Representantes de 21 países de la Unión Europea ante la Eurocámara llamaron a Daniel Ortega a recapacitar sobre las graves repercusiones que tendría la aprobación de la Ley de regulación de agentes extranjeros que se pretende poner en vigor en Nicaragua.

“La represión de la oposición y el silenciamiento de sus voces no es el camino a seguir. El diálogo sí lo es”, le hacen ver en una carta dirigida al líder sandinista este viernes, al señalar que es es una norma carente de sustento, estudio o análisis de riesgo y, por tanto, “violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”.

“Hemos tomado nota de la grave preocupación expresada por organizaciones y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) contra esta ley y esperamos que se escuche su voz”, subrayan los eurodiputados que lanzan un enfático llamado a rectificar.

“Esperamos que recapaciten y le exhortamos a usted, señor Presidente de la República, a que no aprueben la ley propuesta”, expresan.

VIOLA DERECHOS AL EJERCICIO POLÍTICO

A su vez, el grupo de 21 europarlamentarios observan que la ley se convertiría en un instrumento que limitaría la participación política de movimientos, organizaciones o asociaciones que reciben financiación internacional para proyectos de desarrollo.

Señalan que todas estas organizaciones “serían concebidas como “agentes extranjeros”, bajo el supuesto de que pueden poner en riesgo la seguridad del país, no podrían presentarse a candidatura alguna en las elecciones, y por lo tanto se limitaría su derecho a la participación política. Se trata de una grave violación de derechos humanos y, sobre todo, se produce en el contexto de una creciente polarización y un clima de intimidación y amenaza percibido por los defensores y defensoras de derechos humanos”, expresan.

Los europarlamentarios recuerdan que durante los últimos 40 años, la acción conjunta de la sociedad civil en Nicaragua y Europa ha
sido la base del modelo social que pretende dejar atrás la dictadura vivida, para que nunca regrese.

“Esta acción conjunta se ha basado en la confianza, la confidencialidad y la libertad de expresión e información. El apoyo financiero siempre ha sido necesario, al igual que la ayuda
oficial al desarrollo hasta hoy. Un tipo de ayuda no puede existir sin el otro”, agregan los funcionarios del Parlamento, una de las instancias de la UE.

La iniciativa es similar a la Ley de agentes extranjeros firmada por el presidente Ruso Vladimir Putin en 2012 que declara como tal a organizaciones de la sociedad civil, y que luego incorporó a medios de comunicación y periodistas.

Según el artículo 12 de la propuesta de ley, las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como “agentes extranjeros” deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna, a la vez tienen prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

El proyecto de ley “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”, según el proyecto.

La iniciativa de Ley fue introducida este martes ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional, cuya directiva, controlada por los sandinistas, definirá cuando la envía a comisión.

De acuerdo a la iniciativa, tanto los funcionarios nacionales como extranjeros que trabajen para las organizaciones de la sociedad civil, deberán presentar mensualmente ante el Ministerio de Gobernación un informe documentado y verificable de los gastos, pagos, desembolsos, contrataciones, así como los ingresos percibidos de parte de donantes.

Además, las asociaciones deberán declarar sobre el uso de las donaciones que reciban, las que serán registradas en un portal web que Gobernación habilitará y no podrán ser usadas para otro fin, señala la iniciativa de ley.

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