El diputado Brooklyn Rivera, del partido Yatama, en nombre de la Coalición Nacional, presentó la tarde de este jueves a miembros de la Comisión Especial que dictamina la iniciativa de reforma a la Ley Electoral (Ley 331), las 18 razones por las que la oposición nicaragüense rechaza la propuesta sandinista, al considerarlas “meramente formales y no atañen al fondo del sistema electoral”.

Según el documento, las reformas a la Ley 331 violenta la Constitución Política, ya que establece nuevas inhibiciones para los candidatos opositores que deseen postularse para optar a cargos de elección popular, tal como lo señalan los artículos 134, 147 y 178 del texto constitucional.

Otra violación a la Constitución Política lo constituye la incorporación en la legislación electoral, de la Ley de Regulación de Agentes extranjero y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz que emplearán para inhibir a los candidatos de la oposición.

Asimismo, no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en junio del 2005, que mandató incorporar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

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De igual forma, desconoce el mandato constitucional de elegir a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) en consulta con las organizaciones civiles pertinentes, lo cual provocará que la elección de los nuevos funcionarios sea con características similares a los actuales “sin capacidad para administrar un proceso electoral confiable, libre, transparente, competitivo y observado”.

MANTIENEN BIPARTIDISMO

En su escrito, Yatama criticó el bipartidismo, así como la eliminación del concepto de observador electoral y su sustituye por el de acompañante “manteniendo la discrecionalidad del CSE en la reglamentación y acreditación de estos”.

Otro de los aspectos es que no se deputa el padrón electoral y “la incorporación de la coordinación del CSE con los Registros de los Estados Civil de las Personas no soluciona la problemática de depuración del padrón electoral”.

Con la reforma, le corresponderá a la Policía Orteguista y no el CSE autorizar las manifestaciones partidarias durante la campaña electoral, y convierte a Daniel Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía, en juez del proceso electoral.

“De esta forma se incorpora la coerción policial como un elemento presente dentro del proceso de campaña electoral, supeditando las actividades proselitistas a la autorización policial lo cual es inconstitucional y limita la libre competencia electoral”, cita el texto.

RESTRINGEN VERIFICACIÓN

Los opositores indican que se amplía inconstitucionalmente la impugnabilidad de las resoluciones del CSE al extender sus facultades a “resolver sobre derechos, deberes y prerrogativas constitucionales de los ciudadanos y candidatos en materia electoral”.

Señalan que el texto de la reforma propuesta por los sandinistas restringe el derecho a la verificación masiva de los ciudadanos la cual es necesaria para la depuración del Padrón Electoral. A eso se suma que no se establecen mecanismos para realizar una efectiva cedulación masiva como lo dispone la Ley de Identidad Ciudadana que ordena la apertura de las oficinas municipales de cedulación.

Asimismo, legalizan la figura de Coordinador de Centro de Votación, el cual es una especie de operador político partidario “con amplias facultades logísticas y administrativas en el Centro de Votación”.

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Otro de las razones del rechazo a las reformas es que se amplía los márgenes de discrecionalidad del CSE “al otorgarle la facultad expresa de aprobar y mandatar la totalidad de las normativas, reglamentos y manuales que se utilizarán en los procesos electorales”.

Señalan que se faculta a los Consejos Electorales Municipales “corregir de oficio la suma aritmética de los votos de las actas de escrutinio de las JRV de su circunscripción, dotándoseles de la atribución de cambiar los resultados oficiosamente sin razón fáctica, técnica ni jurídica lo cual legaliza el fraude electoral”.

Se elimina la posibilidad de que los partidos políticos o alianzas electorales tengan acceso al financiamiento proveniente del extranjero.

NO CUMPLE EXPECTATIVAS

En las reformas se plantea que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) están obligados a firmar todas Actas, no pueden abstenerse o firmar razonando su voto ya pueden ser señalados de cometer delito de electoral “con ello se pretende darle ropaje de legitimidad a las ilegalidades que se cometan durante el proceso”.

Los sandinistas en su propuesta de reforma a la Ley Electoral eliminaron la facultad del CSE de demandar a los organismos correspondientes condiciones de seguridad para los partidos o alianzas que participan en las elecciones y para los ciudadanos que ejerzan el derecho al voto.

 El documento presentado por Brooklyn Rivera señala que la iniciativa de reforma a la Ley Electoral no cumple con las expectativas de los ciudadanos que demandan reformas “sustanciales del sistema electoral y el sistema de partidos que ha colapsado y generado altos índices de abstención en los últimos procesos electorales, de tal forma que es necesario que la ciudadanía recupere la confianza en la administración electoral”.

“Se plantea una propuesta de reforma electoral que más bien robustece el actual sistema electoral a favor del Partido Político gobernante, incluso incorporando la coerción policial en pleno proceso electoral lo cual es inconstitucional”, expone el texto.

 QUE PROPONE LA OPOSICIÓN:

Eliminar las inhibiciones incorporadas por medio de la Ley de Regulación de Agentes extranjero y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Incorporar la observación nacional e internacional conforme los estándares internacionales en todas las etapas del proceso, y demandan que sea obligatorio que el CSE acredite a los observadores nacionales e internacionales.

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Auditoria y depuración del Padrón Electoral. Cedulación inmediata y permanente en las delegaciones regionales, departamentales y municipales.

Utilizar el mecanismo de selección aleatoria del Padrón Electoral para el nombramiento de los miembros de los Consejos Electorales Regionales, Departamentales, Municipales y las Juntas Receptoras de Votos.

Eliminar la atribución de los Consejos Electorales Municipales de revisar y modificar de oficio la suma aritmética de las actas de escrutinio provenientes de las JRV.

Entre las atribuciones de las JRV, anular las boletas electorales que no se utilizaron en el proceso de votación y colocarlas en sobre cerrado y separada del resto del material electoral.

OTROS CAMBIOS

Eliminar la figura de Coordinador de Centro de Votación, porque “no tiene ningún sustento técnico ni jurídico”. Publicar en tiempo real en la web del CSE el 100% de las actas de cada JRV asignadas a cada Centro de Votación, así como la publicación de las actas sumatorias municipales, departamentales y regionales, tan pronto sean transmitidas al Centro Nacional de Cómputos.

Proponen que se establezcan procedimientos claros y plazos para la presentación de recursos legales en contra de actuaciones y resoluciones de los órganos electorales. Reducir la discrecionalidad del CSE mediante la publicación de las normativas y/o reglamento único que regulan cada etapa del proceso electoral desde el día que se convoque a elecciones.

Asimismo, garantizar el derecho de los exiliados, en el marco de la crisis del 2018, a ser candidatos a cargos de elección popular. Dar autonomía a las alianzas electorales para que decidan el nombre, siglas, bandera, emblema, representación legal, solicitud de una casilla independiente para la alianza, así como candidaturas de conformidad con los acuerdos políticos y con los estatutos de dicha alianza.

Restablecer el derecho a la verificación ciudadana para garantizar la depuración del Padrón Electoral. “Asimismo se debe eliminar que se retire del padrón electoral a los ciudadanos que no han ejercido el derecho al voto en las últimas dos elecciones generales por cuanto ello es inconstitucional”.

Permitir el financiamiento a los partidos y alianzas políticas para así garantizar elecciones competitivas ya que el partido de gobierno tiene “recursos a su disposición” y además solicitan que se elimine que los partidos o alianzas pidan permiso a la Policía para realizar sus actos de proselitismo político.

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