuncia de Sonia.  

La Red de Mujeres ha establecido un tejido comunitario en zona remotas del país. Decenas de mujeres han sido recibido apoyo sicológico y jurídico para terminar con la violencia machista de la que son víctimas.

En este pedregoso camino, que es la búsqueda de justicia en Nicaragua, hubo acompañamiento jurídico y psicológico de la RMCV. No era casual que miembros de esta organización estuviesen en las afueras de los juzgados. Era parte de un respaldo que empezó en 2004 cuando a Sonia, en medio de las secuelas de un femicidio, no sabía qué puertas tocar. 

“Alguien se me acercó y me dijo: hay una organización que se llama Red de Mujeres Contra la Violencia que pueden apoyarte. Yo les expuse el caso, me dieron asesoramiento legal, la Red hizo presencia y muchas mujeres de la Red estuvieron apoyándonos con mantas y eso es una importante labor social porque ejerce presión”, dijo Sonia en una entrevista, publicada en YouTube en 2010. 

Esa ha sido la misión de la Red de Mujeres Contra la Violencia. Su trabajo comunitario con decenas de mujeres, que comparten el ideario de erradicar la violencia de género y la impunidad, ha logrado movilizaciones de respaldo a nivel nacional en favor de familias víctimas del machismo. El caso de Sonia es muestra de ello, pues cuando emprendió la búsqueda de justicia por el femicidio de su hermana, con la compañía de la Red, supo que no estaba sola.  “Es duro verse sola en esta lucha”, dice Sonia.

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La lucha del movimiento feminista de Nicaragua por la igualdad y la erradicación de las violencias no se puede contar sin la Red de Mujeres Contra la Violencia, un movimiento social que surgió en 1992 con el claro objetivo de defender a las mujeres del machismo social e institucional y crear conciencia sobre la violencia de género.

En concreto, lo que hoy se conoce como RMCV nació durante el Encuentro Nacional Mujeres Unidas en la Diversidad. De esa convención de mujeres, surgieron cinco redes y una de ellas fue la RMCV siendo la que más perduró en el tiempo y la que más incidencia ha tenido en la formulación de políticas públicas con enfoque de género. Violeta Delgado, que estuvo al frente del movimiento, recordó en 2004 que inicialmente, fueron un grupo relativamente pequeño de entre 18 y 22 organizaciones dispuestas a realizar dos o cuatro actividades al año.

La RMCV ha demandado desde 1990 la erradicación de la violencia machista. Ha acompañado a decenas de familias en la búsqueda de justicia por los femicidios.

Pensaron en elaborar folletos para comunicar qué hacer y a dónde acudir en situaciones de violencia. Ese mismo año en que nació la Red, las mujeres promovieron la primera campaña nacional contra la violencia que bautizaron “Rompiendo el Silencio”. Poco a poco el color morado se fue institucionalizando y con el pasar de los años se extendió a más organizaciones a nivel nacional. 

Sus actividades de denuncia evidenciaron y nombraron un problema que las mujeres vivían en sus hogares: la violencia de género. “El trabajar en red ha constituido la razón de ser de que exista hasta hoy la RMCV en medio de todas las dificultades y limitaciones que han existido siempre. Ha sido una labor de compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres porque cada quien desde donde está, desde su casa, desde su barrio se ha convertido en defensora”, dice una integrante de la Red que habla para este medio bajo anonimato. 

Las integrantes de la Red destacan esa labor comunitaria que las caracteriza. Era muy casual que mujeres se acercaran a otras que vestían una camiseta del movimiento para consultarles dónde podían contactarlas para pedir ayuda. “Las mujeres se acercaban y te decían: “mire, le quiero contar que tengo un problema con mi hija o una amiga” y tal vez eran ellas mismas que sufrían violencia”, recuerdan a través de una videollamada de Zoom que sostuvieron con este medio. 

Actualmente la Red está presente en 18 territorios a nivel nacional; desde la Costa Caribe a Occidente y desde Rivas a Jinotega. En sus mejores años lograron aglutinar hasta 150 organizaciones a nivel nacional, sin embargo en la última década, producto de la inestabilidad sociopolítica del país, ha quedado reducida en 30.

La Red mantiene los principios fundamentales de su origen: autonomía, diversidad, participación, coordinación, horizontalidad. Las mujeres que la integran son lideresas territoriales que defienden los derechos en zonas donde el machismo está arraigado.

Aunque las circunstancias han menguado en el número de participación de las organizaciones, la Red mantiene los principios fundamentales de su origen: autonomía, diversidad, participación, coordinación, horizontalidad. Este último es determinante para mantener la equidad y la igualdad, además, permite que las decisiones se tomen en consenso y en asambleas.

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“El consenso no es total, no es cierto que todas pensamos igual, pero el marco de convivencia nos permite que las compañeras que no estén de acuerdo se les pregunte si pueden convivir con esa decisión. Ahí está la amplitud de criterios”, comenta una integrante de la Red. “A nivel nacional son cinco asambleas en el año”, añade. Este ejercicio les ha permitido el liderazgo continúo y la igualdad de oportunidades.

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La Red de Mujeres Contra la Violencia es quizá uno de los movimientos sociales feministas  de Nicaragua que más han pujado por la formulación de políticas públicas con enfoque de género. Han impulsado cambios que han transformado la vida de mujeres como el diseño de la Comisarías de la Mujer que nacieron allá por 1995, la primera campaña institucional contra la violencia llamada “Rompiendo el silencio» allá por 1992 y otros logros más. Ha salvado y cambiado vidas. 

El trabajo conjunto con instituciones del Estado hasta 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder y rompió con las organizaciones de mujeres, fue clave para que las mujeres contaran con un marco legal que las protegiera y garantizara justicia. “Esa coordinación con instituciones fue fundamental para el abordaje y para la erradicación de las violencia hacia las mujeres”, dice una integrante. 

Uno de los grandes logros de la Red fue la reforma al Código Penal para sancionar los delitos sexuales en Nicaragua. Ha sido clave en la formulación de políticas públicas con enfoque de género.

En 1993, por ejemplo, la Red logró que la Asamblea Nacional de Nicaragua reformara el Código Penal para sancionar los delitos sexuales y en 1998 demandaron al Estado la creación de la Comisión Nacional Contra la Violencia. “En enero de 2002, con el inicio del Gobierno del presidente Enrique Bolaños, este proceso tuvo una culminación con la participación de la Red de Mujeres contra la Violencia en el Consejo de Planificación Económica y Social, en donde Matilde Lindo, de Puerto Cabezas, y yo (Violeta Delgado) representamos a la Red, y tratamos de representar a todas las mujeres”, cuenta Delgado en un artículo publicado en la revista Envío.

Para ella ser reconocidas como actoras e interlocutoras políticas en este espacio de debate nacional en donde se definieron las políticas nacionales, abrió nuevos debates en la Red. A la Red también se le atribuye la primera investigación pionera sobre la violencia contras las mujeres. “Confites en el infierno” fue una publicación elaborada por  la Universidad de León y la Universidad de Umea, Suecia, en la que se expuso que una de cada dos mujeres nicaragüenses habían sido maltratadas físicamente por su pareja.

Era la primera vez que un estudio arrojaba un dato revelador que sólo se conocía de las puertas de la casa hacia dentro. “Supimos que el 30% de las mujeres había recibido golpes durante su embarazo, y que una de cada cuatro mujeres nicaragüenses y uno de cada cinco hombres había vivido abuso sexual durante su infancia. La investigación demostró también que no eran precisamente los hombres desempleados y los que sobrevivían en la extrema pobreza quienes más golpeaban y maltrataban, sino los que trabajaban en el sector informal, no necesariamente los de menores ingresos”, recuerda Delgado.

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femicidios violencia mujeres
La impunidad es el denominador común en la mayoría de los femicidios que ocurren en el país.

De igual forma, la Red de Mujeres impulsó junto con el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra y otras organizaciones la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres-L779. Ese es uno de los recientes logros alcanzados por este movimiento que sin ser una organización no gubernamental ha plantado cara a cuatro mandatarios, que han liderado el Gobierno de Nicaragua, en pro de los derechos de las mujeres del país.  

“Efectivamente quien tiene la mayor responsabilidad y a quien hemos denunciado, a quien siempre hemos interpelado es al Estado de Nicaragua porque es a él quien le corresponde la mayor responsabilidad”, dice otra integrante de la Red que habla con este medio. Las demandas siempre han sido trasladadas a los gobiernos sin distingo del partido político en el poder.

A 30 años de fundación, la Red de Mujeres Contra la Violencia continúa trabajando en un contexto adverso, pero con la firmeza de visibilizar los derechos de las mujeres en todos los espacios de la vida pública. Han fortalecido el trabajo comunitario, han explotado las tecnologías de la información para crear conciencia sobre las violencias, y han tejido redes de apoyo para protegerse entre ellas mismas.

Mientras haya mujeres que estén en contra de la violencia, dicen, seguirá existiendo la Red, la misma que ayudó a Sonia en la búsqueda de justicia por el femicidio de su hermana Silvia. “El trabajo comunitario de la red  nos hace especial en ese acompañamiento a las mujeres víctimas de las violencias”, coinciden.