La Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, cumple este martes 60 días tras su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, por lo que entrará en vigencia a las 00:00 horas de este miércoles 30 de diciembre, como lo indica el artículo 48 de la misma.

Con la entrada en vigencia de la Ley Mordaza el régimen de Daniel Ortega se otorga la facultad de multar, procesar y encarcelar a cualquier persona que difunda lo que considere una “notifica falsa” o cualquier información que cause “zozobra” entre la población.

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Con la Ley, el régimen perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero.

APLICACIÓN DE LA LEY A DISCRECIÓN DEL RÉGIMEN

Esta ley, aprobada el pasado 27 de octubre en la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, deja abierta la posibilidad de castigar con multas y cárcel toda crítica al régimen de Daniel Ortega.

La interpretación de conceptos como “notifica falsa” queda en manos del régimen, por lo que expertos consideran que será una herramienta represiva contra opositores y medios independientes.

Con la Ley Mordaza se prevé condenar con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”.  

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El Artículo 30 establece que: “Quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique y difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa”.

La ley contiene 25 definiciones, pero no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) o información tergiversada. Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra en la población.

PCIN RECHAZA LA MORDAZA

La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) rechazó la entrada en vigencia de la Ley Mordaza al considera que representa una de las peores amenazas a las libertades de expresión y de prensa en los últimos años, así como a la independencia en el ejercicio del periodismo y la comunicación en el país.

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Según PCIN, “cualquier información que brinde el periodismo independiente, aunque haya sido comprobada y tenga múltiples fuentes informativas, podrá ser tipificada como quieran los jueces subordinados al orteguismo, de modo que puedan utilizar especialmente cuatro de los artículos de esta ley, expresamente diseñados para reprimir a las mujeres y hombres de prensa independientes”.

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