Las mujeres desde 2008 han desafiado al régimen de Daniel Ortega, por eso para muchas nicaragüenses el 8 de marzo está marcado en el calendario como el día en el que se juntan para salir a la calle a reivindicar sus derechos y plantear sus demandas al Estado. Este #8M no podrán hacerlo. Si se atreven corren el riesgo de ser vapuleadas por la Policía Orteguista o encarceladas porque la dictadura no tolera el más mínimo acto de disidencia.
La última marcha del #8M en Nicaragua fue en el 2018, cuarenta días antes del inicio de la Rebelión de Abril. Ese día, las mujeres se juntaron en una gasolinera ubicada frente al Colegio Teresiano en Carretera a Masaya, en Managua.
Reportajes, entrevista, análisis y las claves del especial 8M «DESPROTEGIDAS»
Unas vestidas de negro y otras de color morado, recorrieron un tramo de carretera hasta llegar a las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA). Sin embargo, no lo hicieron en completa libertad. Decenas de antimotines de la Policía trataron de impedirles la salida, pero ellas pusieron resistencia.
Estaban hartas —y lo siguen estando— por la alta incidencia de femicidios en Nicaragua y querían que su voz fuera escuchada. Ese 8 de marzo, en apenas nueve semanas, 11 mujeres habían sido asesinadas en Nicaragua, tres de ellas en la primera semana de marzo.
Una había sido decapitada en El Castillo, Río San Juan; una anciana de 98 años había sido acuchillada en Bluefields y el cuerpo de una niña de 12 años fue encontrado dentro de un pozo en Pueblo Nuevo, Estelí.
Desde el año 2018, tras la represión a las protestas ciudadanas en su contra, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se hizo con el control de las calles y ahora nadie puede manifestarse. Las marchas están prohibidas.
No poder salir este #8M, Día Internacional de la Mujer, les causa indignación y les confirma que Nicaragua vive en una dictadura. “Solo los regímenes dictatoriales recurren a las fuerzas policiales para prohibir a la ciudadanía expresarse. Nicaragua es de los pocos países a nivel mundial que prohíbe a las mujeres marchar un 8 de marzo. Sentimos una indignación muy grande porque marchar es nuestro derecho constitucional”, reclama María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente.
Los roces entre el Gobierno y las distintas expresiones del Movimiento Feminista en Nicaragua iniciaron con la llegada al poder de Daniel Ortega en enero de 2007.
Con los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, “nunca tuvimos dificultades para marchar”, rememora María Teresa Blandón. “Enviábamos una carta a la Policía, para informar el recorrido y punto”.
Antes de 2007, reconoce otra dirigente del movimiento feminista que habla bajo anonimato, había coordinación con las instituciones estatales. Se trabaja en la aplicación de la prevención de la violencia, funcionaban los albergues de las organizaciones, había marchas espontáneas y nunca hubo oposición.
La guerra del régimen contra las mujeres fue escalando, se cortó toda coordinación entre las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, fueron expulsadas de las Comisarías de la Mujer hasta que fueron finalmente cerradas y a partir de 2015, particularmente, cada año enviaban turbas y policías para agredirlas e insultarlas en sus manifestaciones.
A partir del 2017, ya hubo una clara decisión de tratar de impedir que las mujeres marcharan. El 25 de noviembre de ese año, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, había antimotines en el sitio de concentración en Managua.
“Nos dejaron atrapadas en un reducido espacio. Nos mandaban a mujeres antimotines para reprimirnos. Impidieron a las compañeras que venían de los departamentos que llegaran hasta Managua y, en algunos casos, amenazaron a los dueños de buses de que si traían a las mujeres les iban a quitar las concesiones”, recuerda María Teresa Blandón.
Desde el año 2018, después de la Rebelión de Abril, el cerco policial ha sido total. El 25 de noviembre de ese año no hubo permiso para marchar.
Tampoco pudieron hacerlo en 2019, 2020 o 2021. Las mujeres, en su intento por no dejar pasar una fecha memorable, el 8 de marzo de 2020 se reunieron en las instalaciones del Programa Feminista La Corriente, en Bolonia.
Decenas de antimotines rodearon la sede de la organización e intentaron entrar. Las mujeres plantaron cara a los agentes, pero fueron atacadas.
“Nos tuvieron retenidas con un despliegue de antimotines impresionante. Ya no se nos permite ni las actividades bajo techo, mucho menos salir a la calle”, reafirma Blandón.
En este contexto de supresión de derechos civiles y políticos en Nicaragua, las mujeres reafirman que ahora su lucha también es por la libertad.
Aunque no pueden hacerlo en la calle, siguen reclamando y denunciando, principalmente en redes sociales, cómo el Estado de Nicaragua reprime, no respeta los derechos humanos y no garantiza la vida de las mujeres y niñas.
Se suman a la petición de libertad para las presas y presos políticos, que haya un cambio en las entidades estatales y demandan que la Policía actúe sin filiación partidaria.
“La lucha ahora también es por la libertad. La libertad también es poder salir a la calle un 8 de marzo sin que nos metan presas”, concluye la integrante del movimiento feminista.