Daniel Ortega continúa sumando funcionarios estatales al margen de la norma. A las dos decenas de personas sancionadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos que mantiene como servidores públicos -entre familiares y sus más fieles empleados- se agregan los magistrados con cargos vencidos.

Un caso crítico es el Consejo Supremo Electoral (CSE), cuya máxima estructura quedará constituida por magistrados con periodos vencidos el próximo 18 de febrero, fecha en que expiran los únicos dos nombramientos vigentes del órgano cuestionado por fraude y corrupción bajo el control del orteguismo.

Esta situación anómala se remonta a abril de 2019, cuando a los magistrados propietarios por el partido FSLN Lumberto Campbell, Emmet Lang y Luis Benavides se les venció el periodo; al igual que a los suplentes Virginia Molina Hurtado (FSLN), Emiliano Enríquez Lacayo (PC), Miguel Ángel Meléndez (PLC). En julio de 2020 también caducó el nombramiento de la magistrada orteguista Judith Silva quien tampoco entregó el cargo.

Únicamente las magistraturas de Norma Moreno Silva y Mayra Salinas están vigentes. Ambas fueron electas y juramentadas el 18 febrero del 2016 para un periodo que expira en siete días. Es decir que, el órgano sobre el que pesa la tarea de organizar las elecciones del 7 noviembre 2021 quedará bajo el mando de funcionarios no solo cuestionados por su fidelidad partidaria sino porque son todos violadores del mandato constitucional (artículo 172) que establece periodos de cinco años para ocupar esos cargos, a partir de la toma de posesión.

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EXPERTOS: URGE SANEAR

Sanear y reestructurar el CSE es parte de las demandas de la oposición y la comunidad internacional para validar las elecciones generales. El plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparente y en igualdad de condiciones, es el mes de mayo, pero hasta ahora no se conocen acciones concretas en ese sentido.

Voces expertas en la materia coinciden en que todos los magistrados electorales deben salir cuanto antes y, antes de mayo, elegir a los nuevos cargos.

“Si llegamos a mayo y eso no se ha resuelto, yo creo que estamos en serios problemas”, anota el experto en temas electorales José Antonio Peraza.

El jurista José Pallais concuerda que el reemplazo de los magistrados del CSE debería hacerse a la brevedad, ya que las reformas al sistema electoral incluyen tareas fundamentales para la transparencia del proceso, como la depuración del padrón electoral” que debe ser asumido por funcionarios independientes y honorables, para que generen confianza.  

“Lo ideal es que ya estuviera hecho, entre más pronto se haga mejor”, porque en el actual CSE “todos los magistrados son fieles defensores de los intereses de la dictadura, y al ser monocolor (rojinegro) no da garantía absoluta al pueblo nicaragüense ni da confianza a la comunidad internacional”, plantea.

El diputado liberal Maximino Rodríguez también cree que entre finales de abril y los primeros días de mayo deberían estar electos los magistrados propietarios y sus suplentes “ya que organizar una elección nacional se requiere de tiempo completo”.

Rodríguez considera que Ortega no ha mandado las ternas a la Asamblea Nacional porque quiere tener a los magistrados como “rehenes, porque muchos de ellos a fin de estar usufructuando un megasalarios se pliegan a la dictadura”.

No obstante, dice tener la certeza que los puestos de los magistrados será parte de la agenda que Ortega quiere negociar: “Recordemos que la transparencia de las elecciones del 7 de noviembre pasa por desmantelar a los grupos delincuenciales que operan desde el CSE”.

SON DELINCUENTES

El legislador tilda de “delincuentes” a los magistrados con periodos vencidos, porque “infringen la Ley a vista y paciencia del pueblo y lo hacen de forma deliberada”, subraya.

Para Azahalea Solís, miembro de la sociedad civil, el que este poder del Estado funcione con magistrados con periodos vencidos es un reflejo de que “en Nicaragua no existen poderes, solo existe un poder que es el poder de la dictadura, el poder de (Daniel) Ortega y su esposa”.

“Nosotros como ciudadanía debemos de seguir demandando la necesidad de cambios en el sistema electoral a la par de exigir la liberación de los presos políticos”, considera Solís.

NEGOCIACIÓN EN COMBO

José Pallais, quien se desempeñó como vicecanciller de Nicaragua, también opina que Daniel Ortega mantiene magistrados con cargos vencidos como parte de su estrategia al momento de negociar las reformas a la Ley Electoral. Dice que para elegir a los nuevos magistrados solo se requiere que Ortega mande las ternas a la Asamblea Nacional y se complete el procedimiento.

“Sí lo está ligando, porque va a estar en dependencia del contexto, y va a negociar en conjunto, es decir el texto de la Ley (Electoral) más las personas que van a ocupar los cargos”, plantea Pallais.

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Azahalea Solís añade que las leyes represivas que ha aprobado Ortega en los últimos meses son también parte de su plan para tener más fuerza a la hora de negociar. “Él se está preparando para esas condiciones, unas condiciones que le permitan tener que ir a elecciones en total ventaja”.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre del 2020, emitió una resolución en la que dieron como plazo a Daniel Ortega para que realice reformas electorales negociadas antes de mayo de este año.

Textualmente, la resolución llama a implementar una “modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”.

Pallais recuerda que la OEA ha dejado claro que podrá valorar sí el proceso electoral en Nicaragua se da bajo los estándares democráticos internacionales “si los cambios no se terminan de hacer en mayo”.

FORMA DE ELECCIÓN

¿Cómo evitar que Ortega designe magistrados afines? El experto en temas electorales José Antonio Peraza tiene claro Ortega pondrá resistencia a nombrar magistrados que no están bajo sus órdenes, y los candidatos serán de personas con una afiliación partidaria bien “fuerte”.

“¿Cuál es el problema de ese Consejo? Que no tiene ningún balance ni neutralidad. Son gente que llega a defender posiciones de su partido y por defender la posición de su partido se llevan a cualquiera en el saco”, critica Peraza.

De acuerdo con Pereza, el reto “ya que no tendrán criterios de balance ni neutralidad”, es que “al menos tengan criterios profesionales aceptables”.

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Considera que los candidatos a magistrados de la oposición deben de ser personas de extrema calidad que cumplan los requisitos de elegibilidad y mecanismos de selección.

Dijo que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, será necesario realizar reformas electorales profundas que establezca la elección de magistrados mediante concurso público.

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