A mediados de 2018, luego que Daniel Ortega recuperara el control del país mediante un descarnado ataque armado contra manifestantes civiles, la fecha del 7 de noviembre de 2021 significaba para los opositores la última arma cívica en poder del pueblo para terminar con las ambiciones dictatoriales del caudillo sandinista. 

No obstante, Ortega afinó su maquinaria política y represiva bajo un modelo de cero tolerancia a la disidencia y, con mano de hierro, aniquiló a la oposición y a cada uno de los rivales en los que vio una amenaza. Entonces, el 7 de noviembre de 2021 dejó de representar la esperanza del fin de la crisis sociopolítica en Nicaragua y fue declarado el día de la consumación de una farsa electoral.   

Estas son las razones por las que el quinto mandato de Daniel Ortega, cuarto consecutivo y segundo junto a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta, es declarado ilegítimo. 

Imposición el Estado-Partido

Desde 2007, año en que retornó el poder, Daniel Ortega comenzó a implantar el control partidario en todo el aparato Estatal, lo cual consolidó  convirtió instituciones y poderes en brazos represores e instrumentos al servicio de sus intereses, lo que ha derivado en una grave crisis de institucionalidad y de derechos humanos en Nicaragua. 

Nuevas leyes para reprimir

La  ofensiva para “limpiar” la boleta electoral del 7 de noviembre comenzó en octubre del 2020 con la aprobación de la Ley Especial de Agentes Extranjeros, a la que le siguieron la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, una norma que consta de dos artículos y que ha sido utilizada para criminalizar a los opositores bajo el argumento de que son “traidores de la Patria”. 

Además, la Asamblea Nacional, bajo el control del FSLN, en febrero del 2021, aprobó una reforma al Código Procesal Penal para ampliar a  90 días el plazo de detención de un ciudadano sin acusación formal. “Un cheque en blanco” para legalizar las detenciones arbitrarias. “Esto es inadmisible en una democracia. Solo es explicable por la pretensión del régimen de que el Poder Judicial siga siendo una herramienta más para la represión ciudadana y la violación de los derechos humanos”, dijo el 2 de febrero, el jurista José Pallais, quien actualmente es preso político. 

Nuevos magistrados del CSE, viejos amigos de Ortega

El 4 de mayo de 2021 la Asamblea Nacional eligió a los 10 magistrados del Poder Electoral (7 propietarios y 3 suplentes). Ninguno de los propuestos por los sectores de la oposición fue tomado en cuenta. Todos resultaron viejos amigos del orteguismo.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Manoseo a la Ley Electoral

El mismo cuatro de mayo, el Parlamento aprobó reformas a la Ley Electoral, sin retomar ninguna de las recomendaciones que hizo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre de 2020, las cuales pedían crear condiciones a más tardar en mayo de 2021 para unas elecciones “creíbles”. Sin embargo, el orteguismo apostó por realizar cambios que facilitaron inhibir, controlar y reprimir a los opositores.

Cancelación de personería jurídicas a partidos políticos

Entre los meses de mayo y agosto de 2021, el CSE exterminó la pluralidad política mediante la cancelación de la personería jurídica de tres partidos que se perfilaban como el “vehículo electoral” para sectores de oposición. El 18 de mayo fue ilegalizado el Partido de Restauración Democrática (PRD) y un día después se conoció la ilegalización del Partido Conservador (PC). Finalmente, el 6 de agosto, por pedido del PLC, fue eliminado el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). 

Opositores y rivales a la cárcel

El 20 de mayo el régimen Ortega – Murillo dio luz verde al encarcelamiento en serie de líderes de opinión, activistas, empresarios, periodistas y sus posibles adversarios en las elecciones de noviembre. Utilizando al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación acusó del supuesto delito de lavado de dinero a la aspirante Cristiana Chamorro, quien aparecía como favorita en las encuestas. Ese día se dio otro asalto a la redacción de Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana.

Además de Cristiana Chamorro, (2 de junio), fueron apresados los precandidatos: Arturo Cruz (5 de junio), Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga (8 de junio);  Miguel Mora (20 de junio) Medardo Mairena (5 de julio) y Noel Vidaurre (24 de julio).  Desde el 28 de mayo, al menos  47 opositores fueron encarcelados, la mayoría en la cárcel conocida como El Nuevo Chipote donde son sometidos aislamiento total o parcial, mala alimentación, interrogatorios constantes, falta de atención médica y maltratos, según denuncia de familiares. 

Manipulación al padrón electoral

El 24 y 25 de julio el proceso de verificación ciudadana se realizó bajo el “absoluto control” de la estructura del partido rojinegro. El observatorio Urnas Abiertas documentó al menos 500 irregularidades, como manipulación del padrón electoral, cambios de Centro de Votación a ciudadanos que pertenecen a una misma circunscripción; entre otras. Este control además se manifestó en la conformación de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Municipales (CEM).

La última inhibición

En las últimas horas del 2 de agosto se conoció que la exreina de belleza Berenice Quezada completaba la fórmula presidencial del partido CxL con Oscar Sobalvarro a la cabeza. Dos días después de su debut político, la candidata a la vicepresidencia fue inhibida por el CSE a petición de un grupo de personas que se identificaron como “víctimas y familiares del terrorismo golpista del 2018”.

Sin competencia en la boleta

 Ortega se enfrentó en los comicios a candidatos desconocidos de cinco partidos políticos que han sido calificados como colaboracionistas al orteguismo. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sin observación internacional y bajo censura al periodismo

Las votaciones del 7 de noviembre no contaron con la presencia de observadores internacionales, en su lugar el CSE impuso la figura de “acompañantes electorales”,  que resultaron ser miembros de organizaciones de izquierda de Latinoamérica y Europa a los que se cuestionó de hacer “turismo electoral”. Además, el periodismo independiente y la prensa extranjera fueron vetados por el régimen que, para entonces desató una férrea persecución que motivó al exilio a varias decenas de reporteros locales y orientó bloquear el ingreso al país de los enviados de medios internacionales. Esas acciones no impidieron que desde dentro y fuera del país se lograra documentar la jornada del 7 de noviembre de 2021.

OEA declara ilegítimas las votaciones en Nicaragua

La Asamblea General de la OEA aprobó el 12 de noviembre una resolución en la que declaró ilegítimas las votaciones en Nicaragua y solicitó al Consejo Permanente una “evaluación colectiva inmediata” con el fin de “tomar las acciones apropiadas”. 

En correspondencia, el pasado 8 de diciembre el Consejo Permanente del organismo aprobó una resolución en la que demanda la liberación de todos los presos políticos y el ingreso al país de una misión de alto nivel para entablar un diálogo que conlleve a unas reformas electorales integrales y la convocatoria a un nuevo proceso electoral. Ortega no ha respondido al secretario general Luis Almagro, quien solicitó como plazo hasta mediados de este mes para tener una respuesta al Consejo Permanente de la OEA. Estas acciones se suman al repudio de más de 50 países que han señalado de faltas de transparencia y legitimidad el proceso electoral nicaragüense.

Fuentes: Asamblea Nacional, Archivo DESPACHO 505, Organización de Estados Americanos (OEA), Consejo Supremo Electoral, Urnas Abiertas.