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Muertes por coronavirus, un capítulo más de impunidad 

Centenares de nicaragüenses han pagado con sus vidas el mal manejo de la pandemia por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Especialistas señalan que no ha habido una respuesta adecuada de las autoridades, mientras que familiares de las víctimas mortales de este virus exigen justicia.

Por J. GALO Y J. D. CRUZ | Marzo 18, 2021

Luis Siero Alfaro no tuvo la oportunidad de despedirse de su padre. La última vez que lo vio fue dentro de una bolsa de plástico negra, dentro de la morgue del Hospital Militar, en Managua, donde estaba asegurado. Los médicos sólo le entregaron un acta de defunción en la que le informaron que había fallecido de neumonía atípica grave y sin mayor explicación le ordenaron que lo enterraran “de inmediato”.

Pero antes de ver su cadáver, los médicos le exigieron a Luis ponerse un traje especial, mascarilla, guantes y protección en su cabeza, rostro y en pies. “Vos no podés tener contacto con el cuerpo, no lo podés abrazar, no lo podés besar, solo vas a abrir el zipper de la bolsa y ver su rostro”, le dijeron a Luis. Los hechos apuntan a una muerte por coronavirus.

Posteriormente los médicos procedieron a meter el cadáver de su padre en una caja de madera que curiosamente, dice Luis, estaba equipada con otra caja metálica en su interior, las mismas que se utilizan para fallecidos por Covid-19.

No hubo exequias, el entierro fue a prisa, de noche y los miembros de la funeraria que transportaban el féretro usaban un mono amarillo impermeable, máscaras de protección, guantes, gafas y la cabeza completamente cubierta. “Fue un entierro exprés”, dice sin titubear, a ocho meses del funeral.

La última vez que vio con vida a su padre, Luis Cristóbal Siero Huembes — un experimentado aviador y piloto de la aerolínea nicaragüense La Costeña, robusto, de piel blanca, cabello blanquecino “y muy saludable” — fue el 10 de mayo, cuando ingresó de emergencia al hospital por la fatiga provocada por la saturación de oxígeno que ya venía presentando días atrás, uno de los síntomas más conocidos del Covid-19.

“Sin haberme dicho si le aplicaron una prueba de Covid-19 o no, me lo aíslan por completo”, recuerda. Los médicos jamás le infomaron el porqué aislaron a su padre. Tampoco le permitieron visitarlo en ningún momento. “Uno no puede darle acompañamiento a su familia, preguntás por él y nadie sabe nada, te lo aíslan y ya estuvo, ahí quedó; no hay forma de verlo, no hay forma de hablarle”, cuenta.

Aunque ya han pasado ocho meses del deceso, y pese a que Luis tiene certeza de que murió por Covid-19, las dudas todavía persisten en su memoria. “Jamás me dijeron si mi padre tuvo Covid-19. Nunca me dijeron si le hicieron prueba o no, no me dejaban verlo. ¿Cuál era el problema de tener contacto con mi padre si su muerte fue por una neumonía? ¿Por qué enterrarlo de inmediato? Obviamente era Covid-19, pero jamás me lo dijeron”, lamenta.

Las interrogantes y el relato del hijo del piloto nicaragüense pueden parecer particulares, pero no lo son.  Durante los meses de mayo, junio y julio, cuando en Nicaragua se registraron los picos más altos de muertes y contagios por Covid-19, muchas familias nicaragüenses denunciaron a través de videos y relatos anónimos un número importante de entierros clandestinos y muertes por síntomas relacionados al virus. Algo inusual en una Nicaragua acostumbrada a funerales nada discretos. 

Otros reclamaban no tener la oportunidad de velar a sus deudos en casa, como tradicionalmente se hace, pese a que sus actas de defunción mostraban como causa de muerte “neumonía atípica” o “neumonía grave”. La orden era la misma: enterrarlos de inmediato. La posición de los familiares: El Gobierno intenta minimizar el impacto de la pandemia en el país. Esta valoración ha persistido hasta la fecha.

 

SECRETISMO OFICIAL

En abril de 2020, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), advirtió que si las autoridades nicaragüenses no establecían rigurosas medidas de prevención — como lo siguen haciendo —  el Covid-19 dejaría 119,703 contagiados y al menos 650 muertos para mediados de junio. Meses después, en su Informe de Coyuntura, publicado el 17 de diciembre,  las cifras de este centro de pensamiento arrojó que más de 8,000 nicaragüenses murieron de Covid-19 hasta agosto de 2020.

No obstante, el Minsa insiste en asegurar, a través de reportes semanales que son confusos, insuficientes y escuetos, que en los 10 meses de pandemia que atraviesa Nicaragua, solo 169 personas han muerto y otras 6,256 se han infectado con el virus, haciendo su propia realidad de la pandemia.

El organismo independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua, a través de testimonios de familiares y reportes médicos, lleva un conteo que rebasa las cifras del Minsa, identificando 12,495 casos sospechosos y casi 3,000 muertes atribuibles al virus.

Y es que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, las autoridades nicaragüenses han mantenido una política de secretismo y poca atención frente a la pandemia. De hecho, existe un subregistro de casos y muertes atribuibles a Covid-19 que jamás han sido reconocidos por el Ministerio de Salud.

La exministra de Salud en la década de 1980, Dora María Téllez, calificó como "manejo irresponsable" y una "negligencia criminal" la atención a la pandemia por parte de las autoridades nicaragüenses. 

"Este es un régimen al que no le ha importado la vida de los nicaragüenses. Los Ortega y Murillo simplemente se han cruzado de brazos en términos generales con todo lo relativo a la pandemia. Incluso sigue siendo un secreto la información, no conocemos los nicaragüenses la verdaderas cifras y un estimado de hasta 15 mil o 18 mil muertos por causa del Covid, estamos ahora ante una nueva oleada que el régimen se empeña en negar”, valoró Téllez a inicios de enero cuando fue consultada para este reportaje.

Pese a que el Minsa solo reconoce 169 muertes por Covid-19, un estudio sobre mortalidad presentado durante el “50 Congreso Médico Nacional” de la Asociación Médica Nicaragüense y que fue realizado por el salubrista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Carlos Hernández, con datos publicados por el Minsa hasta el 31 de agosto de 2020, indicó que la pandemia había dejado 7,569 muertes en exceso, atribuibles a Covid-19 en Nicaragua tomando como referencia los registros de fatalidades por enfermedades como la neumonía, diabetes, hipertensión e infartos que se encuentran en el Mapa Nacional de Salud. 

El estudio se realizó con la metodología de “exceso de mortalidad” que analiza la tendencia de mortalidad esperada y las muertes reportadas, para identificar anomalías y causas.

De acuerdo con la investigación de datos, el promedio de muertes por infartos pasó de ocho al día en los últimos tres años, a 16 en el 2020. En cuanto a la diabetes fue de seis por día, a 13. Igualmente, los fallecimientos por hipertensión de tres a cinco y las muertes por neumonía se sextuplicaron, al pasar de dos a 11. 

Si tomamos como referencia los datos del Minsa, Nicaragua es el país a nivel centroamericano que menos índice de mortalidad tiene por el Covid-19. No obstante, el mismo subregistro de esta entidad sanitaria, que decretó las muertes por otras enfermedades como comorbilidades” y no por Covid-19, ponen a Nicaragua como el país de Centroamérica que más muertes ha registrado desde la llegada de la pandemia.

 

 

Guillermo Norori (71) años en una foto de familia. Murió de coronavirus en un hospital de Managua. MAYNOR VALENZUELA / DESPACHO 505

Un caso que refleja el secretismo del régimen es el de Guillermo Norori, un hombre de 71 años. Era hermoso y muy activo, describe su hijo, William Norori. El 11 de junio, por la tarde, Guillermo desde el interior de un vehículo observaba cómo una pala mecánica descargaba tierra sobre una tumba; era la de su hermano Francisco Norori, quien sucumbió como consecuencia de la falta de oxígeno en sus pulmones. 

Francisco murió ese mismo día en el Hospital Alemán Nicaragüense, cuya capacidad en esas fechas se vio colapsada por la cantidad de personas que llegaban por síntomas de Covid-19. Su acta de defunción decía que falleció de Insuficiencia Respiratoria Aguda. 

Un día después de la muerte de su hermano, Guillermo presentó serias dificultades para respirar, por lo que fue ingresado al Hospital Vélez Paiz, también en Managua, ese mismo día. Pero los síntomas habían comenzado una semana antes, cuando una fiebre muy alta activó las alarmas de su hijo sobre la posibilidad de que tuviera Covid-19. 

Posteriormente, luego de cuatro días convaleciente en casa, a Guillermo comenzó a faltarle el aire, tenía la respiración muy baja y presentaba cansancio, “a pesar de las medicinas y vaporizaciones”, cuenta su hijo William.

Guillermo estuvo 19 días internado en el hospital hasta que el 30 de junio, su organismo no respondió más y colapsó. La causa de su muerte, según los médicos, fue choque cardiogénico. Al igual que su hermano Francisco, Guillermo también fue enterrado el mismo día de su muerte.

“Yo en realidad no sé si mi papá se contagió de Covid desde que salió de la casa, porque los médicos nunca me lo dijeron. Pero lo que estoy seguro es que si no era Covid lo que llevaba, en el hospital lo pudo adquirir. Él murió de Covid porque presentó todos los síntomas”, dice categóricamente William. 

El caso de los hermanos Norori, quienes fallecieron tras presentar los síntomas más comunes del Covid-19, reflejan a cabalidad la intención del Ministerio de Salud en ocultar las muertes por coronavirus en el país. Jamás les dieron un diagnóstico que reflejara el virus como causa de muerte y tampoco son parte de la lista oficial de muertes del Minsa.

"A mis 23 años me toca duro porque mi mamá falleció en octubre del 2017 por leucemia. Y mi papá hace unos meses por Covid-19. Nunca imaginé quedar huérfano tan joven", lamenta William que, a pesar de la fortaleza que intenta mostrar, su mirada siempre está en dirección al suelo mientras recuerda el caso. 

Un altar en la casa de la familia de Luis Siero en Managua. MAYNOR VALENZUELA / DESPACHO 505

MAL MANEJO DE LA PANDEMIA

Contrario a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los gobiernos de reducir al mínimo las concentraciones masivas, los eventos públicos, endurecer medidas preventivas como el cierre de fronteras, el uso obligatorio de las mascarillas y el cierre de escuelas, el régimen orteguista ha expuesto a la población al contagio. 

El Observatorio Ciudadano, que monitorea de manera independiente el impacto de la pandemia en el país, registra 2,672 irregularidades desde el 14 de marzo de 2020 al 20 de enero de 2021.

El especialista en salud pública, Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, señaló en reiteradas ocasiones, que las acciones del régimen han tenido un alto precio en cuanto a muertes que pueden ir incrementando a medida que no se hagan cambios sustanciales al sistema de salud. “Nosotros estamos viendo cifras de morbilidad pero sobre todo de mortalidad por otras enfermedades crónicas y eso va aumentando la mortalidad, que el Minsa no reconoce y eso es grave, porque la población paga el precio de las malas decisiones tomadas”, dice.

Por otra parte,  señaló que el Gobierno demuestra no haber aprendido la lección de lo ocurrido en los primeros meses de pandemia y que existe la posibilidad de que hayan efectos similares a esa ocasión: colapso de hospitales, gente muriendo en sus casas y entierros masivos. 

“Que vuelva a suceder eso de mayo y junio sería una tragedia grave para el país; se trata de que seguimos promoviendo un contagio que va a ser muy costoso en términos de vidas, que obviamente se pudieron haber evitado con simplemente quedarse en casa y acatar y promover un cuidado responsable. No aprendieron la lección”, señaló.

El régimen promovió y sigue promoviendo actividades masivas como si el Covid-19 jamás hubiese estado en Nicaragua. El Minsa prohibió a los médicos que no emitieran diagnósticos de Covid-19. También prohibió a los hospitales realizar pruebas, ya sea PCR o test rápidos. 

 

Tanto Luis Siero como William Norori, creen que sus padres fueron víctimas de Covid-19, pero resienten que los médicos les hayan dado un diagnóstico falso. También coinciden en que si se hubiesen tomado las acciones adecuadas por parte del Estado para contener los efectos de la pandemia, todavía estuviesen con sus padres.

En ese sentido, la exministra Dora María Téllez considera que la cantidad de muertes por Covid-19 en Nicaragua ocurrieron precisamente por estas políticas “irresponsables” adoptadas por las autoridades nicaragüenses. 

“Todo el manejo con la crisis del Covid-19, que ha producido enorme cantidad de víctimas, una parte de ellas pudo haberse salvado con una atención médica oportuna, con una prevención, con una información oportuna de parte del Minsa y del régimen, y esas son muertes que caen sobre la responsabilidad de los Ortega - Murillo”, señaló Téllez.

La exguerrillera, que lideró esa cartera de Salud en la década de 1980,  cree que  las personas que han tenido pérdidas de familiares por causa de negligencia o mala atención médica, o que hayan recibido un mal diagnóstico o alteración de las actas de defunción, están en absoluto derecho de interponer denuncias en los tribunales nicaragüenses. 

“A mí me parece que hay una impunidad completa en el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19, a como digo, hay negligencia criminal, incluso en las faltas a la salud pública hay delitos que han cometido precisamente por este nivel de irresponsabilidad y negligencia deliberada”, señaló Téllez. 

 

Esta es una de las fotos que conserva la familia de Luis Siero. MAYNOR VALENZUELA / DESPACHO 505

¿Cómo pueden proceder las víctimas? Para Téllez, en el ámbito del Minsa se puede presentar una denuncia en la Secretaría General del Minsa o directamente a la Ministra de Salud. “Pero ya sabemos que aquí cualquier denuncia de negligencia parte de la misma Ministra; ella no da información, no ha dado órdenes de atención adecuada, no han preparado las unidades, es decir, las responsabilidades comienzan desde la cabeza”, recomendó la exministra de salud.

VIOLACIONES AL CÓDIGO PENAL

La exministra de Salud incluso explicó que los funcionarios del Minsa que estuvieron involucrados en las muertes de nicaragüenses por el Covid-19, pueden ser objetos de acusaciones penales. 

En esa línea, la asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Carla Sequeira, aclaró que las acusaciones de carácter penal deben ser individuales y el acusado debe ser una persona plenamente identificada, por tanto, el Estado como un todo no puede ser acusado penalmente. 

No obstante, en los diez meses de pandemia en Nicaragua, los funcionarios del Gobierno pueden ser sujeto de acusaciones en el ámbito penal por violar al menos 5 artículos del Código Penal.

Por ejemplo, el artículo 160 del Código Penal (CP), establece que quien omita prestar el auxilio necesario a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando tuviera posibilidad de hacerlo sin riesgo personal o de terceros, “será penado con multa de cien a quinientos días”.

“El funcionario que negó por ejemplo a una persona la atención de salud y está plenamente identificado el médico o enfermera, puede ser procesada por omisión de auxilio, sobre todo las personas que están en situación graves y no fueron atendidas o las devolvieron a sus casas”, explicó Sequeira.

Otro de los delitos contemplados en el CP y que pudieran ser aplicados en situaciones de pandemia está la Denegación de Acceso a la Información Pública, contemplado en el artículo 443, que establece de seis meses a dos años de prisión, e inhabilitación de uno a dos años para el ejercicio de empleo o cargo público a “la autoridad, funcionario o empleado público que fuera de los casos establecidos por la ley, deniegue o impida el acceso a la información pública requerida”. 

“Esto puede aplicarse a los casos donde familiares de víctimas que murieron por Covid-19 solicitaron información del estado de salud de sus familiares a médicos que no dieron respuesta alguna”, indicó Sequeira. En este punto pueden caber los casos de Luis Alfaro y William Norori, a quienes jamás les informaron el verdadero padecimiento de sus padres.  

Julian Calero, un señor de 84 años, fue ingresado el 12 de diciembre de 2020 al hospital San Juan de Dios, en Estelí, tras presentar cuadros de diarrea y tos. Según su hija, Reyna Calero, el director del hospital, Erving Brenes le informó el domingo 13 que le habían practicado una prueba de Covid-19 y que había salido positivo a coronavirus aunque nunca les presentaron pruebas escritas. 

Su hermano, Jorge Calero, quien estuvo siempre en contacto con su padre, solicitó a los médicos que le practicaran pruebas a él y su mamá, pero les dijeron que “no era responsabilidad de ellos y que era responsabilidad de la familia y que posiblemente podrían hacer solo una prueba para toda la familia pero sólo en caso de que presenten síntomas”.

 

Para la asesora de la CPDH, con los testimonios de ciudadanos que han denunciado haberles permitido el contacto  con sus familiares que presentaron síntomas de Covid-19, como el caso de la familia Calero, los funcionarios de las autoridades nicaragüenses pueden estar sujetos a responder por el delito de Exposición y abandono de personas, contemplado en el artículo 159 del CP. Este artículo indica que quien exponga al peligro la vida o la integridad de alguna persona, será penado con prisión de seis meses a dos años.

Sequeira considera que las autoridades del Minsa cometen el delito de incumplimiento de deberes, reflejado en el artículo 433 del CP, porque desde su cargo están violando el derecho constitucional de salud de los nicaragüenses al no adoptar las medidas preventivas ordenadas por la OMS. Este delito ordena penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público.

“En este caso estamos hablando de los médicos, los directores de los hospitales y la misma ministra de Salud estarían incurriendo en este delito por no ejercer sus funciones debidamente, al no adoptar medidas de prevención o desatender a los pacientes”, argumentó.

Pese a todo el articulado del CP que pueden ser utilizados como mecanismos legales por el mal manejo de la pandemia, Sequeira considera que al igual que las víctimas de la masacre de 2018, las muertes por Covid-19 “abren un nuevo capítulo de impunidad estatal”. 

“Si nosotros interponemos acusaciones en el Ministerio Público por todos los delitos que hemos hablado, te aseguro que van a dormir el sueño de los inocentes, es decir, que al fin y al cabo no van a resolver. Si nos vamos a la Corte Suprema de Justicia lo que hacen es engavetarlos”, cuestionó.

JUSTICIA A NIVEL INTERNACIONAL 

Al igual que Daniel Ortega en Nicaragua, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha mostrado una pasividad y le ha dado muy poca importancia al manejo de la pandemia del Covid-19. Ante esta situación, en julio de 2020, una coalición de organizaciones que integraban más de un millón de profesionales de la salud, realizaron una acusación formal contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional alegando que el mandatario ha cometido “fallas graves y de consecuencias mortales en su conducta durante la pandemia de Covid-19”. 

En el caso de Nicaragua, según la investigadora para Amnistía Internacional, Madeleine Penman, encargada de la respuesta a Covid-19 en las Américas, los casos de derecho a la salud no son llevados al ámbito internacional.

 “Normalmente no se llevan casos del derecho a la salud al ámbito del Derecho Internacional Penal, que se usa ante la Corte Penal Internacional para crímenes de lesa humanidad. No ha habido genocidio en Nicaragua según la definición de ese delito bajo estándares internacionales de derecho internacional penal, que son estándares penales muy estrictos”, explicó, a DESPACHO 505.

 En cuanto a la responsabilidad del Estado nicaragüense, según Penman, emana del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía.

“Basado en nuestro monitoreo de la situación en Nicaragua, tenemos elementos para creer que el Estado Nicaragüense podría estar en contravención de este pacto, que es un tratado internacional vinculante”, señaló Penman.

Este tratado establece que “corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto”. 

 

"Mi padre era hermoso y muy activo", describe su hijo, William Norori. MAYNOR VALENZUELA / DESPACHO 505
El hijo del piloto muestra una foto de su padre. MAYNOR VALENZUELA / DESPACHO 505

En caso de que se determine que Nicaragua ha violado lo establecido en este tratado internacional, según Penman, “existe la posibilidad de que los Estados partes sean revisados por un comité cuasi-jurisdiccional de la ONU para pedir comunicaciones sobre casos individuales”. No obstante, el Estado nicaragüense aún no ha ratificado este Protocolo Facultativo, dijo Penman.

Por su parte, la defensora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) explica que las personas que están afectadas o expuestas a una situación de riesgo de contagio, como las el Covid-19, “perfectamente se puede interponer a nivel interno un recurso de Habeas Corpus”. 

El Habeas Corpus es un recurso de Exhibición Personal, que es utilizado como un dispositivo jurídico que el ordenamiento nicaragüense establece para proteger derechos fundamentales como la libertad, integridad física y seguridad. 

Por otra parte, a nivel internacional Núñez recomienda solicitar medidas cautelares para afectados y víctimas de Covid-19 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, pese a su efecto relativo, puede servir como un primer paso para pensar en una acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Ese hombre (Daniel Ortega) se está haciendo acreedor a ser sujeto delictivo de comisión de crímenes de lesa humanidad, porque todo esto que él está haciendo reúne todas las características por la masividad, por la sistematicidad y no porque el virus vino, si no por la forma en cómo lo está manejando”, argumentó Núñez. 

Sobre el procedimiento para que esta acusación sea posible, la directora del Cenidh explicó que  ninguna personal natural u organización puede llevar el caso ante la CorteIDH, pero se puede hacer a través de una petición a la CIDH. 

“El procedimiento se empieza presentando un caso o una petición ante la CIDH, luego la Comisión hace todo un estudio y ve si reúne los requisitos y entonces lo pasa a la Corte, entonces, debemos documentar a fondo todo lo que está pasando”, señaló. 

Núñez llamó a los organismos nacionales a que no se siga viendo el mal manejo de la pandemia  como un descuido, como una falta de eficacia o como una acción por falta de recursos “porque resulta que el régimen sigue reiteradamente propiciando el contagio, o sea que ya no solamente es omisión sino que está induciendo a la comisión de un hecho bárbaro como es el contagio”. 

“Eso es un comportamiento delictivo, un comportamiento por acción, entonces definitivamente es urgente empezar a ubicar en el campo delictivo porque el comportamiento que está llevando el Gobierno en el tratamiento antes, durante y después, de la pandemia es criminal”, finalizó.

Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden de manera contundente en este punto: mientras Nicaragua viva en dictadura, no hay posibilidades de que las víctimas alcancen justicia y reparación por el mal manejo de la pandemia. Lo cierto, es que los hechos y la pasividad estatal demuestran uno de los episodios sanitarios más macabros en la reciente historia de Nicaragua.