El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) ordenó la libertad provisional para los siete detenidos en la presunta trama de compra de votos por correo en el municipio de Mojácar (Almería).
Entre los siete detenidos se encontraban el número dos y el número cinco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Francisco Bartolome Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, quienes concurrían a las elecciones municipales por primera vez bajo la siglas socialistas, y presuntamente habrían reclutado a migrantes de Ecuador, Paraguay y Colombia para comprar votos.
La Guardia Civil española acusó a los siete implicados por un presunto delito de fraude electoral y fueron puesto en libertad bajo la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que sea citado en el marco de la investigación.
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El judicial autorizó la intervención de los teléfonos celulares de al menos uno de los siete acusados; en concreto, el teléfono de Cristóbal Vizcaíno González, quien concurre como independiente en la lista del PSOE y aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia que se interpuso el pasado 14 de abril por parte la alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano (Partido Popular), y que ha sido el germen de la operación.
Fuentes del caso citadas por Europa Press indican que varias personas fueron citadas para brindar su testimonio en calidad de testigos sobre el escándalo de compra de votos en los en las elecciones municipales y autonómicos que se realiza este domingo en España.
OFRECÍAN ENTRE 100 A 200 EUROS
La Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil citó a los testigos a raíz de las revelaciones obtenidas por los investigadores de las escuchas telefónicas y de la documentación incautada en la decena de registros domiciliarios practicados.
La denuncia que firma la alcaldesa de Mojácar, indica que habría tenido conocimiento de los hechos que ahora están judicializados a través de varios vecinos de la localidad.
La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar con siete detenidos y tres personas más investigadas trataban de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según los datos que han trascendido de la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
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En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado.
Según fuentes de caso, los implicados en la trama habrían ofertado cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos la cifra se elevaría a 200 euros, dirigidas a personas de bajo recursos económicos, también hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.
