Un mes antes de que la niña de 4 años fuera asesinada su mamá fue hasta la casa de su hermano y cuñada a pedirles que se la regresaran. Rosa Adilia Dávila Hernández se había enterado que Pedro Pablo Dávila Hernández y Fanny del Carmen Pérez Zelaya le daban malos tratos a su hija, pero al llegar a la casa de la pareja en la comarca Fila Grande, en el municipio La Dalia, departamento de Matagalpa, le dijeron que para llevársela debía pagarles la manutención que le habían dado durante 4 meses.

El relato aparece en la acusación de la Fiscalía, presentada este viernes en el juzgado Tercero Especializado de Violencia de Managua, contra Dávila Hernández y Pérez Zelaya, quienes confesaron el crimen.

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Según la versión del Ministerio Público, la madre de la menor consintió que se quedará con su hermano y su cuñada porque ella tenía una oportunidad de trabajo en otra comunidad que le permitiría darle mejores condiciones de vida.

“Pedro Pablo y su cónyuge, Fanny del Carmen, quienes tienen dos hijos, uno de 4 años y otro de 18 meses de nacido, estaban como garantes de la protección y resguardo de los tres menores, pero ante la supuestas desobediencias de la víctima Y.G.D.G., la golpeaban físicamente utilizando objetos contundentes que le provocaban heridas en todo el cuerpo, además le negaban la comida, mientras el resto se alimentaba, lo que provocó que la niña tuviera bajo peso”, dice parte del documento.

ASESINADA A GOLPES

A la niña la mataron en horas de la mañana del domingo 26 de septiembre de 2020. Utilizando un palo de escoba de 41 centímetros, alternándose entre ellos, golpearon fuertemente en la cabeza y en todo el cuerpo a la menor.

El dictamen forense indica que la pequeña falleció a consecuencia de un edema cerebral producto del trauma craneoencefálico severo secundario a politraumatismo.

Con el crimen, Pedro Pablo Dávila Hernández y Fanny del Carmen Pérez Zelaya cerraron un historial de malos tratos y abuso contra la menor. La Fiscalía menciona que cada vez que la niña orinaba Pérez Zelaya le lanzaba agua con un balde. Y para dormir la dejaba en una hamaca sin cobija, y si lloraba a causa del frío que hace en esa región del país, ella la golpeaba con una faja, mientras le gritaba que se callara.

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En tanto, entre los días 24 y 25 de septiembre del 2020, Pedro Pablo Dávila Hernández abusó sexualmente de la niña, valiéndose de que en la casa no había nadie.

Los hechos que le imputa el Ministerio Público son tipificados como violación a menor de 14 años y asesinato agravado. Los acusados irán a audiencia inicial el próximo 19 de octubre.

AUTORIDADES EVIDENCIAN FALTA DE CAPACIDAD Y MENOSPRECIO A LA VIDA DE LAS MUJERES

Aunque los acusados han sido llevados ante los tribunales, defensoras de derechos humanos con enfoque de género han criticado la actuación policial porque tratándose de un hecho tan grave esperó diez días para hacerlo de conocimiento público.

“La Policía con este actuar de retardación de 10 días sobre el femicidio de la niña, muestra que ellos valoran otras cosas como prioridades que la investigación en tiempo real de este femicidio tan doloroso. Esto demuestra que la vida de las niñas y las mujeres no es prioridad para ellos, reforzando la impunidad en los casos”, denunció la enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Maryce Mejía.

Para Mejía, con este caso quedó en evidencia que la Policía no está preparada para atender de manera especializada la violencia machista. “Notablemente no están actuando de acuerdo con la Ley 779 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres) ni el Código de la Niñez y Adolescencia, que son los instrumentos específicos para garantizar protección a las niñas”, cuestionó al tiempo que mostró su preocupación por el estado de desprotección en que se encuentran las mujeres en Nicaragua.

En lo que va de 2020 las defensoras de mujeres alertan de un aumento de la violencia machista en el país, con 61 femicidios a la fecha, según registros de Católicas por el Derecho a Decidir.

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